(Anisacate; SN).- La audiencia pública convocada este sábado por la intendenta Natalia Contini para debatir el futuro del servicio eléctrico terminó llevando el conflicto con la Cooperativa de Anisacate a un terreno mucho más profundo que la discusión sobre el costo de las facturas.
Contini anunció un emplazamiento de 30 días para que la Cooperativa inicie el traspaso del servicio a EPEC, desempolvando una decisión de casi dos décadas atrás. Reclamó el cumplimiento de una resolución adoptada por una Asamblea Extraordinaria de la entidad en diciembre de 2008 que nunca llegó a concretarse.
La Intendenta exigió iniciar la ejecución de aquella decisión, presentar la “disolución sin liquidación” de la Cooperativa y solicitar al ERSeP que inicie y supervise la eventual toma de posesión del servicio por parte de EPEC.
También anticipó que, si transcurrido el plazo no hay avances, pedirá al Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES) una intervención de oficio por el supuesto incumplimiento de aquella resolución asamblearia.
Y anunció “acciones legales y administrativas contra quienes sean responsables en la Comisión Directiva de haber dilatado una decisión que no les pertenece, sino que es del pueblo”.
Más allá del impacto del anuncio de la Intendenta, la viabilidad legal de la medida podría abrir una nueva controversia judicial. La legislación cooperativa no establece que una resolución asamblearia pierda vigencia por el simple paso del tiempo. Sin embargo, otra cuestión es exigir judicialmente su cumplimiento. En ese caso entran en juego los plazos de prescripción previstos por el Código Civil y Comercial de la Nación. Como regla general, el plazo para reclamar judicialmente el cumplimiento de una obligación es de cinco años, computados desde que ésta resulta exigible. La resolución invocada por Contini fue adoptada hace 18 años.
De esa manera, la audiencia dejó de estar centrada exclusivamente en cuánto pagan los usuarios por la electricidad. Contini puso directamente sobre la mesa la continuidad de la Cooperativa como prestadora del servicio eléctrico.
La respuesta de la entidad llegó pocas horas después: cuestionó que el Municipio impulse su desaparición mientras mantiene una deuda que estima entre 800 y 900 millones de pesos, reclamó estudios concretos sobre cuánto pagarían los usuarios con EPEC y advirtió sobre los costos de una eventual judicialización.
La contundencia de los anuncios contrastó con la participación alcanzada por la convocatoria.
A las 11:40, Sumario Noticias contabilizó unas 180 personas. Alrededor de 140 estaban sentadas y el resto se distribuía principalmente en grupos ubicados a ambos lados de la carpa montada para la audiencia.
La cifra resulta reducida frente al universo directamente involucrado en la discusión: la Cooperativa tiene cerca de 9.000 asociados/suministros, aunque expresa la habitual falta de participación ciudadana, aún en casos en que se debaten temas sensibles, como los que inciden directamente en la economía familiar.
Entre los presentes hubo una importante presencia de seguidores de Contini, además de vecinos e integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa.
El clima fue subiendo de temperatura con el desarrollo de las intervenciones. Varios asistentes cuestionaron el costo de las facturas y algunos plantearon críticas sobre la calidad del servicio.
Cuando llegó el turno del presidente de la Cooperativa, Carlos Ríos, los gritos e interrupciones dificultaron por momentos su exposición. También hubo interrupciones y gritos cuando hablaron el concejal Matías Cuello y el delegado de la Cooperativa Tomás Torres. No ocurrió frente a las intervenciones alineadas con el argumento del ofcialismo, ya que los partidarios de la Cooperativa los dejaron hablar sin molestarlos.
Contini abrió la audiencia con un informe en el que repasó distintos capítulos de la relación entre el Municipio y la Cooperativa.
Uno de los puntos centrales fue la Asamblea Extraordinaria realizada en diciembre de 2008, cuando los asociados resolvieron avanzar con el traspaso del servicio eléctrico a EPEC y, dieciocho años después, aquella decisión continúa sin ejecutarse.
Tras la intervención de Contini tomó la palabra Carlos Alfredo Aliaga Moyano, secretario de la Comisión de Traspaso creada a partir de aquella Asamblea, quien enumeró el derrotero de las gestiones realizadas ante el Gobierno provincial, las respuestas de funcionarios que no estaban de acuerdo con el traspaso y los trámites que quedaron truncos. También relató que logró recuperar el expediente correspondiente, que se había extraviado, y que años después se lo entregó a Contini.
La Intendenta tomó ahora aquella resolución como fundamento de su ofensiva y fijó un plazo para avanzar con su cumplimiento.
Pero la existencia de una decisión asamblearia no resuelve por sí sola una cuestión central: si la EPEC está dispuesta y en condiciones de asumir el servicio.
Ríos apuntó precisamente a ese punto cuando uno de los asistentes lo increpó preguntando por qué la Cooperativa no entregaba directamente el servicio.
“¿Cómo lo va a entregar si la Provincia es la que maneja el sistema eléctrico?”, respondió.
El presidente de la entidad recordó que existen 204 cooperativas eléctricas en Córdoba y que, en conjunto, cubren aproximadamente el 70 por ciento del territorio provincial.
“Es un tema provincial, no local”, insistió.
Ríos vinculó esa realidad con lo sucedido después de la Asamblea de 2008.
“¿Por qué no sucedió? Porque a la Provincia no le interesa. No le interesa hacerse cargo de esto cuando con una sola factura atienden a 9.000 usuarios. Y con 204 facturas atienden al 70% de la provincia. ¿Creen que les interesa hacerse cargo?”, planteó.
Antes de la audiencia, el presidente de Fecescor, Luis Castillo, había sostenido una posición similar y señalado otros obstáculos.
Según explicó, la Cooperativa de Anisacate mantiene una concesión vigente por otros 13 años y un eventual traspaso no implicaría que EPEC pudiera asumir automáticamente la prestación.
También debería resolverse qué ocurriría con las redes y demás infraestructura utilizada actualmente para distribuir electricidad. Entre las alternativas posibles aparecen el alquiler, la compra o incluso una eventual expropiación provincial.
Por eso, más allá del plazo fijado por Contini, el eventual cambio de prestador depende de decisiones, procedimientos y negociaciones que exceden las atribuciones del Municipio de Anisacate.
La audiencia de este sábado, además, tuvo carácter no vinculante.
El argumento utilizado por Contini para impulsar el cambio de prestador se apoya principalmente en un problema concreto: el elevado costo de las facturas eléctricas.
Ríos dedicó buena parte de su intervención a explicar cómo se compone la tarifa y, en particular, el Valor Agregado de Distribución (VAD).
Ese componente financia los costos necesarios para distribuir la electricidad: personal, vehículos, mantenimiento, redes e infraestructura, entre otros.
El presidente de la Cooperativa admitió que el VAD podría ser inferior con EPEC debido a la diferencia de escala entre ambas distribuidoras. “Seguramente si estuviera EPEC sería menor, pero existiría. No es que no va a existir”, explicó.
Castillo había planteado antes de la audiencia el mismo argumento: mientras EPEC distribuye sus costos entre alrededor de un millón y medio de usuarios, cada cooperativa debe hacerlo entre una cantidad muy inferior.
Ríos también vinculó parte del incremento de las facturas con la reducción de los subsidios nacionales y recordó el operativo realizado conjuntamente por la Cooperativa y el ERSeP para que los usuarios pudieran inscribirse o actualizar sus datos en el régimen correspondiente.
Sin embargo, pese a que la eventual reducción de las tarifas constituye el principal argumento político para promover el cambio, durante la audiencia no se presentó un cálculo integral que permita determinar cuánto pagaría concretamente un usuario de Anisacate si EPEC asumiera el servicio.
Ese punto fue posteriormente remarcado por la propia Cooperativa en su comunicado.
El concejal opositor Matías Cuello introdujo otro enfoque.
Recordó los aumentos impositivos dispuestos por la gestión de Contini desde su llegada al gobierno y volvió sobre su proyecto para reducir temporalmente el 10 por ciento correspondiente a la Ordenanza Impositiva Municipal (OIM) que se cobra a través de la factura eléctrica.
La propuesta ni siquiera llegó a discutirse: la mayoría oficialista rechazó habilitar su tratamiento en el Concejo Deliberante.
Cuello también relató su visita a Deán Funes, donde conoció el parque fotovoltaico construido por el Grupo Dinosaurio, y lo presentó como ejemplo de otra alternativa para abordar el problema tarifario: producir energía para reducir costos.
Finalmente llamó a Contini y Ríos a dialogar para intentar encontrar una salida al enfrentamiento.
El presidente de la Cooperativa retomó precisamente el componente municipal de la factura.
“Si queremos bajar el precio de la energía por nuestra cuenta, podría empezar la Municipalidad por bajar el 10% de impuestos. Con lo cual bajaríamos el 10% de la factura”, sostuvo.
El planteo expuso otro aspecto de la discusión: mientras el gobierno de Contini impulsa un proceso complejo y de resultado incierto para cambiar al prestador, el oficialismo rechazó debatir una reducción de un componente municipal de la boleta.
Pero Ríos fue todavía más lejos y relacionó una posible reducción tarifaria con el otro gran conflicto que enfrenta a ambas instituciones: la deuda del Municipio con la Cooperativa.
“Y quizás, si nos pagara la deuda, podríamos hacer un parque solar, con lo cual bajaríamos otro tanto la factura. Nada más que eso”, lanzó.
La Cooperativa sostiene que la Municipalidad mantiene una deuda por consumos eléctricos que actualmente se ubica entre 800 y 900 millones de pesos.
El diferendo atravesó reuniones e instancias de mediación ante el ERSeP, hasta ahora sin acuerdo.
Contini cuestionó durante la audiencia la legitimidad del monto reclamado.
La Intendenta sostuvo que durante la gestión del exintendente Ramón Zalazar la Cooperativa fue eximida del pago de tasas municipales mediante un convenio que calificó como “privado” y cuya validez puso en duda.
Según su posición, antes de pagar deberá redeterminarse judicialmente la relación económica entre las partes, incluyendo las tasas por servicios que considera que la Cooperativa debió abonar desde 2017.
“Y allí vamos a ver qué tienen que pagar los anisacatenses”, afirmó.
Horas después de finalizada la audiencia, la Cooperativa difundió un comunicado con una respuesta directa al gobierno municipal.
“A pesar de que le debe millones, el Municipio de Anisacate impulsa una avanzada para hacer desaparecer la Cooperativa”, tituló la entidad.
El comunicado reconoció que la preocupación por el precio de la electricidad es legítima, pero reclamó que una discusión de semejante magnitud se desarrolle con “información completa, números claros y, sobre todo, responsabilidad institucional”.
La entidad remarcó que la audiencia no fue vinculante y aseguró que hasta el momento no se presentó públicamente “un estudio integral que permita establecer cuánto pagaría efectivamente cada usuario, qué inversiones serían necesarias ni cuáles serían las condiciones de un eventual cambio”.
Luego apuntó directamente al conflicto económico.
“Negar la deuda no hace que desaparezca”, afirmó.
La Cooperativa cuestionó que sea el propio Municipio el que impulse una discusión sobre la continuidad de la institución mientras permanece sin resolución la acreencia que reclama.
También sostuvo que un reclamo legítimo de los vecinos por tarifas más accesibles “no debería convertirse en una herramienta de confrontación política”.
La Cooperativa advirtió además que una profundización del enfrentamiento podría derivar en una nueva disputa judicial.
“Profundizar un conflicto que puede terminar judicializado tampoco será gratuito”, señaló.
Según la entidad, un eventual proceso podría sumar intereses, costas y honorarios que terminarían repercutiendo sobre los recursos de la comunidad.
A ese escenario se agrega otro expediente ya abierto.
En abril, la Cooperativa presentó una denuncia penal contra Contini y el secretario de Gobierno, David Perazolo, por presuntas conexiones eléctricas irregulares en espacios públicos.
La Cooperativa reprochó que la Intendenta no mencionara esa denuncia durante su exposición. La presentación judicial existe; las responsabilidades denunciadas deberán ser determinadas por la Justicia.
