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(Anisacate; SN).- La audiencia pública convocada por la intendenta Natalia Contini para discutir un eventual traspaso del servicio eléctrico de la Cooperativa de Anisacate a EPEC terminó profundizando un enfrentamiento que desde hace tiempo excede la discusión sobre cuánto pagan los vecinos por la energía.
El encuentro de este sábado dejó expuesto el principal eje político elegido por Contini en su disputa con la Cooperativa: apuntar contra el elevado costo de las facturas eléctricas -un problema sensible para los vecinos y vecinas- como bandera de la próxima campaña electoral.
Sin embargo, la deuda que la Municipalidad mantiene con la Cooperativa por consumos eléctricos y que la entidad ubica entre 800 y 900 millones de pesos volvió a instalarse en la agenda. El diferendo ya atravesó instancias de mediación ante el ERSeP sin que hasta ahora las partes alcanzaran un acuerdo.
En declaraciones públicas, la intendenta puso en tela de juicio el pago de la deuda, lo que generó un duro comunicado de la Cooperativa Anisacate, horas después de concluida la Audiencia Pública.
La convocatoria reunió a unas 180 personas, de acuerdo con el relevamiento realizado por Sumario Noticias a las 11:40. Había alrededor de 140 asistentes sentados y otros dos grupos de unas 15 personas ubicados a ambos lados de la carpa montada para la audiencia.
La participación resultó reducida frente al universo alcanzado por el servicio: la Cooperativa tiene cerca de 9.000 asociados/suministros. Esa raquítica concurrencia volvió a mostrar las dificultades para generar participación ciudadana incluso invocando una cuestión que afecta directamente al bolsillo de miles de familias.
Entre los presentes hubo una fuerte presencia de seguidores de Contini, pero también participaron integrantes del Consejo de Administración de la Cooperativa.
El clima fue subiendo de temperatura a medida que avanzaron las intervenciones. Varios vecinos cuestionaron el precio de las facturas y algunos se quejaron de la calidad del servicio. Cuando llegó el turno del presidente de la Cooperativa, Carlos Ríos, gritos e interrupciones dificultaron por momentos su exposición.
Ríos respondió a algunas intervenciones previas y explicó la composición de la factura y particularmente el Valor Agregado de Distribución (VAD), el componente destinado a financiar el funcionamiento de la distribuidora.
Según explicó, allí están contemplados los costos de personal, vehículos, mantenimiento e infraestructura necesarios para llevar la electricidad hasta cada usuario.
El presidente de la Cooperativa admitió que ese componente podría ser menor si EPEC prestara el servicio, debido a su mayor escala, pero rechazó la idea de que desaparecería con el cambio de distribuidora. “Seguramente si estuviera EPEC sería menor, pero existiría. No es que no va a existir”, afirmó.
El argumento coincide con lo explicado antes de la audiencia por el presidente de Fecescor, Luis Castillo. El dirigente señaló que el ERSeP autoriza el VAD y atribuyó buena parte de la diferencia entre EPEC y las cooperativas a sus distintas escalas: la empresa provincial distribuye sus costos entre alrededor de un millón y medio de usuarios, mientras cada cooperativa debe hacerlo entre una cantidad muy inferior.
Ríos basó su intervención no sólo en explicar la diferencia de costos entre la cooperativa y Epec. También apuntó exponer la debilidad de la idea del hipotético traspaso del servicio a Epec, cuando uno de los asistentes lo increpó preguntando por qué la cooperativa no entregaba el servicio.
“¿Cómo lo va a entregar si la Provincia es la que maneja el sistema eléctrico?”, explicó. Recordó que existen 204 cooperativas eléctricas en Córdoba y que en conjunto cubren aproximadamente el 70 por ciento del territorio provincial. “Es un tema provincial, no local”, insistió.
Y disparó: "¿Por qué no sucedió? A la Provincia no le interesa. No le interesa hacerse cargo de ésto cuando con una sola factura atienden a 9.000 usuarios. Y con 204 facturas atienden al 70% de la provincia. ¿Creen que les interesa hacerse cargo?"
Los gritos, interrupciones y hasta agresiones llevaron a Ríos a detener su exposición: "Si no me van a dejar hablar... Es complicado hablar ante un grupo de gente que está de alguna manera muy enojada, y yo lo entiendo, por el tema del costo de la energía”, respondió.
El dirigente vinculó parte de los incrementos con la reducción de subsidios nacionales y recordó el operativo realizado conjuntamente por la Cooperativa y el ERSeP para ayudar a usuarios a inscribirse o actualizar sus datos en el régimen nacional.
Cabe recordar también otros aspectos que hacen inviable el traspaso del servicio a Epec. Castillo antes de la audiencia. El titular de Fecescor sostuvo que la Cooperativa de Anisacate conserva una concesión vigente por otros 13 años y afirmó que un traspaso directo a EPEC “no tiene ninguna posibilidad” bajo las actuales condiciones. Según explicó, la concesión sólo podría interrumpirse por incumplimientos o por decisión de los propios asociados y, aun en esos supuestos, EPEC no accedería automáticamente al servicio.
Además quedarían por resolver las redes y demás infraestructura actualmente utilizadas por la Cooperativa, mediante mecanismos que podrían incluir alquiler, compra o una eventual expropiación provincial.
De ese modo, la audiencia convocada por Contini -que además no tiene carácter vinculante- instaló políticamente una alternativa cuya concreción enfrenta obstáculos jurídicos, regulatorios y patrimoniales que exceden ampliamente las facultades municipales.
Ríos llevó entonces la discusión hacia un componente sobre el cual el gobierno municipal sí posee capacidad de decisión.
“Si queremos bajar el precio de la energía por nuestra cuenta, podría empezar la Municipalidad por bajar el 10% de impuestos. Con lo cual bajaríamos el 10% de la factura”, sostuvo.
El planteo no apareció por primera vez durante la audiencia. Días antes, el concejal opositor Matías Cuello había presentado una iniciativa para eliminar temporalmente ese 10 por ciento correspondiente a la Ordenanza Impositiva Municipal. Sin embargo, la mayoría oficialista ni siquiera habilitó su tratamiento en el Concejo Deliberante.
La situación introduce una contradicción en la discusión oficial: mientras el Ejecutivo municipal impulsa el debate sobre un eventual cambio de prestador como mecanismo para reducir el costo de la electricidad, rechazó discutir una disminución de un componente municipal que podría tener un efecto inmediato sobre las boletas.
Ríos cerró su intervención vinculando directamente el costo de la energía con la deuda municipal.
“Y quizás, si nos pagara la deuda, podríamos hacer un parque solar, con lo cual bajaríamos otro tanto la factura. Nada más que eso”, lanzó.
El conflicto económico entre ambas instituciones viene de lejos y fue creciendo durante la gestión de Contini. Actualmente, la Cooperativa estima la acreencia municipal entre 800 y 900 millones de pesos.
La Intendenta cargó contra la deuda reclamada por la Cooperativa argumentando que la administración anterior eximió a la empresa social del pago de tasas municipales que -a su juicio- debería haber pagado. Sostuvo que no pagará la deuda hasta que no se redetermine judicialmente contemplando tasas de servicios desde 2017 para contrastarla con la deuda del Municipio: "Y allí vamos a ver qué tienen que pagar los anisacatenses", dijo Contini.
La disputa escaló además al terreno penal. En abril, la Cooperativa presentó una denuncia penal contra Contini y el secretario de Gobierno, David Perazolo, sobre presuntas conexiones eléctricas irregulares en espacios públicos. La existencia de la denuncia está documentada; las responsabilidades denunciadas deberán ser determinadas por la Justicia.
