Jorge Conalbi Anzorena
(Alta Gracia; SN).- El Gobierno de Alta Gracia propone transferir al Ente Regulador de los Servicios Públicos de Córdoba (Ersep) las facultades de regulación, fiscalización y determinación de las tarifas de agua potable y saneamiento que actualmente presta la Cooperativa de Trabajo Obras Sanitarias de Alta Gracia (Cosag).
El Ejecutivo comunal ya envió el proyecto de ordenanza al Concejo Deliberante, que el pasado miércoles lo giró a la Comisión de Legislación General que preside la concejala oficialista Alma Mondaini. La iniciativa representa un cambio central en el esquema de administración y control de uno de los servicios públicos esenciales de la ciudad. Si el legislativo -donde el oficialismo cuenta con una mayoría absoluta- aprueba el convenio, el organismo provincial pasará a tener la facultad de determinar los cuadros tarifarios, controlar la calidad de la prestación y aplicar sanciones.
La iniciativa busca resolver -mediante un organismo técnico externo- las permanentes controversias sobre la tarifa. Hasta el momento, el precio del servicio lo fija el Concejo Deliberante de Alta Gracia, pero la Cosag también presta el servicio en Valle Alegra y en Villa del Prado, localidades sobre las que el legislativo local no tiene jurisdicción.
Por otra parte, cada discusión sobre pedido de aumento de tarifa de Cosag genera en el Concejo Deliberante el consabido tiroteo entre oficialismo y oposición, incluso intercambiando roles muchas veces. Una mezquindad propia de la política, en donde muchas veces se exagera la búsqueda de generar costos políticos al adversario antes que atender seriamente las políticas públicas.
La tarifa de agua y cloacas de Alta Gracia es de las más bajas de la provincia, según relevó Sumario Noticias en agosto pasado.
Por otra parte, se descuenta que a la hora de fiscalizar e impulsar mejoras del servicio, el Ersep exigiría la instalación de medidores domiciliarios de consumo. Se trata de una medida que desde hace décadas diferentes administraciones municipales han considerado necesaria, aunque su eventual costo político viene impidiendo la tomar esa decisión.
Uno de los aspectos sensibles del acuerdo aparece en su cláusula tercera: los usuarios deberán afrontar una tasa de regulación equivalente al 1,2% de la facturación bruta, destinada a financiar las funciones del ERSeP.
El convenio incorporado como anexo del proyecto establece expresamente que el costo de la regulación estará a cargo de los usuarios. La cláusula tercera dispone que la tasa de regulación alcanzará al 1,2% calculado sobre el monto de la facturación bruta.
El proyecto sostiene que su aprobación no modificará automáticamente las tarifas actuales. Sin embargo, el texto contempla expresamente la tasa del 1,2%, sin establecer una exención para los usuarios de Alta Gracia.
Por lo tanto, será necesario determinar cómo se incorporará ese concepto a las facturas y cuál será su impacto efectivo sobre los hogares y comercios.
Actualmente, COSAG presta los servicios de agua potable y saneamiento mediante un contrato de concesión con la Municipalidad, aprobado por la Ordenanza 11.549 y ratificado mediante el Decreto 1591/2020.
El proyecto propone modificar el esquema regulatorio sin alterar la titularidad municipal del servicio ni reemplazar a la cooperativa como prestadora. La Municipalidad continuará siendo el poder concedente y la Cosag conservará su condición de concesionaria. Pero las atribuciones regulatorias pasarán al organismo provincial.
En particular, el Ersep asumirá facultades para aprobar modificaciones tarifarias, fiscalizar el funcionamiento del servicio, intervenir en controversias, controlar la calidad del agua y establecer medidas correctivas.
También podrá intervenir en la definición de obras de ampliación y mejoramiento de la infraestructura, incluso por iniciativa propia cuando considere comprometida la calidad de la prestación.
El artículo cuarto del proyecto establece la elaboración de un programa de transición tarifaria, que deberá acordarse entre el Municipio y el Ersep, con participación técnica de la Cosag.
Ese programa contemplará una implementación progresiva, mecanismos de revisión y medidas de protección para los usuarios.
La iniciativa aclara que no habrá una equiparación automática de las tarifas de Alta Gracia con las de otras localidades.
También admite que determinadas categorías de usuarios podrían terminar pagando importes inferiores a los actuales, dependiendo de los cuadros tarifarios que apruebe el organismo provincial.
Hasta que el Ersep apruebe un nuevo cuadro tarifario, continuará vigente el último esquema válidamente autorizado.
Las futuras modificaciones deberán respetar los procedimientos de publicidad, participación ciudadana y audiencias públicas que correspondan legalmente.
El origen de la iniciativa está vinculado con la provisión de agua potable desde Alta Gracia hacia Villa del Prado y Valle Alegre.
En diciembre de 2021, el Concejo Deliberante autorizó ese suministro mediante la Ordenanza 12.041.
Posteriormente, la Cosag solicitó la intervención del ERSeP para que determinara el precio aplicable al agua que entrega en bloque a ambas comunas.
Como el suministro involucra más de una jurisdicción municipal, el organismo provincial reconoció su competencia para intervenir en la regulación de esa operación.
Pero la respuesta del Ersep fue más allá del precio del agua destinada a las comunas: Mediante una nota fechada el 1 de octubre de 2026, invitó a la Municipalidad de Alta Gracia a celebrar un convenio para incorporar bajo su regulación y control la totalidad de los servicios de agua potable y saneamiento prestados por la Cosag.
Así, una gestión inicialmente relacionada con el precio del suministro interjurisdiccional terminó dando lugar a una propuesta de transformación del régimen regulatorio de toda la ciudad.
El proyecto deberá ser considerado por el Concejo Deliberante, que tendrá la responsabilidad de evaluar los alcances de la transferencia de competencias regulatorias.
El texto preserva expresamente la titularidad municipal del servicio y la continuidad de la Cosag como prestadora, aunque establece una nueva distribución de atribuciones entre el Municipio y el organismo provincial.
La discusión presenta varias cuestiones de interés público: el impacto de la tasa de regulación del 1,2%, el futuro de los cuadros tarifarios, los mecanismos de control sobre la cooperativa y el alcance de las facultades que conservará la Municipalidad.
