Autovía Paravachasca: aportes al no debate de un dilema ninguneado

No resulta profético asegurar que en los próximos cuatro días el tráfico hacia Alta Gracia y los valles de Paravachasca y Calamuchita, colapsará la ruta 5. Y habrá que confiar en que muchos y tediosos controles vehiculares eviten el saldo luctuoso registrado en las rutas cordobesas durante la última temporada de verano.

Con el inicio de las obras -aunque fundamentalmente a partir de las protestas pacíficas de grupos ambientalistas- en las últimas semanas comenzó a instalarse el debate sobre la necesidad o no de la futura Autovía Paravachasca.

Tarde. Y no por casualidad.

Con prácticas que debilitan -e incluso devalúan el funcionamiento de la democracia- existieron evidentes esfuerzos gubernamentales por evitar la discusión ciudadana de la proyectada mega obra: por un lado, la Legislatura lo aprobó entre los eructos de las fiestas de fin de año; por el otro, la audiencia pública obligada por ley se realizó en durante en medio del disfrute vacacional que había sido obturado por la pandemia. Concebidas como un instrumento de democracia semidirecta, su carácter no vinculante transforma a las audiencias públicas en una maniobra gatopardista.

No fue sólo el gobierno quien esquivó el debate sobre la obra. Las organizaciones ambientalistas también evitaron ir al hueso y, por ejemplo, el principal argumento de la Asamblea Paravachasca fue “la autovía no es prioridad”, consigna que más allá de la justeza que se le pueda atribuir o negar, gambetea la discusión técnica sobre el colapso del tránsito en la ruta 5.

A favor de la construcción de la Autovía Paravachasca se citan los accidentes, las dificultades de desplazamiento de ambulancias y servicios de urgencias, la contaminación del aire con kilómetros de automóviles detenidos con sus motores en marcha, las enormes dificultades para “subir” a la ruta desde cualquiera de las localidades del Valle de Paravachasca, o para cruzarla caminando, entre otros.

Nadie puede negar que se trata de razones de peso.

En contra, la necesidad de proteger el escaso bosque nativo que en Córdoba se redujo al 3 por ciento de su territorio durante las últimas décadas, el cuidado de la fábrica de agua que constituyen las cuencas hídricas de la zona y la advertencia que señala a la autovía como obra esencial de proyectos inmobiliarios que terminarán con el monte que sobreviva a la obra.

También se trata de razones de peso.

La propia definición de dilema lo señala como un problema en el que cualquier solución al mismo, acarrea un perjuicio. Y su gravedad aumenta en forma inversamente proporcional al debate al que se lo somete: a menor debate, mayor perjuicio.

Más allá de la dudosa legitimidad de la representatividad que se auto atribuye la militancia ambientalista cuando sostiene que actúa en nombre de “los vecinos y vecinas de Paravachasca”, es altamente probable que una consulta popular arrojara un masivo apoyo a la construcción de la autovía. Eso sí, también expresaría un contundente rechazo a los proyectos urbanísticos que esperan agazapados el corte de cintas de esta obra. La dantesca experiencia de Sierras Chicas, sencillamente espanta.

Días atrás, Alejandro Sosa planteó la necesidad de armonizar el desarrollo sostenible con el cuidado del medio ambiente. El Presidente Comunal de La Rancherita cuenta con el apoyo de más del 85% de sus vecinos a la construcción de la Autovía, pero esos mismos vecinos también se expresaron categóricamente contra la traza original, que debió ser modificada. Cabe recordar que en 2017 Sosa presentó ante la Provincia un proyecto para crear una reserva hídrica y forestal en Paravachasca, que hasta la fecha duerme en algún escritorio gubernamental. "Construida la autovía, habrá que discutir qué se podrá construir y que no, qué se podrá hacer y qué no", sostuvo Sosa en diálogo con la Siempre Radio 93.3 FM. Aunque quizá no se debiera esperar la finalización de la obra.

Ya hay carpetas con proyectos de barrios privados y complejos de cabañas abriéndose paso a los codazos para lograr autorizaciones del uso del suelo. También hay pedidos de estudios de factibilidad de servicios e infraestructuras.

Así como muchas localidades -Alta Gracia entre ellas- prohibieron los barrios privados, es posible legislar desde ya para imponer restricciones e impedimentos a métodos edilicios que atentan contra el medio ambiente y el bosque nativo. Autorizar sólo modelos de construcciones y forestaciones que puedan armonizarse con el entorno natural. Y llevar adelante campañas ciudadanas para imponer esas normativas y los controles que obliguen su cumplimiento. Si se trabaja desde ahora, hay tiempo para lograrlo. Para que Paravachasca no sea Sierras Chicas.