En un nuevo aniversario de este evento sanitario, nos encontramos ante una galopante epidemia de dengue que genera el colapso del sistema de salud. A su vez, el gobierno nacional se niega a comprar la vacuna alegando que su efectividad no está garantizada.
Opinión20 de marzo de 2024
Joaquín Gómez Oliverio
(SN; Alta Gracia) El 20 de marzo del 2020, el presidente Alberto Fernández anunció una cuarentena obligatoria para todo el país como consecuencia de la pandemia de coronavirus. La medida, que se extendió por varios meses con una salida escalonada, dejó postales impresionantes en las distintas ciudades del país, Alta Gracia no fue la excepción. El viernes 20 de marzo a las 10 de la mañana, el centro de la ciudad se encontraba totalmente desolado, todos los comercios, salvo supermercados y cajeros, se encontraban cerrados.
En este contexto, los deliverys se volvieron un sector clave en la sustentabilidad de los comercios que no se consideraban esenciales. Los comerciantes, ante la disminución de la clientela, comenzaron a implementar la modalidad de deliverys para entregar compras y pedidos a las personas que se encontraban en aislamiento obligatorio o en cuarentena voluntaria bajo la consigna “yo me quedo en casa”.
Al mismo tiempo, la Municipalidad autorizó a "todas las empresas y comercios debidamente habilitados, cualquiera sea su rubro, a realizar "reparto a domicilio" de sus mercaderías, mediante cualquier tipo de vehículo".
Con el paso del tiempo -semanas que parecían años- aparecieron posturas políticas en relación al abordaje de la pandemia. Mientras que el Gobierno Municipal buscaba hacer cumplir la cuarentena a rajatabla, las detenciones por su violación iban creciendo a nivel nacional. Mientras algunos salían a satisfacer sus necesidades básicas y sus hábitos sanitarios se extremaban, otros realizaban multitudinarias fiestas clandestinas en las canteras de la ciudad y huían ante la llegada de la policía.
Por otro lado, los defensores de la cuarentena apuntaban a fortalecer las redes solidarias e insistían en el compromiso social que implicaba quedarse en la casa para cuidar al prójimo. Lo que estaba en juego era nada más y nada menos que la vida y la salud de todos y cada uno de nosotros.
A su vez, se creó un imaginario social en el que se sostenía que íbamos a salir mejores y más solidarios. Cuatro años después nos encontramos ante una galopante epidemia de dengue que genera el colapso de muchos centros de salud a lo largo y ancho del país. Al mismo tiempo, el Gobierno Nacional se niega a comprar la vacuna alegando que su efectividad no está garantizada.
"La inmunidad contra el dengue se logra a través del paso del tiempo, por lo que vacunando ahora la inmunidad se lograría en 4 meses, más allá de que la efectividad tampoco está comprobada”, destacó el vocero presidencial, Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa.
De esta manera, miles de ciudadanos que requieren atención médica en los diversos centros de salud públicos se ven demorados, su situación empeora porque los trabajadores de la salud no dan abasto para atender sus necesidades. Lo cual se ve agravado por el corte de la entrega de medicamentos a comunas y municipios, la falta de medicamentos oncológicos y el recorte sistemático a todo el sector público, incluidos lo salarios de los trabajadores de la salud.
Un discurso que en el 2020 parecía minoritario en el país -el discurso antivacunas-, hoy se encuentra al poder. Cabe recordar que la campaña sanitaria desplegada por el Gobierno de Alberto Fernández, entre campañas de prevención y compra de vacunas de manera rápida y eficaz, permitió frenar el avance del virus mortal para atender correctamente a las personas enfermas y trabajar rápidamente en el regreso a una normalidad que nunca fue tal.
Sin embargo, la pandemia también expuso las condiciones de hacinamiento extremo de los sectores populares de la República Argentina. La falta de agua y la imposibilidad de resguardarse en las casas de los habitantes de las villas generó una situación sanitaria crítica que impulso reclamos y cobró vidas. En este contexto, y en todo contexto, el trabajo social y la actividad comunitaria se volvieron claves para contener y generar un respuesta que precaria a estos sectores a los que el gobierno no atendió como debía.
La sociedad entera experimentó una situación traumática en la que la muerte estaba a la vuelta de cada esquina. Las relaciones sociales tuvieron un giro de 360º que propulsó el proceso de digitalización de la cotidianeidad. La digitalización propició el crecimiento de foros libertarios y un procesos de individualización y desubjetivación de los sujetos comunitarios pre-pandemia. Se puso en duda de manera masiva la eficacia del estado y las teorías conspiranóicas se apoderaron de la opinión pública. El máximo exponente del discurso anti hegemónico, que causó muertes sumamente evitables, se convirtió en el presidente de una Argentina en proceso de desmantelamiento.
El 20 de noviembre se realizó la marcha por el aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. De la actividad participaron distintas escuelas, pero cabe preguntarse qué pasa con el Consejo de Niñez de la Municipalidad y con los niños que no están escolarizados y se encuentran en situaciones de extrema vulnerabilidad.
El mundo está observando. Actuemos con la urgencia que exige la crisis climática y financiemos las soluciones que las ciudades están listas para liderar.
* Por Miguel Julio Rodríguez Villafañe
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