¿Cosa juzgada?

Por Alexis Oliva (*) Don Bruno Siriani se acercó a los pocos parientes y amigos que se animaron a asistir al velorio, superando el miedo a ser secuestrados o fichados, y les pidió que lo dejaran un minuto solo para darle el último adiós a su hijo Horacio. Don Bruno cerró la puerta, destapó el ataúd e hizo entrar a un fotógrafo, que registró cada una de las huellas que los tormentos dejaron en el cuerpo del estudiante de medicina asesinado el 11 de abril de 1975, en la División de Informaciones de la Policía de Córdoba (D2) que funcionaba en el Cabildo Histórico. Ese instante de temple y lucidez fue el inicio de una causa emblemática, de abrumadora prueba documental, que derivaría en un insólito sobreseimiento, primero provisorio en julio de 1979 (solicitado por el entonces defensor oficial Gustavo Haro), luego definitivo, dispuesto por el Juzgado Federal Nº 1 en mayo de 1997. Por estos días, la jueza Cristina Garzón de Lascano, quien instruye la causa “Alsina, Gustavo Adolfo y otros p.ss.aa. de imposición de tormentos agravados y homicidios calificados” (Expediente 17.468) -conocida como UP1-, analiza incluir este caso, por su valor testimonial sobre la modalidad represiva que se comenzó a aplicar antes del golpe de Estado, y que después sufrirían las 31 víctimas de la causa UP1, entre ellas Hugo Vaca Narvaja (h), quien junto a Miguel García representó al padre de Siriani, terminando los dos abogados presos y el estudio de García saqueado para robar el incómodo expediente 20-S-75. El informe sobre el caso, elevado recientemente a la magistrada, resume que el joven de 25 años fue detenido en Cruz del Eje el 9 de abril, en una redada que incluyó a otros ocho varones y dos mujeres. Trasladados el día siguiente a la D2 por “averiguación de actividades subversivas”, fueron encapuchados y mantenidos más de 24 horas en el patio, sin comida ni agua, parados y esposados, sin poder ir al baño y sometidos a apremios y vejaciones. Según recuerdan sus amigos, Siriani era “independiente de izquierda” y no pertenecía a ninguna organización guerrillera. Nada hacía suponer un encierro prolongado y mucho menos la muerte. Lo peor de su calvario comenzó a la madrugada del día 11, cuando cayó desvanecido por la sed. Sus captores lo levantaron a los golpes. Pidió agua y lo volvieron a golpear. Entonces reaccionó con sus reflejos de karateca y atropelló a los policías que a duras penas lograron reducirlo. Los demás detenidos escucharon que lo golpearon, lo llevaron a la sala de torturas y horas después lo devolvieron al patio. “Kung fu”, “guapo”, se le burlaban los guardias cuando lo oían quejarse. Desesperado por el dolor, intentó una nueva embestida. Lo redujeron entre varios y lo golpearon con un palo. Ya inmóvil, lo arrastraron fuera del patio. Varias horas después, el médico forense policial, Ramón Coll, lo encontró muerto. Su informe, al igual que el de sus colegas judiciales Luis Cerioni y Toribio Aguerre, coincide en que Siriani murió por los “traumatismos cráneo encefálicos”, describe numerosas lesiones internas y externas y establece que las quemaduras de cigarrillo en el glande y escroto fueron inferidas “dentro de las 24 a 36 horas anteriores” del fallecimiento. Los informes forenses, sumados a las fotos obtenidas por el padre, serían descriptos por los abogados García y Vaca Narvaja como un “pavoroso y atroz cuadro”, que demostraba la “catadura de mentes retorcidas, enfermizas, salvajes, alimentadas por el odio (…) de quienes no comprenden el valor de la vida humana”. A pesar del peso de la prueba, tanto Ernesto Julio Ledesma (entonces titular de la D2) como Américo Domingo Argüello (jefe de Policía) y Luis Alberto Choux (subjefe) deslindaron fácilmente la responsabilidad en sus subalternos (los suboficiales Orlando Bernardo Cuello, Gabriel Alberto Salerno, Juan Carlos Garay, Luis Centeno, Juan Domingo Leguizamón, Antonio Armando Gutiérrez y Edgardo Murúa), quienes finalmente fueron absueltos. > “No preguntaron demasiado” El viernes pasado, el fiscal Fabián Asís recusó al vocal del Tribunal Federal Oral Nº 1 Carlos Otero Alvarez, en el relación los casos “Alvareda, Morales y Gómez”, también ocurridos en la D2, por las acusaciones de “complicidad manifiesta” con los delitos que se investigan. Otero Alvarez también intervino, como secretario penal del juez Adolfo Zamboni Ledesma (ya fallecido) y junto al fiscal Fuad Alí (jubilado), en una “inspección ocular” realizada cuatro días después del crimen de Siriani en la D2, donde constataron que las demás detenidos “se hallaban en un patio al aire libre, semicubierto por un precario techo de zink, estaban tirados en el suelo y cubiertos sus rostros con capuchas”. Uno de ellos era Carlos Navarro: “Me sacan la capucha y veo frente a nosotros al juez Zamboni Ledesma y otras dos personas con traje, y nos hacen una pregunta irrisoria: ¿Cómo están?”. Algo similar recuerda Dardo Koch: “Nos quitan las capuchas y se presenta el secretario del juez federal. Además de que no se encontraba ningún policía en toda Informaciones, tampoco había pruebas de que habíamos sido detenidos, ya que faltaban las últimas hojas del libro en que se anotan las entradas. Nadie supo jamás quiénes estuvieron de guardia, ni se preguntó demasiado sobre el tema. Vale decir, sabían perfectamente que el juez venía y que no podía encontrar nada que comprometiera”. “Siempre defendía a los débiles” El ataque desesperado de Siriani contra sus verdugos tiene una explicación que no figura en los expedientes. Varios de sus allegados sostienen que intentó defender del abuso policial a una de las prisioneras. Es la versión que llegó a oídos de quien fuera su novia durante seis años: “El reaccionó para defender a una de las chicas detenidas, a la que golpeaban e intentaban violar. Conociéndolo a él, que siempre defendía a los débiles o a los que estaban en una posición vulnerable, esto puede haberlo llevado a actuar así. Por sus ideas, se lo podía definir como una persona que no le gustaba la injusticia, solidario y de muy buenos sentimientos”. El relato coincide con lo narrado por Navarro: “Todo el tiempo se escuchaban gritos de compañeras y golpes. A una compañera que estaba embarazada le decían: Ah, ¿qué tenés ahí adentro, un montonerito? Esto para el montonerito. Y se escuchaban los golpes y los gritos”. “Horacio era alto, atlético, deportista y karateca, y por eso se ensañaron más con él. Seguramente, trató de defenderse y al menos voleó de una patada a dos guardias. Yo escuché un golpe seco, como de madera. Ahí lo llevaron a la sala de torturas. Después los policías me preguntaron si sabía que Siriani sufría del corazón. No -les contesté-, practica deportes y es muy sano. No sufre del corazón”, concluye el entonces militante de la Juventud Peronista. El alevoso homicidio de Horacio Siriani es desde hace doce años “cosa juzgada”. Su actualización, en un contexto político de revisión del terrorismo de Estado, debiera -además de ilustrar sobre sus métodos criminales- revertir la impunidad de la que gozan los victimarios. (*) Periodista / Texto publicado por www.prensared.com.ar