"La tarea política no puede ser transformar la conflictividad social en la justificación para la consolidación de una institucionalidad represiva", dijo la economista y dirigente de Unidad Popular. Además, agregó que la institucionalidad represiva está presente a nivel nacional.
Opinión 05 de julio de 2023 Redacción SN
(Télam) Es posible que al centrar la discusión acerca de las causas de la pueblada jujeña en los contenidos de la reforma constitucional se nos estén escapando cuestiones importantes que explican la magnitud del levantamiento popular ocurrido en la provincia norteña.
Al observar el cuadro socio laboral de Jujuy surgen elementos que deben tenerse en cuenta. En primer término, sobre un total de 307.330 personas que conforman la población laboral, 89.609 jujeños y jujeñas (el 29% de esa población laboral) busca permanentemente trabajo.
En ese contexto de acuciante necesidad de empleo, 212.545 personas se desempeñan como asalariados representando el 73% de los ocupados. Si a este total de asalariados le restamos los ocupados en el Estado provincial y municipal (87.814), los asalariados en el sector privado ascenderían a 124.731 personas. Pero de estos, 84.504 están en negro. Es decir, en Jujuy 7 de cada 10 trabajadores asalariados están en negro. En concreto, en la provincia el autoempleo (cuentapropismo) involucra a 65.157 personas, los asalariados no registrados son más de 100.000 y hay también 15.647 desocupados.
O sea que en la provincia de Jujuy 180.813 trabajadores se encuentran en situación de precariedad laboral. Es decir, el 61,2% de los que trabajan. Por lo tanto, con bajos ingresos y ausencia de derechos.
El marco expuesto determina que el ingreso de los hogares en Jujuy esté, en promedio, un 30% por debajo del promedio nacional. Así las cosas, a finales de 2022 casi la mitad de los habitantes de la provincia (377.293 personas, 47,9%) eran pobres y 78.000 jujeños y jujeñas pasaban hambre.
Por otra parte, y uno de los datos más importantes, en el marco de la aplicación del acuerdo con el FMI, la pobreza se incrementó un 42% y la indigencia en un 55%. Es decir, en poco más de un año hay 111.000 pobres más, de los cuales 28.000 son indigentes.
Nadie duda respecto a la necesidad de discutir los contenidos regresivos de la reforma constitucional. Pero parece importante destacar el lacerante cuadro sociolaboral que atraviesa la provincia. Cuadro social que en el marco de la gestión de Gerardo Morales enfrenta un diseño del sistema político caracterizado por la colonización que el Poder Ejecutivo provincial hizo del Poder Judicial, y por la desaparición de la principal fuerza opositora (Partido Justicialista) cooptada también por el Ejecutivo en un contexto de descabezamiento de las organizaciones populares. Cooptación que no es ajena al nuevo esquema de negocios que la explotación del litio ha abierto en la provincia y que alimenta la voracidad de la oligarquía local en sociedad con corporaciones transnacionales y con el papel gerenciador de la dirigencia política. Estrategia esta que agrava la disputa por la tierra y que al igual que en el sur con los mapuches y la explotación hidrocarburífera, en Jujuy también transforma a las comunidades originarias en un obstáculo a eliminar.
La afirmación de condiciones extremas de precariedad laboral y pobreza, en un contexto de cooptación de la mayor parte de la Institucionalidad (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) por una lógica de saqueo sobre los bienes comunes, define que la conflictividad social no tiene modo alguno de procesarse institucionalmente y por tanto se sostiene solo como institucionalidad represiva. Contraparte necesaria del ajuste fondomonetarista y el extractivismo minero.
Precariedad laboral, pobreza, concentración y cooptación plena del sistema institucional, determinan que todo conflicto que se plante con firmeza (en este caso, los sueldos docentes), podrá extenderse rápidamente en la sociedad desbordando la limitada capacidad institucional cuyo único recurso es el uso de la fuerza represiva.
Ese escenario y esas condiciones no están presentes solo en Jujuy. De hecho, a nivel nacional, la precariedad laboral involucra al 48% de la población trabajadora del país y la pobreza ya supera el 40%. A la vez, los ejemplos de respuestas represivas frente al conflicto social, con introducción de leyes o decretos que criminalizan la protesta, se extienden por la geografía del país.
La institucionalidad represiva como forma de gobierno pretende legitimarse en Jujuy pero es también una propuesta para Argentina. Sobran los ejemplos: Salta; Córdoba; Casa Pringles, en CABA; Chubut y la discusión de la minería, entre otros.
En el marco del año electoral y de cara al próximo gobierno, la tarea política no puede ser transformar la conflictividad social en la justificación para la consolidación de una institucionalidad represiva. Si así fuere, Jujuy estaría adelantando el futuro. Se trata de transformar la potencia social de los conflictos, en poder político para erradicar la desigualdad y la concentración de la riqueza.
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