El Gobierno oficializó la "emergencia del sector energético nacional" hasta el 31 de diciembre de 2024, dispuso el inicio del proceso de revisión tarifaria con el mismo plazo y estableció la continuidad de la intervención de los entes reguladores de la Electricidad (ENRE) y del Gas (Enargas).
Política18 de diciembre de 2023 Redacción SN
(Télam, Buenos Aires) La medida, que había sido anunciada ayer, se formalizó con la publicación en la edición de hoy del Boletín Oficial del Decreto de Necesidad y Urgencia 55/2023, en el que se sostiene que existe "una efectiva situación de emergencia que debe ser reconocida y así declarada".
Habiendo evaluado la situación en que recibe el sistema energético y las condiciones que se proyectan a futuro, "resulta necesario adoptar medidas de corto, mediano y largo plazo que permitan la continuidad en la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural, y asegurar el suministro", destaca el texto en sus considerandos.
En consecuencia, el DNU declara en su artículo 1 "la emergencia del Sector Energético Nacional en lo que respecta a los segmentos de generación, transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural".
La declaración de emergencia y las acciones que de ella deriven "tendrán vigencia hasta el 31 de diciembre de 2024", según sostiene el DNU firmado por el presidente Javier Milei, el jefe de Gabinete, Nicolás Posse, y los demás ministros.
El artículo 2 instruye a la Secretaría de Energía que disponga el programa de acciones necesarias para "la sanción de precios en condiciones de competencia y libre acceso, mantener en términos reales los niveles de ingresos y cubrir las necesidades de inversión, para garantizar la prestación continua de los servicios públicos de transporte y distribución de energía eléctrica y gas natural en condiciones técnicas y económicas adecuadas para los prestadores y los usuarios".
En ese sentido, determina a través del artículo 3 el "inicio de la revisión tarifaria" correspondiente a las prestadoras de los servicios públicos de "transporte y distribución de energía eléctrica bajo jurisdicción federal y de transporte y distribución de gas natural", y establece que la entrada en vigencia de los cuadros tarifarios resultantes "no podrá exceder del 31 de diciembre de 2024".
En el DNU también se dispone la intervención del ENRE y del Enargas, a partir del 1 de enero de 2024 y la designación de los miembros del Directorio que resulten de un proceso de selección previsto en el mismo DNU.
Al respecto se faculta a la Secretaría de Energía a designar a los interventores de ambos organismos técnicos, quienes tendrán entre sus funciones encomendadas "realizar los procesos de revisión tarifaria" y "evaluar e informar sobre la gestión de Compras y Contrataciones" y eventuales anomalías.
El DNU dispone de un plazo de 180 días para que la Secretaría de Energía inicie el proceso de selección de los miembros de los directorios de ambos entes, de acuerdo con los marcos regulatorios vigentes.
En sus considerandos, la medida asegura que "la prestación de los servicios públicos de transporte y distribución de Gas y Energía Eléctrica bajo jurisdicción federal exhibe una situación caracterizada por la creciente obsolescencia de los activos de las empresas prestadoras, la insuficiente adecuación a las necesidades de la demanda actual y futura y la profundización de los inconvenientes derivados de la falta de renovación de las redes y su ampliación".
"Por ello, resulta imperioso encauzar la prestación de los mencionados servicios públicos bajo la plena vigencia de los marcos regulatorios respectivos y de los contratos suscriptos por el Estado Nacional y las empresas prestadoras, con las adecuaciones y revisiones correspondientes", añadió.
En ese contexto, resalta que los indicadores de frecuencia media de interrupción de servicio tuvieron un incremento del 55,23% en el área de cobertura de Edenor y del 173,22% en la de Edesur, lo que evidencia "inversiones insuficientes, que importan un crecimiento de la obsolescencia en los activos de las prestadoras, por lo que de no adoptarse medidas urgentes se profundizará la deficiente calidad de servicio descripta en perjuicio de los usuarios".
Asimismo, se destaca que las transferencias del Tesoro a la Compañía Administradora del Mercado Mayorista Eléctrico (Cammesa) alcanzaron en 2023 a $ 1,4 billón, que la central nuclear Atucha I se encuentra próxima a cumplir su período de vida útil y que hay riesgos de desabastecimiento de gas natural en el norte del país.
Fue en el marco de la derogación de las facultades extraordinarias al presidente Milei y autoridades de juicio político. Con Zago en su banca había quórum, pero el oficialismo lo removió a la fuerza y levantó la sesión.
Se trata de la aprobación del emplazamiento de las comisiones de Asuntos Constitucionales y Peticiones, Poderes y Reglamento para tratar y dictaminar los proyectos de ley que plantean pedidos de informes, interpelaciones de funcionarios del Poder Ejecutivo y la creación de una comisión investigadora sobre el escándalo por la promoción del criptoactivo $Libra que involucra al presidente Javier Milei.
La nueva normativa, aprobada casi por unanimidad, establece un sistema de justicia especializado y prioriza la reintegración social de jóvenes en conflicto con la ley. El legislador Matías Chamorro detalló los avances y objetivos de esta ley, destacando su enfoque en medidas socioeducativas no privativas de la libertad.
Tras las críticas por su ausencia, el Presidente visitó Bahía Blanca tras el temporal que dejó 16 muertos y más de 100 personas desaparecidas. Se reunió con los ministros Bullrich y Petri.
Será el próximo miércoles y tiene como objetivo investigar, pedir informes o interpelar a funcionarios involucrados en el cripto escándalo, entre que quienes se encuentra nada más y nada menos que el presidente de la Nación, Javier Milei, que tiene 112 denuncias en la Justicia.
“Hay que ser muy cagón para no defender a los jubilados” es el lema que utilizaron las hinchadas para acompañar a los adultos mayores, quienes todos los miércoles sufren la represión de las fuerzas armadas.
Información suministrada por el Servicio Meteorológico Nacional.
Jubilados, pensionados y retirados se movilizan este miércoles en la Plaza San Martín para reclamar por haberes dignos y acceso a medicamentos. La protesta contará con el respaldo de gremios, organizaciones sociales e hinchadas de fútbol, en rechazo al ajuste y la represión. El Gobierno advirtió que aplicará sanciones a quienes generen disturbios durante la manifestación.
En una nueva audiencia del juicio, médicas forenses que realizaron la autopsia del cuerpo y brindaron detalles de la mecánica del crimen.
Días atrás, este chico de 20 años fue golpeado con un elemento contundente y debió ser trasladado al Sanatorio, donde permanece internado. Este miércoles se realizó el allanamiento y secuestraron elementos relacionados a la causa.
Expte Sac. 8730210
