Los tres acusados llegarán a este proceso además con una condena judicial por tenencia ilegal de documentación, una causa paralela que se inició durante la instrucción del magnicidio, tras hallarse en los domicilios de los imputados DNI de otras personas, cuya tenencia no pudieron justificar.
Nacionales26 de junio de 2024 Redacción SN
(SN; Somos Télam) El Tribunal Oral Federal (TOF) Número 6 dará inicio este miércoles al juicio oral y público a Fernando Sabag Montiel, Brenda Uliarte y Nicolás Carrizo, acusados por el intento de asesinato a la entonces vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, ocurrido el 1 de septiembre del 2022 en el barrio de la Recoleta.
El debate de la causa se iniciará este miércoles a las 10, en los Tribunales Federales de Comodoro Py y estará a cargo de los magistrados Sabrina Namer, Adrián Grünberg e Ignacio Fornari.
Se prevé que declaren 277 testigos, en función de los pedidos que realizaron la fiscal Gabriela Baigún, las defensas de los acusados y las querella que representa a la exmandataria y que encabeza el abogado José Manuel Ubeira.
El hecho ocurrió cuando la expresidenta volvía a su domicilio y los tres imputados están acusados de “homicidio doblemente calificado por alevosía y el concurso premeditado de dos o más personas agravado por el uso de arma de fuego”.
Los principales testigos son los policías de la custodia que estuvieron aquella noche; los militantes que presenciaron lo que pasó y persiguieron a Sabag Montiel; los peritos del arma que utilizó el joven en el ataque y los especialistas que se encargaron de extraer la información de los teléfonos de los acusados e hicieron los informes que constan en la causa.
Por ahora, las audiencias serán todos los miércoles, aunque no se descarta que una vez pasada la etapa de lectura de requerimientos e indagatorias, se sumen más días de la semana para tomar las declaraciones testimoniales.
En su requerimiento de elevación a juicio, el fiscal Carlos Rívolo le imputó a Fernando André Sabag Montiel “haber intentado matar, de manera premeditada, a Cristina Elisabet Fernández de Kirchner -Vicepresidenta de la Nación y Presidenta de la Honorable Cámara de Senadores de la Nación-, contando para ello con la planificación y acuerdo previo de Brenda Elizabeth Uliarte y Gabriel Nicolás Carrizo”.
“Dicha conducta tuvo lugar el 1° de septiembre de 2022, a las 21:00 horas aproximadamente, en la intersección de las calles Juncal y Uruguay de esta Ciudad Autónoma de Buenos Aires, más precisamente frente al catastro 1409 de la calle Juncal, cuando la víctima se encontraba saludando a las personas que estaban en el lugar, ocasión en la que el imputado, aprovechando el estado de indefensión en virtud de la multitud existente, apuntó hacia su rostro y, a corta distancia, accionó, en al menos una ocasión, la cola del disparador de una pistola semiautomática de acción simple, calibre .32 auto, marca Bersa, modelo Lusber 84, sin que se produzca el disparo pese a encontrarse la misma cargada con cinco cartuchos del mismo calibre y resultar apta para sus fines específicos. Para ello, contó con el aporte de Brenda Elizabeth Uliarte, quien estaba presente en las inmediaciones del lugar al cual arribaron conjuntamente y quien brindó el acuerdo, cooperación, apoyo moral y logístico para su realización”, describió en el documento.
“Asimismo, se le imputa haber portado, en las condiciones y circunstancias antes descriptas, el arma de fuego antes mencionada sin contar con la debida autorización legal, la cual receptó previamente con la numeración parcialmente suprimida en la base de su empuñadura, a sabiendas de ello”, agregó.
Los tres acusados llegarán a este proceso además con una condena judicial por tenencia ilegal de documentación, una causa paralela que se inició durante la instrucción del magnicidio, tras hallarse en los domicilios de los imputados DNI de otras personas, cuya tenencia no pudieron justificar.
En este proceso que se iniciará mañana, el Tribunal 6 no analizará la implicación en el intento de asesinato que pudo haber tenido el grupo Revolución Federal, que desde las redes sociales arengaba ataques contra Cristina Fernández y funcionarios del Gobierno de Alberto Fernández.
Los acusados supieron tener presencia en varias de las manifestaciones y escraches que protagonizaron esta agrupación durante el 2022.
Caputo Hermanos, la empresa de la familia del actual ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo, le pagó al líder de Revolución Federal, Jonathan Morel, un millón de pesos para la fabricación de muebles, pese a que este sujeto había aprendido carpintería siguiendo tutoriales que se emitían por la plataforma Youtube.
La querella de la exmandtaria aportó información en relación a los desembolsos que recibía el grupo, que montaba actividades violentas en las calles.
Estos pagos se cortaron a fines de agosto de 2022, horas antes del intento de magnicidio.
En una conversación registrada en su teléfono, Montiel describió cómo haría para matar a Cristina Fernández, y lo que contó coincide con la forma en la cual se desarrollaron los hechos.
Para Montiel, había que infiltrarse entre los manifestantes que por esos días se congregaban en respaldo a la expresidenta, quien había recibido un pedido de 12 años de prisión en el juicio de la causa “Vialidad”.
Proponía actuar ante el descuido y actuar, para que, de esta forma, la entonces titular del Senado pasara a la historia.
Varios de integrante de Revolución Federal se instalaron en los días previos al atentado en el departamento de arriba de Cristina Kirchner.
Desde allí sacaron fotos, observaron movimientos, en actividades que fueron facilitadas por una vecina que, sin conocerlos, los contrató para que le hicieran trabajos de mantenimiento y refacción en su vivienda.
Unos días después, se produjo el atentado contra la vicepresidenta y la convicción de la querella era que estas personas realizaban tareas de inteligencia con la finalidad de preparar el ataque.
Sin embargo, la jueza federal María Eugenia Capuchetti que tuvo a cargo la instrucción de esta causa no profundizó en las vinculaciones que los integrantes de Revolución Federal pudieron tener con el intento de asesinato, y envió la causa a juicio oral para que se analice las responsabilidades de Sabag Montiel, Uliarte y Carrizo.
Otro de los aspectos del caso que no se profundizaron en la instrucción de Capuchetti fue el de la posible vinculación con el hecho que pudo haber tenido el diputado nacional del PRO, Gerardo Milman.
Un asesor de otro legislador asegura haber escuchado a Milman mantener una conversación con otras dos asesoras en una confitería cercana al Congreso, en la cual el legislador soltó una intrigante frase: “Cuando la maten, voy a estar en la costa”.
El teléfono de Milman y los de sus asesoras fueron borrados en oficinas de la actual ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.
Milman incluso le entregó a la jueza Capuchetti un teléfono que ni siquiera se vendía en la Argentina cuando ocurrió el ataque.
Las precipitaciones alcanzaron los 60 milímetros. Se registraron más de 360 incidencias debido al desborde de cauces y canales, y árboles caídos.
Un documento de la Federación Argentina de Municipios asegura que su aprobación traería "consecuencias terribles" para los ciudadanos y para la actividad económica. "Es una precarización absoluta del trabajo", afirmaron.
Los precios de la carne vacuna alcanzaron máximos históricos y el consumo se derrumbó. Aunque se come más carne en total, el modelo celebra la hazaña: el asado perdió frente al pollo y el cerdo, y el “libre mercado” convirtió al ritual argentino en un recuerdo caro.
El CEO de Kalsier Ventures y creador de la criptomoneda Hayden Davis firmó un acuerdo con el presidente que lo menciona como asesor de Milei. Estos vínculos se entablaron previo al lanzamiento de la estafa cripto, lo que complican aún más la situación judicial del mandatario.
La decisión se definió en la mesa política nacional luego de la presión de gobernadores, intendentes y vecinos. También se confirmó el giro de fondos a Bomberos Voluntarios.
La movilización se realiza en la Plaza Congreso, donde Policía Federal y de la Ciudad llevan adelante el represivo operativo de seguridad bajo la doctrina Bullrich.
A plena tarde de verano, cuando el balneario promete descanso y olvido, el río recordó que no perdona distracciones. Un menor pidió auxilio en lo profundo y un policía se tiró al agua sin pensarlo dos veces.
Ni eficiente... ni justo. El modelo económico rompe 20 años de mejora y la mortalidad infantil vuelve a aumentar. El equilibrio fiscal trunca vidas en las provincias más pobres.
Las precipitaciones alcanzaron los 60 milímetros. Se registraron más de 360 incidencias debido al desborde de cauces y canales, y árboles caídos.
Ahora los gobernadores colaboracionistas analizan abandonar negociaciones individuales y la posibilidad de armar un frente común para canjear recursos por el respaldo al proyecto.
La investigación está a cargo de la Fiscalía que conduce Diego Fernández.
