Presentación: el gobierno denunció a Cristina Kirchner por estafa

(Buenos Aires; SN) El gobierno nacional presentó una denuncia penal contra la expresidenta Cristina Fernández de Kirchner por el cobro de una bonificación de zona austral. La Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) acusa a la exmandataria de haber percibido ese beneficio sin cumplir con los requisitos de residencia exigidos.

La presentación judicial fue realizada por el Ministerio de Capital Humano, a través de Anses, que solicitó ser parte querellante en la causa. Los denunciantes, Ignacio Javier Uresandi, director de la Oficina de Integridad del organismo, y Maximiliano Raúl Rima, coordinador de Asuntos Penales, señalaron que la bonificación solo puede ser percibida por quienes tengan "residencia efectiva o radicación real" en las provincias de Río Negro, Neuquén, Chubut, Santa Cruz, La Pampa, Tierra del Fuego, Islas del Atlántico Sur y el Partido de Carmen de Patagones, en la provincia de Buenos Aires.

En el escrito judicial se sostiene que Fernández de Kirchner fijó domicilio en una de esas jurisdicciones, aunque su residencia efectiva estuvo en la Ciudad de Buenos Aires durante el período en el que cobró el adicional, primero como senadora por la provincia de Buenos Aires (2017-2019) y luego como vicepresidenta de la Nación (2019-2023).

La denuncia menciona que el beneficio fue cobrado mensualmente desde enero de 2016 hasta noviembre de 2021, a través de las asignaciones vitalicias correspondientes a su rol de expresidenta y viuda del expresidente Néstor Kirchner. Según los denunciantes, esto habría sido posible mediante la presentación de declaraciones juradas con datos falsos, lo que configuraría el delito de falsedad ideológica.

El documento presentado por Anses solicita al juez interviniente que se realicen diversas medidas de prueba para verificar la residencia de la exmandataria, incluyendo la asistencia registrada en el Senado, movimientos bancarios, registros de llamadas y pericias sobre la documentación presentada para acceder al beneficio.

La acusación, enmarcada dentro de la normativa anticorrupción de organismos internacionales, plantea que el cobro indebido de la bonificación representó un perjuicio para el Estado y constituye un presunto caso de defraudación a la administración pública.