El ex gobernador de Misiones, Carlos ROvira habría admitido en un encuentro con dirigentes de su espacio que el Presidente fue quien lo llamó para que los dos legisladores de su provincia no acompañen la iniciativa en el recinto.
Política09 de mayo de 2025 Redacción SN
(SN; con información de C5N) Luego del rechazo en el Senado al proyecto de Ley Ficha Limpia, crece el escándalo debido a denuncias de la existencia de un pacto entre el presidente Javier Milei y el exgobernador de Misiones, Carlos Rovira, quienes se habrían complotado para dar de baja la ley que impedía candidaturas de dirigentes con condenas ratificadas por la Justicia.
Para la aprobación del proyecta se necesitaban al menos 37 adhesiones, pero finalmente el resultado fue de 36 votos positivos, 35 negativos y ninguna abstención. Las sospechas surgieron luego del rotundo cambio de decisión de los senadores misioneros Carlos Arce y Sonia Rojas Decut, ambos pertenecientes al partido provincial Frente Renovador de la Concordia. Tanto Arce como Rojas Decut responden políticamente al gobernador de Misiones, Hugo Mario Passalacqua. Ya Carlos Rovira, exgobernador misionero de la misma fuerza, había logrado bloquear en 2020 un proyecto de Ficha Limpia que había presentado la legisladora radical Anita Minder en su provincia.
"Lo pidió Javier Milei", fue la frase lanzada por Rovira durante un encuentro dirigentes con los que suele reunirse los jueves y que forman parte de una escuela dirigencial que conduce el veterano caudillo provincial y verdadero jefe de Misiones, consigna la información de un periodista de La Nación.
En dicha reunión el maximo articulador político misionero felicitó a los senadores que modificaron su voto al momento de la votación.
El proyecto, que inicialmente fue impulsado por la diputada del Pro, Silvia Lospennato, fue rechazaso en el Senado luego de la media sanción en la Cámara Baja. Esto implica que no volverá a tratarse durante el presente año parlamentario y además podría tener implicaciones directas en las elecciones legislativas, ya que no impone restricciones a las candidaturas.
El proyecto de Ley establece que los dirigentes condenados en segunda instancia por delitos de corrupción, contra la administración pública o violencia de género, no puedan ser candidatos a cargos electivos nacionales.
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