Alta Gracia: la Municipalidad denunció la usurpación en la toma del Cerro

(SN; Alta Gracia) La Municipalidad de Alta Gracia formalizó una denuncia ante la Justicia por la ocupación de tierras en las canteras del Cerro, un sector identificado como zona roja ambiental por tratarse de reserva de bosque nativo. El intendente Marcos Torres Lima confirmó la medida y apuntó contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) por la entrega de certificados que, según aseguró, ampararían la instalación irregular de familias en el lugar.

“Son tierras nacionales, no municipales. Aún así, venimos gestionando desde hace tiempo una solución ante la AABE —el organismo nacional que administra bienes del Estado— para evitar que el crecimiento sea desordenado”, señaló el mandatario local en una entrevista con Marcelo Páez en Siempre Radio.

Torres explicó que mantuvo reuniones presenciales y virtuales con autoridades del Gobierno nacional y de la Agencia de Adminsitración de Bienes del Estado (Aabe), y que incluso presentó la idea de destinar una porción del predio a un barrio social planificado, que incluya servicios básicos e infraestructura, priorizando a familias de Alta Gracia con necesidad habitacional.

Además, indicó que días atrás se reunió personalmente con los vecinos que viven en el asentamiento. “Fui con parte del gabinete y les planteamos una propuesta concreta: avanzar en un proyecto para ordenar la situación de quienes ya estaban viviendo allí desde hace tiempo. Pero dejamos en claro que no podía instalarse una sola familia más”, remarcó. Según dijo, el crecimiento continuó, lo que motivó la denuncia judicial.

Uno de los puntos más sensibles es la documentación en manos de algunas familias. “Hay certificados entregados por Anses, que responden a programas que ya no existen, como el FISU. Es un fondo fiduciario que fue eliminado, pero se siguen entregando estos papeles. Eso genera confusión y una contradicción enorme entre organismos del mismo Estado”, advirtió el Intendente, y aseguró que esos certificados fueron incluidos en la denuncia.

Aunque desde Anses negaron haber emitido documentación oficial, el municipio sostiene tener pruebas. “Tengo copias, y si hace falta las muestro. Están anexadas en la presentación judicial”, insistió Torres.

El mandatario recordó que en otras zonas de la ciudad se lograron regularizar asentamientos previos con fondos nacionales, como en barrio Parque San Juan, Primero de Mayo o Villa del Parque. “Hicimos apertura de calles, pusimos agua, cloacas, luz. Eso se puede hacer, pero con planificación y con límites. No podemos permitir que se vendan terrenos en un área protegida”, explicó.

En ese sentido, advirtió sobre maniobras de venta informal: “Hay vivos que alambran, ponen un cartel de ‘propiedad privada’ y venden. Gente de buena fe termina comprando algo que no tiene ningún aval legal y que pone en riesgo no solo el ambiente, sino también su propia seguridad”.

Torres Lima también expresó preocupación por el perfil de la población que se está instalando. “Muchas personas no son de Alta Gracia. Eso también nos pone en alerta. Porque mientras gestionamos soluciones habitacionales para nuestra comunidad, llegan personas de otros lugares y se suman a tomas que no podemos convalidar”, sostuvo.

Finalmente, remarcó que la denuncia judicial busca proteger tanto a las personas como al ambiente: “Queremos que la Justicia intervenga y que podamos, si es viable, ordenar lo que ya está instalado. Pero no de esta forma, no con desorden, ni con riesgos eléctricos, ni en condiciones infrahumanas”, cerró.