(SN; con información de Página/12) Otra vez, miércoles y represión. Los jubilados que desde hace meses se concentran frente al Congreso para exigir aumentos en sus haberes, medicamentos y dignidad volvieron a encontrarse con un muro verde oliva. Esta vez, el operativo de seguridad ordenado por la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich triplicó en número a los manifestantes.
Desde temprano, camionetas de Gendarmería y efectivos de la Policía Federal vallaron la Avenida Rivadavia entre Callao y Entre Ríos. Un triple cordón de seguridad cercó el Congreso, impidiendo incluso el paso de transeúntes y periodistas. En la zona, más parecía haber un desfile de fuerzas que una protesta de jubilados.
“Llegan Prefectura, Gendarmería y Policía Federal”, gritaban los manifestantes, repitiendo una escena que se volvió costumbre. Entre bastones, pancartas y banderas, el reclamo fue el mismo: “Queremos cobrar para vivir, no sobrevivir”.
Hacia las 15.30, un grupo de jubilados tiró parte de las vallas que bloqueaban la avenida. La respuesta fue inmediata: efectivos de la Policía de la Ciudad reforzaron el operativo, aunque no avanzaron sobre los manifestantes. No hubo dispersión, pero sí un mensaje claro, el espacio público está militarizado.
El gobierno nacional sostiene la aplicación estricta del protocolo antipiquetes, incluso frente a las marchas más pacíficas. “Nos tratan como delincuentes por pedir lo que nos corresponde”, denunció uno de los jubilados, extrabajador ferroviario, que participa de la ronda cada semana.
Mientras los haberes mínimos rondan los 300 mil pesos y la canasta básica supera el millón de pesos, el ajuste se siente con crudeza. “Los miércoles nos reprimen, pero volvemos igual”, dijo otra manifestante, alzando su cartel.
