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(Buenos Aires; SN).- El Ministerio de Defensa, bajo la conducción del teniente general Carlos Presti, ha iniciado una escalada retórica y administrativa contra los juicios por delitos de lesa humanidad. La ofensiva cobró nuevo impulso este lunes con las declaraciones de Guillermo Madero, jefe de Gabinete de la cartera, quien utilizó sus redes sociales para cuestionar la labor de los tribunales federales en causas que investigan hechos ocurridos hace medio siglo.
Apenas reiniciada la actividad judicial tras la feria de enero, Madero lanzó una provocación que sintoniza con los editoriales más conservadores: afirmó que los juzgados federales están "colmados" por juicios de lesa humanidad, sugiriendo que esto obstaculiza la lucha contra el narcotráfico y la corrupción. El funcionario argumentó que se está violando el derecho a ser juzgado en un "plazo razonable", omitiendo que la propia Corte Suprema ha ratificado la imprescriptibilidad de estos crímenes.
Sin embargo, los datos contradicen el relato oficial. Según estadísticas de la Procuraduría de Crímenes contra la Humanidad (PCCH), el 84% de los condenados o procesados por terrorismo de Estado goza de arresto domiciliario, desmintiendo la idea de un ensañamiento contra "ancianos enfermos".
Antecedentes y visitas a represores
El perfil de Madero no es nuevo para los organismos de derechos humanos. Durante la gestión de Luis Petri, ya había sido señalado por negar información a la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (Conadi). Además, se reveló que en marzo de 2024 visitó la Unidad 34 de Campo de Mayo -donde se alojan más de 60 represores- bajo la excusa de "inspecciones edilicias", una visita que fue recibida con entusiasmo por los detenidos.
Esta gestión también fue responsable del desmantelamiento de los equipos de Relevamiento y Análisis (ERyA) documental, áreas que desde 2010 aportaban pruebas clave extraídas de los archivos de las Fuerzas Armadas para las causas judiciales.
El gabinete de los hijos de la dictadura
La composición del actual Ministerio de Defensa refuerza la preocupación de los sectores sociales. El propio ministro Carlos Presti es hijo de Roque Presti, un jerarca militar responsable de la represión en el área de La Plata. A él se suma Daniel Martella, a cargo de Asuntos Internacionales y también hijo de un condenado a perpetua, Santiago Martella (exjefe de la Policía Federal y secretario de la Presidencia durante el régimen de Roberto Viola).
Ambos funcionarios han manifestado públicamente su adhesión a la teoría de la "memoria completa", un concepto que busca equiparar el accionar del Estado terrorista con la violencia política de los años 70, minimizando la responsabilidad institucional de las Fuerzas Armadas.
Un clima de retroceso
Este ataque frontal ocurre en un momento sensible: el próximo 24 de marzo se cumplirán 50 años del inicio de la dictadura más sangrienta de la historia argentina. Para los querellantes en las causas de lesa humanidad, las declaraciones de Madero y la estructura del Ministerio de Defensa no son hechos aislados, sino parte de una estrategia para garantizar la impunidad biológica de los represores y deslegitimar las políticas de Memoria, Verdad y Justicia que han sido ejemplo a nivel mundial.
