(SN; Córdoba) Tras la confirmación de la identificación de restos de 12 personas desaparecidas durante la última dictadura cívico militar, el juez federal Miguel Hugo Vaca Narvaja brindó detalles sobre el trabajo de investigación que permitió el hallazgo en el predio de La Perla y advirtió que existen indicios de que podrían hallarse nuevas fosas en el lugar.
Durante una entrevista en Siempre Radio, el magistrado explicó que los restos fueron encontrados en excavaciones realizadas por el Equipo Argentino de Antropología Forense junto a especialistas y peritos que trabajan desde hace años en la reconstrucción de lo ocurrido en el ex centro clandestino de detención.
Según detalló, el área de búsqueda fue delimitada a partir de estudios realizados por el geólogo Diego Sagripanti, quien analizó fotografías aéreas tomadas en 1979 para identificar sectores donde podrían haberse realizado enterramientos clandestinos.
A partir de esa información se inició una nueva campaña de excavaciones. “Al tercer día de búsqueda comenzaron a aparecer pequeños restos óseos y algunos huesos completos”, explicó el juez. Ese hallazgo permitió confirmar que se trataba de un sitio donde habían sido enterradas víctimas del terrorismo de Estado.
Testimonios que guiaron la investigación
El magistrado indicó que las excavaciones también se apoyaron en testimonios aportados en distintas causas judiciales. Entre ellos, Julián Solanille que aseguró haber visto cómo durante la dictadura se asesinaba a personas en el lugar y luego se arrojaban sus cuerpos a una fosa común.
Además, otros testimonios señalaron que con el paso del tiempo esas fosas habrían sido intervenidas y que algunos restos podrían haber sido trasladados hacia otros sectores de la provincia.
En ese contexto, el juez señaló que los fragmentos óseos encontrados coinciden con esas declaraciones, lo que refuerza la hipótesis de que los enterramientos fueron alterados.
El proceso de identificación
Una vez recuperados, los restos fueron sometidos a análisis genéticos para comparar el ADN con muestras aportadas por familiares de personas desaparecidas.
Vaca Narvaja explicó que el proceso no fue sencillo, ya que muchas de las muestras genéticas habían sido recolectadas hace más de dos décadas. En varios casos fue necesario localizar nuevamente a los familiares, ya que algunos habían cambiado de domicilio o habían fallecido.
A pesar de esas dificultades, los análisis permitieron confirmar la identidad de 12 víctimas desaparecidas entre 1976 y 1977, el período más intenso de la represión ilegal en el país.
Actualmente el juzgado se encuentra notificando personalmente a los familiares. El magistrado explicó que el procedimiento se realiza con acompañamiento psicológico y con un equipo especializado, debido al fuerte impacto emocional que implica la confirmación.
“Para familias que han buscado durante 50 años a sus seres queridos, tener la certeza de lo ocurrido es algo sumamente importante y también reparador”, señaló.
Por ese motivo, la Justicia decidió no difundir todavía los nombres de las víctimas identificadas. Según indicó el juez, esa información se dará a conocer cuando todas las familias hayan sido notificadas y lo autoricen.
Las excavaciones continuarán
El magistrado adelantó que ya se encuentra planificada una nueva campaña de excavaciones que se desarrollará entre abril y septiembre de este año. En ese trabajo participarán organismos científicos, universidades y distintas instituciones estatales.
Según explicó, existen indicios de que en el predio podrían existir otras fosas comunes. “Tenemos la expectativa de que en ese lugar haya otros enterramientos”, sostuvo.
La Perla fue uno de los principales centros clandestinos de detención, tortura y exterminio del país durante la última dictadura militar. Por allí pasaron miles de personas secuestradas por el aparato represivo.
En ese contexto, el hallazgo y la identificación de restos constituye un nuevo avance en las investigaciones judiciales que buscan reconstruir el destino de las personas desaparecidas durante el terrorismo de Estado.
Una historia personal atravesada por la dictadura
Durante la entrevista, el juez Miguel Hugo Vaca Narvaja también se refirió a lo que significa en lo personal avanzar en investigaciones vinculadas con el terrorismo de Estado. Según relató, su propia familia fue víctima del terrorismo de estado durante la última dictadura cívico militar.
El magistrado contó que su familia debió exiliarse tras el golpe de Estado de 1976. Además, señaló que dos de sus familiares directos fueron víctimas del terrorismo de Estado: su abuelo permanece desaparecido y su padre fue fusilado en la Unidad Penitenciaria N.º 1 del barrio San Martín, en la ciudad de Córdoba.
“Cuando se encuentran restos me aborda la misma ansiedad que a los parientes de los 30.000 desaparecidos”, expresó el juez. En ese sentido, explicó que esa experiencia personal le permite comprender el impacto que tienen estos hallazgos para las familias que llevan décadas buscando respuestas.
Por ese motivo, indicó que el juzgado decidió que la notificación sobre la identificación de restos se realice de manera personal, con acompañamiento psicológico y asistencia profesional, para tratar de contener a los familiares al momento de recibir una noticia que llega después de casi medio siglo de incertidumbre.
