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(Córdoba; SN) La Justicia Federal de Córdoba avanza en una causa que podría convertirse en un caso inédito en el país: investiga a una clínica de fertilización asistida por presunta trata de personas vinculada a casos de subrogación de vientre. El expediente apunta a una supuesta captación de mujeres en situación de vulnerabilidad para realizar embarazos destinados a terceros, bajo condiciones que habrían vulnerado su libertad de decisión.
El juez federal Alejandro Sánchez Freytes procesó al director de la clínica Fecundart, José Pérez Alzaa, como presunto coautor del delito de trata de personas agravada por abuso de vulnerabilidad y por haber concretado la finalidad de explotación. También fueron imputados una empleada administrativa y un abogado vinculados a las gestiones judiciales de los procedimientos.
En una resolución de más de 200 páginas, el magistrado sostuvo que “no toda maternidad subrogada es delictiva”, pero advirtió que puede transformarse en un caso de trata “cuando el acuerdo está mediado por explotación, abuso de poder y desprotección absoluta de la gestante”.
Según la investigación, las mujeres habrían sido captadas a partir de bases de datos de donantes de óvulos de la propia clínica y luego contactadas para participar en procesos de gestación por sustitución. La Justicia sospecha que varias de ellas aceptaron debido a graves problemas económicos y contextos de vulnerabilidad social.
La causa también involucra a la administrativa Paula Liendo, señalada como la persona encargada de contactar y convencer a las gestantes, y al abogado Nicolás Gigena, acusado de instruir a mujeres para que declararan falsamente vínculos de amistad con las parejas que buscaban tener hijos. El objetivo habría sido acelerar autorizaciones judiciales y evitar controles sobre las condiciones reales de los acuerdos.
Uno de los puntos centrales del expediente es que, según la acusación, se habrían realizado transferencias embrionarias sin autorización judicial previa. Para la Justicia, eso permitió evitar instancias destinadas a verificar si existía consentimiento libre y sin presiones económicas o psicológicas.
El fallo judicial remarca además que “la instrumentalización del cuerpo reproductivo de mujeres vulnerables con finalidad de lucro constituye una modalidad de servidumbre”. Esa interpretación marca un precedente relevante porque es una de las primeras veces en Argentina que se vincula la gestación por sustitución con delitos de trata de personas.
La investigación comenzó tras una denuncia anónima realizada a la Línea 145, especializada en casos de trata y explotación de personas. A partir de allí, fiscales federales y la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) comenzaron a reconstruir al menos 14 casos ocurridos en clínicas privadas de Córdoba.
De acuerdo con las actuaciones judiciales, algunas de las mujeres involucradas atravesaban situaciones extremas: madres con varios hijos, desempleadas o con escasa comprensión del procedimiento médico y legal al que eran sometidas. En uno de los casos investigados, una mujer habría sufrido graves complicaciones de salud durante el embarazo y luego quedó sin asistencia adecuada.
El expediente volvió a poner en debate el vacío legal existente en Argentina respecto de la gestación por sustitución. Actualmente no existe una ley nacional específica que regule esta práctica. Aunque no está prohibida, los acuerdos deben contar con intervención judicial y no pueden implicar compensaciones económicas para la gestante.
La legislación argentina prohíbe expresamente la subrogación onerosa, es decir, el pago por “alquiler de vientre”. En teoría, la práctica solo puede realizarse de manera altruista y, en algunos casos, incluso se exige un vínculo afectivo o familiar entre la gestante y quienes buscan acceder a la maternidad o paternidad.
Especialistas en derecho de familia y derechos humanos vienen advirtiendo desde hace años sobre los riesgos derivados de la falta de regulación. La ausencia de una normativa clara, sostienen, abre zonas grises que pueden facilitar abusos, explotación y negocios clandestinos alrededor de la reproducción asistida.
