Jorge Conalbi Anzorena
(Alta Gracia; SN).- Hay una imagen que resume la decadencia del periodismo argentino mejor que cualquier estadística. Ocurrió en los años noventa, cuando una famosa conductora entrevistó a una especialista que acababa de revelar el descubrimiento de especies de dinosaurios desconocidas en territorio argentino. Fascinada por la noticia, le preguntó si los habían encontrado vivos.
La anécdota provocó risas que cada tanto se replican hasta hoy.
Debió haber provocado preocupación.
Porque no era un episodio aislado. Era una señal de época.
Fue precisamente durante aquellos años cuando el periodismo comenzó a perder terreno frente al espectáculo. Coincidió con la caída del mundo socialista que hacía de contrapeso, el avance de la globalización y la consolidación de un nuevo orden donde el mercado pasó a decidir qué era valioso y qué no.
Hasta entonces, el periodista debía saber de historia, geografía, economía, política y cultura general. Investigaba antes de entrevistar. Llegaba a una nota sabiendo quién tenía enfrente. Y, sobre todo, sabía repreguntar.
No existía Google.
Existía el oficio.
Tres décadas después, buena parte de ese oficio fue reemplazado por un enjambre de papanatas que se presentan como “comunicadores”, una palabra tan amplia que sirve para todo y no explica nada. Muchos ni siquiera saben con quién están hablando cuando encienden una cámara o un micrófono. Pero eso parece importar poco.
Lo importante es producir contenido.
No información... Contenido.
Los resultados están a la vista.
Según un relevamiento difundido por el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (Sipreba), realizado sobre 1.014 trabajadores de prensa, el 67,8% debió recurrir durante el último mes a créditos, tarjetas o préstamos para cubrir necesidades básicas, pagar servicios o afrontar el alquiler.
Más grave todavía: el 77,7% de quienes tienen deudas destina al menos el 30% de sus ingresos a pagarlas, un nivel considerado internacionalmente como sobreendeudamiento.
El 39,5% reconoce que no llega a fin de mes.
El 65,6% cobra por debajo de la línea de pobreza en su empleo principal.
Apenas el 6,2% afirma poder sostener su nivel de vida con lo que gana haciendo periodismo.
Con esos datos en la ciudad más rica del país, no es demasiado difícil intuir lo que le toca a Alta Gracia.
Hay profesiones que atraviesan crisis y hay profesiones que son empujadas deliberadamente hacia la extinción.
Lo que ocurre con el periodismo pertenece a la segunda categoría.
En Alta Gracia existió un intento de recorrer otro camino.
En 2006 -a contramano del gobierno de entonces- el Concejo Deliberante sancionó por unanimidad la primera ordenanza de publicidad oficial del país. La norma procuraba fortalecer empresas periodísticas genuinas. Exigía cumplimiento de obligaciones laborales para acceder a pauta pública. Premiaba el emprendedurismo y establecía requisitos mínimos de permanencia para evitar la proliferación de sellos improvisados creados únicamente para facturar publicidad.
Seguramente era imperfecta. Pero apuntaba en una dirección correcta: fortalecer medios y no improvisaciones.
Sin embargo, fue combatida desde distintos sectores. Algunos periodistas de derecha la rechazaron por convicción ideológica. Otros, desde discursos supuestamente progresistas, la resistieron porque aspiraban a una porción mayor del reparto publicitario.
Cuando llegó el momento de defenderla, nadie estuvo.
Por eso resultó tan sencillo que un gobierno la esquivara y que el siguiente directamente la derogara en 2011.
Los mismos que después se quejaron de la precarización guardaron silencio cuando todavía había herramientas para evitarla.
La publicidad oficial no es, o no debería ser, una herramienta para premiar amigos ni castigar críticos. Cuando está regulada por normas claras, transparentes y objetivas, constituye un instrumento democratizador. Permite fortalecer medios de comunicación que generan trabajo, producen información y sostienen el derecho ciudadano a estar informado.
La pauta regulada limita la discrecionalidad del poder.
La pauta sin regulación la multiplica.
Por eso las normas que establecen criterios objetivos de distribución no benefician solamente a los medios. Benefician a la democracia. Porque una sociedad necesita diversidad de voces, empresas periodísticas sustentables y periodistas capaces de ejercer su oficio sin depender de la simpatía circunstancial de un funcionario.
No es casual que quienes más hablan de libertad, guarden silencio cuando se discuten mecanismos transparentes para distribuir recursos públicos. Una democracia fuerte necesita medios fuertes. Y los medios fuertes no nacen de la arbitrariedad del poder sino de reglas que garanticen competencia, pluralismo y profesionalismo.
Y entonces llegó la etapa superior del problema.
El imperialismo digital.
Las plataformas tecnológicas descubrieron que podían quedarse con la publicidad sin producir una sola noticia. La política descubrió que podía relacionarse con audiencias sin pasar por periodistas incómodos. Y la multitud de papanatas comprendió que ya no necesitaba formación, ni redacciones, ni cámaras profesionales.
Alcanzaba con un teléfono celular.
Y con una condición indispensable: No tener escrúpulos.
La fórmula era sencilla: poner un micrófono delante de alguien y evitar cuidadosamente cualquier pregunta que exigiera conocimiento.
La política abrazó con entusiasmo a esos nuevos actores. Los trató en pie de igualdad con periodistas formados. En muchos casos incluso los privilegió con recursos públicos y acceso preferencial.
Parecía negocio para todos hasta que apareció un detalle: Si cualquiera que enciende un celular puede reclamar pauta, tarde o temprano el sistema se vuelve insostenible.
Y cuando eso ocurre, llegan las extorsiones, las operaciones y las amenazas de campañas en redes antisociales.
Porque las redes no socializan.
Mercantilizan.
Dos décadas después de aquel frustrado intento democratizador que Alta Gracia proyectaba al país con su Ordenanza de Publicidad Oficial, en la ciudad conviven un pequeño grupo de profesionales que -como puede- día a día se esfuerza por honrar el oficio, y un conglomerado de tamaña ignorancia que ni siquiera es capaz de advertirla. Mención aparte, esos otros que delinquen a sabiendas.
La tragedia es que, mientras el oficio se deteriora, también se degrada la democracia.
No porque los periodistas sean héroes ni porque estén por encima de nadie.
Sino porque alguien tiene que hacer preguntas incómodas.
Alguien tiene que verificar datos.
Alguien tiene que contextualizar.
Alguien tiene que investigar.
Y eso no suele ser rentable.
Por eso el periodismo es una necesidad pública antes que un negocio.
Quizá la discusión del Día del Periodista no sea cuánto ganan quienes ejercen el oficio.
La verdadera pregunta es cuánto está dispuesta a perder una sociedad cuando deja de valorar el trabajo de quienes buscan la verdad y comienza a "seguir" a quienes fabrican relatos a medida de cada tribu, confirmando prejuicios, alimentando certezas y repartiendo complacencia, aunque los hechos digan exactamente lo contrario.
Porque periodismo no es satisfacer audiencias.
Para eso están los algoritmos.
El periodismo existe precisamente para incomodarlas.
