Informe Especial: Para la principal causa de muertes violentas no hay políticas públicas

(Alta Gracia; SN). Hay una forma de violencia que no suele aparecer en el centro del debate público. No ocupa horas de televisión, no genera conferencias de prensa diarias ni suele convertirse en bandera de campañas electorales. Sin embargo, mata más argentinos que los homicidios dolosos y, en los últimos años, incluso superó a las víctimas fatales de los siniestros viales. Se trata del suicidio, una problemática compleja cuya magnitud comienza a emerger con mayor claridad desde las bases de datos oficiales y que también atraviesa a Córdoba y al departamento Santa María.

Los números hablan por sí solos. Según el Sistema de Alerta Temprana (SAT) del Ministerio de Seguridad, Argentina pasó de registrar 3.262 suicidios en 2020 a 4.249 en 2024, un aumento superior al 30 por ciento en apenas cuatro años. La tasa nacional se elevó de 7,8 a 9,8 casos cada 100.000 habitantes, el valor más alto de la serie reciente.

La comparación con otras muertes violentas resulta contundente. En 2024 hubo 1.803 homicidios dolosos y 3.539 muertes por siniestros viales, mientras que los suicidios alcanzaron los 4.249 casos.

En otras palabras, el suicidio produjo más del doble de víctimas que los homicidios y alrededor de un 20 por ciento más que los fallecimientos por accidentes de tránsito, dos problemáticas que históricamente concentran mucha mayor atención pública.

Una tragedia que permanece invisible

Aunque Argentina cuenta desde 2015 con la Ley Nacional de Prevención del Suicidio y su reglamentación desde 2021, distintos especialistas y legisladores sostienen que persisten desafíos en su implementación. Señalan que la implementación presenta importantes desafíos. Durante los últimos meses incluso se presentaron pedidos de informes en el Congreso para conocer el grado de cumplimiento efectivo de la ley, el funcionamiento de los protocolos y las acciones desarrolladas por el Estado nacional.

El crecimiento registrado en los suicidios en los últimos años -hasta superar tanto a las muertes viales como a los homicidios dolosos- refuerza la necesidad de que la prevención sea tratada como una política pública prioritaria y sostenida, con un enfoque basado en evidencia y coordinación entre los distintos niveles del Estado.

El marco legal nacional, no cuenta con un programa nacional de prevención del suicidio tan desarrollado y visible como el de otros países (por ejemplo, Australia, Finlandia o Chile). La implementación depende en gran medida de las provincias y de los servicios de salud locales. La ley fija obligaciones y lineamientos, pero no creó originalmente un Plan Nacional de Prevención del Suicidio con estructura, presupuesto y metas específicas.

Esa ausencia ha sido señalada por especialistas motivó que en 2025 las diputadas nacionales Marcela Campagnoli -Coalición Cívica- y María Eugenia Alianiello -Unión por la Patria- presentaran un proyecto para modificar la ley y crear formalmente un Plan Nacional de Prevención del Suicidio, junto con un registro unificado, una línea telefónica nacional permanente y campañas sistemáticas. 

La disponibilidad de información también comenzó a mejorar. Desde 2023 el Sistema Nacional de Vigilancia de la Salud incorporó el registro sistemático de los intentos de suicidio, permitiendo por primera vez contar con datos nacionales sobre episodios no fatales, fundamentales para diseñar estrategias preventivas.

Mucho más que salud mental

Los especialistas coinciden en que el suicidio no puede explicarse por una única causa. Intervienen factores vinculados con trastornos de salud mental, pero también situaciones económicas, desempleo, aislamiento social, violencia familiar, consumo problemático de sustancias, enfermedades físicas, dificultades de acceso al sistema sanitario y otros determinantes sociales.

Por eso la Organización Mundial de la Salud sostiene que las políticas eficaces combinan atención psicológica y psiquiátrica accesible, capacitación de docentes y equipos de salud, fortalecimiento de redes comunitarias, programas específicos para adolescentes, acompañamiento a familiares y restricciones al acceso a medios altamente letales.

No existe una medida única capaz de resolver el problema.

Un desafío para los medios

El crecimiento sostenido de los suicidios plantea además un desafío para el periodismo.

Las recomendaciones internacionales desaconsejan el tratamiento sensacionalista o la descripción de métodos utilizados, ya que existe evidencia sobre el llamado "efecto de imitación". En cambio, promueven informar con contexto, aportar datos confiables, explicar que se trata de un fenómeno prevenible e incluir siempre información sobre recursos de asistencia.

En general, los medios de comunicación vienen optando -desde hace décadas- en directamente no publicar los suicidios. Cabría preguntarse si esta política editorial no terminó siendo funcional a la falta de políticas píblicas para abordar el problema. Porque como se sabe... lo que no sale en los medios, no existe.

El objetivo deja de ser únicamente contar una noticia para transformarse también en una herramienta de prevención.

¿Seguridad?

Durante años la discusión pública sobre seguridad se concentró casi exclusivamente en los delitos contra la propiedad o los homicidios. Sin embargo, las estadísticas oficiales muestran que otra forma de muertes violentas viene creciendo de manera sostenida y produce muchas más víctimas.

El suicidio dejó de ser un asunto exclusivamente individual para convertirse en un desafío sanitario, educativo y social.

Las cifras nacionales, la realidad de Córdoba y los registros del departamento Santa María coinciden en una misma conclusión: detrás de cada número hay una historia, una familia y una comunidad atravesada por una pérdida que, en muchos casos, podría prevenirse si existieran políticas públicas sostenidas, recursos suficientes y una sociedad dispuesta a hablar del tema con responsabilidad y sin estigmas.