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(Alta Gracia; SN) – Distracciones permanentes, discusiones con docentes, fotografías sin consentimiento, videos que circulan por redes sociales, casos de ciberbullying y amenazas contra instituciones. El celular dejó de ser solamente una herramienta personal para convertirse en un problemas de convivencia dentro de las escuelas.
Después de dos décadas de presencia creciente de los teléfonos en las aulas, el Ministerio de Educación de Córdoba decidió establecer un marco general: los dispositivos solamente podrán utilizarse con fines pedagógicos, cuando formen parte de una actividad planificada por el docente.
No se trata de una prohibición absoluta. Cada institución deberá resolver cómo aplica la regulación mediante sus Acuerdos Escolares de Convivencia. Algunas escuelas permiten que los teléfonos permanezcan apagados dentro de las mochilas; otras implementaron cajas o cofres para guardarlos durante las clases.
La norma busca recuperar la concentración y proteger la privacidad de estudiantes y docentes. También prohíbe tomar fotografías, filmar videos o grabar audios sin autorización dentro del establecimiento.
La respuesta provincial reconoce un problema que ya estaba instalado. La discusión ahora pasa por determinar si las escuelas cuentan con los recursos, el personal y las herramientas necesarias para hacer cumplir el límite sin convertir el control del celular en la principal actividad de la jornada.
El psicopedagogo Gerardo Antonello, integrante del equipo de la Escuela Normal Superior de Alta Gracia, explicó que la relación entre teléfonos y educación no constituye un fenómeno reciente.
“Los celulares ingresaron a la escuela entre 2004 y 2005. Han pasado 20 años y los dispositivos vienen ganando”, señaló en diálogo con Siempre Radio.
Durante ese período, las instituciones fueron probando diferentes formas de convivencia con una tecnología que avanzó mucho más rápido que las regulaciones escolares. El teléfono pasó de servir para llamadas y mensajes a concentrar redes sociales, cámaras, videojuegos, plataformas audiovisuales y sistemas de inteligencia artificial.
Para Antonello, ese proceso explica por qué resultaba necesario establecer un marco común. Córdoba no avanzó con una prohibición total, como ocurrió en otras jurisdicciones y países, sino con una utilización restringida y vinculada al aprendizaje.
La medida alcanza a los niveles inicial, primario y secundario. La aplicación concreta dependerá de las edades, las características de cada comunidad educativa y las reglas internas de los establecimientos.
La Escuela Normal Superior comenzó a restringir el uso de teléfonos antes de la nueva disposición provincial. En ese contexto, realizó consultas entre estudiantes secundarios de aproximadamente 11 a 18 años.
Según Antonello, siete de cada diez jóvenes admitieron que el celular los distrae durante las clases.
“Lo dicen ellos mismos. Entonces, la medida no está descalzada de la realidad de los estudiantes”, afirmó.
El psicopedagogo sostuvo que la restricción provocó un fuerte rechazo durante las primeras semanas, pero que la percepción comenzó a cambiar cuando los alumnos comprendieron sus motivos. Actualmente, aseguró, la mayoría de los consultados acompaña la decisión.
Para Antonello, limitar el teléfono constituye también una medida de cuidado. El problema no termina en la falta de atención: las cámaras y grabadores permiten registrar a compañeros o docentes sin permiso y difundir ese contenido de manera inmediata.
La circulación de imágenes puede derivar en burlas, acoso, exposición pública o creación de contenidos manipulados. Una situación que comienza dentro del aula puede continuar durante días en las redes sociales y alcanzar a toda la comunidad educativa.
El consenso sobre la existencia del problema no elimina las dificultades prácticas. Un docente local consultado por Sumario Noticias advirtió que muchas instituciones no cuentan con personal ni infraestructura para guardar y controlar decenas o cientos de teléfonos.
El problema aparece cuando el estudiante incumple la regla y se niega a guardar o entregar el dispositivo. Los Acuerdos Escolares de Convivencia priorizan acciones reparadoras frente a las sanciones tradicionales, una modalidad que, según la fuente, deja a los adultos con pocas herramientas inmediatas.
“Si te ponés a controlar estrictamente el tema de los celulares, es lo único que hacés y no das clases”, resumió.
El docente señaló que en algunas instituciones se llegó a implementar una restricción estricta. Cuando un estudiante utilizaba el teléfono, el equipo era retirado y debía presentarse un familiar para recuperarlo.
Con el paso del tiempo, afirmó, la aplicación perdió intensidad para evitar conflictos constantes con estudiantes y familias. Al reducirse el control, los teléfonos comenzaron nuevamente a aparecer durante las clases.
Antonello reconoció que la aplicación puede provocar discusiones. Una indicación aparentemente simple, como pedir que se guarde un dispositivo, puede transformarse en un enfrentamiento entre el estudiante y el profesor o preceptor.
“Esto hay que multiplicarlo por 20 dentro de un aula”, graficó.
A su entender, explicitar y conversar las reglas permite reducir la resistencia. Sin embargo, la experiencia también demuestra que sostener el límite requiere una intervención cotidiana de docentes y autoridades.
El profesor en Ciencias de la Educación Eduardo Zar consideró que la Provincia respondió a una necesidad planteada por las instituciones.
“Había una demanda para que existiera un marco regulatorio y no fuera cada escuela la que tuviera que tomar todas las decisiones”, explicó en diálogo con Siempre Radio.
Hasta ahora, cada establecimiento debía resolver por su cuenta qué hacer con los dispositivos, cómo actuar ante un incumplimiento y qué responsabilidad asumía si retiraba un teléfono.
La regulación provincial establece un criterio común, pero mantiene la autonomía para definir su aplicación. Por eso, Zar consideró que es una medida posible de cumplir, aunque su resultado dependerá de la disposición de los adultos para sostener la norma.
“Va a depender de cuánto estemos dispuestos a poner un límite y hacer cumplir una regla dentro de la escuela”, afirmó.
El docente también sostuvo que la intervención provincial se aceleró después de distintos hechos de violencia y amenazas difundidas mediante redes sociales. Durante los últimos meses, establecimientos de Córdoba y otras provincias tuvieron que activar protocolos ante mensajes intimidatorios que se viralizaron entre estudiantes.
El uso de teléfonos permitió que contenidos inicialmente publicados como bromas se difundieran en pocos minutos, provocaran temor y alteraran el funcionamiento de comunidades educativas completas.
Aunque consideró necesario establecer reglas, Zar planteó una advertencia sobre el enfoque de la política provincial.
“Temo que algunas de estas decisiones puedan ser un poco más de control que de abordaje pedagógico”, señaló.
La regulación puede ordenar qué está permitido, pero no resuelve por sí sola la relación que niños y adolescentes mantienen con la tecnología. Tampoco garantiza que los docentes cuenten con tiempo, formación y apoyo institucional para intervenir.
Si toda la responsabilidad recae sobre el profesor frente al curso, el intento de evitar distracciones puede convertirse en una sucesión de advertencias, discusiones y retiros de dispositivos.
Por eso, Zar planteó que el límite debe estar acompañado por capacitación, conversaciones con las familias y participación de los estudiantes en la actualización de los acuerdos de convivencia.
El objetivo no debería reducirse a sacar los celulares del aula, sino a construir criterios sobre privacidad, exposición, concentración y usos saludables de la tecnología.
Durante 2025 y el primer semestre de 2026, todas las escuelas de Córdoba actualizaron sus Acuerdos Escolares de Convivencia para incorporar pautas sobre dispositivos digitales.
A partir de la nueva definición provincial, el uso permitido deberá responder a una planificación pedagógica. Filmar, fotografiar o grabar a otras personas sin consentimiento quedará prohibido, mientras que cada establecimiento determinará qué ocurre con los teléfonos durante el resto de la jornada.
La medida intenta responder a una problemática reconocida incluso por los estudiantes: siete de cada diez alumnos consultados en la Escuela Normal Superior admiten que el dispositivo los distrae.
Pero entre la disposición escrita y su cumplimiento aparece la realidad cotidiana de las aulas. Guardar cientos de teléfonos, intervenir ante cada incumplimiento y enfrentar conflictos con estudiantes o familias demanda recursos humanos y tiempo que muchas escuelas no tienen.
