(Córdoba; SN) Dos procedimientos realizados por Gendarmería Nacional durante la madrugada de este sábado en rutas de la provincia de Córdoba permitieron secuestrar mercadería de origen extranjero que era transportada sin la documentación aduanera correspondiente. El valor total de los elementos incautados supera los 472 millones de pesos, según informaron fuentes oficiales.
El primer operativo tuvo lugar alrededor de la 1.30 sobre el kilómetro 68 de la Ruta Provincial 10, a la altura de Cañada de Machado. Allí, efectivos de la Sección Seguridad Vial "Pilar", dependiente del Escuadrón de Seguridad Vial "Villa María", controlaron un transporte que trasladaba mercadería del rubro tienda de origen extranjero sin el aval aduanero exigido por la legislación vigente.
Ante la presunta infracción al Código Aduanero (Ley 22.415), se dio intervención a funcionarios de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), quienes dispusieron el secuestro de la carga. El avalúo de la mercadería fue estimado en 19.883.500 pesos.
El segundo procedimiento se concretó cerca de las 3.30 sobre el kilómetro 576 de la Ruta Nacional 8. Integrantes del Escuadrón de Seguridad Vial "Santa Catalina" detuvieron un ómnibus perteneciente a un tour de compras procedente de Orán, provincia de Salta, con destino a las ciudades cordobesas de Río Cuarto y La Carlota.
Durante la inspección, los gendarmes detectaron 81 bultos con mercadería de origen extranjero que tampoco contaba con la documentación aduanera correspondiente. En este caso, el valor de lo secuestrado fue estimado en 453 millones de pesos.
Las actuaciones quedaron a cargo del Juzgado y la Fiscalía Federal de Río Cuarto, con intervención de ARCA.
Más allá del resultado operativo, el procedimiento vuelve a poner en evidencia una discusión recurrente sobre las prioridades del control estatal. Si bien el ingreso ilegal de mercadería constituye una infracción aduanera que afecta la competencia comercial y la recaudación, el monto decomisado aparece reducido frente a la magnitud del contrabando de granos y otras exportaciones que, desde hace años, es señalado por especialistas y organismos de control como una de las principales fuentes de evasión fiscal del país. Distintos estudios estiman que el comercio ilegal y el contrabando provocaron durante 2025 una pérdida tributaria cercana a 2.300 millones de dólares, equivalente al 0,3% del Producto Interno Bruto (PIB). En ese contexto, mientras pequeños cargamentos reciben una intensa fiscalización en las rutas, persisten cuestionamientos sobre la capacidad -o la decisión política- de combatir con el mismo rigor las maniobras multimillonarias vinculadas al comercio exterior.
