

Violencia de género: detuvieron a Facundo Moyano por lesiones y privación ilegítima de la libertad
SN
(Buenos Aires; SN) – Facundo Moyano quedó detenido este martes por orden del fiscal Julián Pistone, acusado de los delitos de lesiones y privación ilegítima de la libertad en un presunto contexto de violencia de género.
La denunciante es Candela Arizaga, una influencer de 23 años que habría mantenido una relación con el exdiputado nacional e hijo del dirigente camionero Hugo Moyano.
El episodio ocurrió durante la madrugada en un departamento ubicado sobre avenida del Libertador al 5400, en el barrio porteño de Belgrano. La intervención policial se inició después de un llamado al 911 realizado por el encargado del edificio, quien alertó sobre una situación de violencia.

Según las primeras actuaciones, Moyano salió apresuradamente del inmueble detrás de la joven. Ambos fueron localizados a pocas cuadras, en la intersección de Virrey Vértiz y Sucre.
Arizaga fue asistida por personal del Sistema de Atención Médica de Emergencias y trasladada al Hospital Pirovano. Allí recibió atención médica y prestó una primera declaración ante la División Protección Familiar de la Policía de la Ciudad.
La joven denunció que había sido agredida. La investigación deberá determinar ahora qué ocurrió dentro del departamento y si Moyano le impidió abandonar el lugar.
La detención
A partir de los primeros testimonios, el fiscal Pistone, perteneciente a la Unidad Fiscal Norte, dispuso la detención formal del dirigente sindical.
Moyano fue alojado inicialmente en la Comisaría Vecinal 13A, donde permanecerá mientras la Fiscalía reúne pruebas y define su situación procesal.
La acusación incluye lesiones y privación ilegítima de la libertad, dos delitos que serán investigados dentro de un contexto de violencia de género.
La Fiscalía cuenta con un plazo inicial de 24 horas, prorrogable por otro período similar, para reunir los elementos necesarios y realizar la audiencia de intimación. Después podrá ordenar su liberación, imponerle restricciones o solicitar que continúe detenido.
La causa se encuentra bajo intervención del Juzgado Penal, Contravencional y de Faltas número 4, subrogado por la jueza Julia Correa.
Cámaras y testimonios
Entre las primeras medidas de prueba se ordenó el relevamiento de las cámaras de seguridad del edificio y de la zona.
También serán convocados posibles testigos, entre ellos el encargado que realizó el llamado al 911 y vecinos que aseguraron haber escuchado gritos y pedidos de auxilio durante la madrugada.
La Fiscalía buscará reconstruir los movimientos de Moyano y Arizaga antes de que ambos fueran encontrados por la Policía.
Las autoridades también aguardarán que la joven se encuentre en condiciones de ampliar su declaración y brindar detalles sobre lo sucedido dentro del departamento.
La posible presencia de drogas
Fuentes vinculadas con la investigación señalaron que, cuando fueron interceptados, Moyano y Arizaga presentaban signos que podrían resultar compatibles con el consumo de estupefacientes.
Hasta el momento no se informaron resultados de análisis toxicológicos que confirmen esa circunstancia. Por esa razón, la posible presencia de drogas forma parte del contexto investigado, pero no constituye todavía un hecho acreditado.
La determinación tampoco modifica el eje principal de la causa, centrado en establecer si existieron una agresión y una restricción de la libertad de la joven.
La defensa de Moyano
El abogado Miguel Molina asumirá la defensa de Facundo Moyano. El letrado ya había representado al dirigente en otros trámites judiciales, entre ellos su divorcio de Eva Bargiela durante 2025.
Molina se presentó junto con su socio Alfredo Gascón en la dependencia policial donde permanece alojado el acusado.
Moyano, de 41 años, fue diputado nacional durante una década y actualmente continúa vinculado con el Sindicato Único de Trabajadores de Peajes y Afines.
La Justicia deberá resolver su situación durante las próximas horas. Mientras tanto, permanece detenido y sometido a una investigación por lesiones y privación ilegítima de la libertad en un presunto contexto de violencia de género.


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