Alta Gracia: vecinos "justicieros" se enfrentan a los ladrones

(SN; Alta Gracia) "El delito es hijo de la marginalidad y la pobreza", dijo Facundo Torres Lima luego de la primera reunión de la Comunidad Regional junto al ministro Juan Pablo Quinteros. Durante los meses de febrero y marzo, la Unidad Regional Departamental Santa María registró una gran cantidad de hechos delictivos relacionados al hurto y al robo. Un detalle llamativo es que muchos de quienes cometieron el delito fueron capturados por otros civiles, víctimas u observadores. 

Teniendo en cuenta las declaraciones del legislador Torres Lima, se observa un cuadro de creciente conflictividad social en la que no solo aumenta la delincuencia, sino que también se habilitan reacciones peligrosas de las personas que ven amenazada, directa o indirectamente, su propiedad. 

En línea con las declaraciones del Legislador, el Jefe de la Departamental Santa María, el comisario mayor David Alejandro Ferreyra, reconoció que "puede haber un cierto crecimiento (de la delincuencia) debido a que hay familias que no llegan a fin de mes, y a veces aprovechan y se vuelcan a este tipo de delito para subsistir... pero la policía tiene que dar respuesta a eso, dejando de lado la parte económica".

Sin embargo, en sus declaraciones no menciona el fenómeno de la aprehensión civil y su creciente repetición. En los últimos días, particularmente el 28 y el 29 de marzo, sucedieron dos hechos en los que, según fuentes policiales, las supuestas víctimas salieron "al instante" a perseguir a los ladrones.

La locución adverbial "al instante" da cuenta de la celeridad, la irracionalidad y la desesperación de los vecinos ante una pérdida material que se construye simbólicamente en el imaginario argentino a partir del miedo y la ausencia de cualquier cosa que, ante su sustracción, se vuelve fundamental.

Además, esa sensación de ausencia refracta en la falta de un Estado que contenga y responda. De esta manera, se habilitan tales reacciones "heroicamente" individualistas.

También comienzan a habilitarse los discursos de la justicia por mano propia -siempre latentes- que incrementan la violencia y deterioran el precario pacto social. En Siempre Radio 93.3, un vecino al que le robaron una moto, no tuvo ningún reparo en decir que iba a tener que meterse en un barrio popular a recuperar su vehículo y "hacer justicia". 

Si tomamos este tipo de declaraciones en un contexto en el que la Ministra de Seguridad de la Nación premia a policías que disparan por la espalda, podría asegurarse que la aprehensión civil se vuelve un fenómeno extremadamente peligroso en el que la reacción deja de ser autopreservación, para convertirse en un valor social.

Como toda condición material de existencia, las aprehensiones civiles -violentas o no- y la justicia por mano propia son tomadas por la hegemonía política para constituir una estructura jurídico-política que habilita y presenta como generales este tipo de comportamientos salvajes.

De esta manera, Patricia Bullrich, excusándose en la situación de Rosario, presentó un reglamento general para el empleo de armas por parte de los miembros de las Fuerzas Federales de Seguridad.

"Las armas podrán ser utilizadas en situaciones de peligro inminente de muerte del propio agente o de ciudadanos frente a un ataque, para impedir la comisión de un delito cuando es particularmente grave, cuando un delincuente ponga resistencia a la autoridad o para impedir que se fugue", dijo la ministra en rueda de prensa. 

La resistencia a la autoridad o el peligro de fuga son las circunstancias propicias para el gatillo fácil. Basta con recordar que, en la enorme mayoría de los casos, se trató de personas asesinadas que fueron baleadas por la espalda.

A esto se le agrega la suspensión de fondos y programas de asistencia por parte del Gobierno Nacional que lanzan al ser humano a una pendiente de vértigo e incertidumbre. Según lo expuesto por Ariel Larroude, abogado y director del Observatorio de Política Criminal, en la revista Acción, ante la retirada de las agencias sociales, hay que prestarle atención a las fuerzas armadas y su capacidad de controlar y organizar el espacio público.

La situación lleva a realizar una serie de interrogantes acerca del accionar de las fuerzas policiales y del rol que ocupa la seguridad en el gobierno municipal. ¿Hay efectivos, equipos y presupuesto suficientes para hacer frente a una situación que se agrava con cada recorte del Gobierno Nacional? ¿Cómo abordar el problema frente al agotamiento de toda forma de contención social?

Facundo Torres Lima había remarcado que es necesario el trabajo conjunto entre Nación y Municipios. Pero la realidad es que el desamparo del Estado va en aumento y tanto ladrones como robados se ven librados a su suerte en pos de resguardar su individualidad y  sus prolongaciones. 

 A la situación caótica de la seguridad se le agregan las quejas por algunos robos en comercios y viviendas, que también generan malestar y el obvio recelo que cae -inevitablemente-  sobre el gobierno municipal que, haga los esfuerzos que haga, jamás podrá alcanzar una suerte de "Delito Cero".

Cabe recordar que la Municipalidad de Alta Gracia adhirió a la Ley de Seguridad Integral, la cual pone el énfasis en la capacitación de guardias urbanas en el uso de armas menos letales para que funcionen como auxiliares de la policía y en la incorporación de empresas privadas a la seguridad.  Por lo tanto, la estrategia política en relación a la seguridad por parte del oficialismo es un tanto compleja.

La crisis se agrava, el Estado se ausenta y la Municipalidad se convierte en el último bastión de un problema que la excede. Adopta una responsabilidad que nadie quiere agarrar, se hace cargo de una problemática que necesita respuesta y puede enaltecer su figura, pero como la excede, un solo crimen -con el valor que vimos que tiene la inseguridad en la sociedad argentina- recae sobre ella limando ferozmente su imagen.