El gobierno de Córdoba firmó un convenio con Abuelas de Plaza de Mayo a través del cual entregará las imágenes de las actas de nacimiento correspondiente al periodo 1976 – 1983 y la correspondiente base de datos. Se trata de archivos digitalizados que reúnen con 510.453 partidas.
Derechos Humanos 20 de marzo de 2023 Redacción SN
(SN, Córdoba) El gobernador Juan Schiaretti suscribirá este lunes, a las 11, un convenio de colaboración por el que se formaliza la entrega a Abuelas de Plaza de Mayo de las actas de nacimiento correspondiente al periodo 1976 – 1983 y la correspondiente base de datos.
La iniciativa se inscribe en el programa de “Digitalización de Actas de Nacimiento por la Identidad” iniciado en 2019, que permitió la digitalización de 510.453 partidas.
En Córdoba rige desde 2007 la Ley de la Memoria por la que se creó la Comisión y el Archivo Provincial de la Memoria, que desarrolla herramientas de colaboración del Estado para esclarecer delitos de lesa humanidad.
El propósito de la digitalización es acelerar los procesos de búsqueda y de restitución de las identidades sustraídas de los nietos y nietas en la última dictadura cívico – militar y se concretó a partir de un acuerdo con la Universidad Nacional de Córdoba.
El acto se llevará a cabo en el Centro Cívico provincial y podrá seguirse en vivo por las redes sociales del Gobierno de Córdoba:
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El Tribunal Oral Federal 2 de Córdoba continúa con el juicio a tres exintegrantes del Destacamento de Inteligencia 141 del Ejército por crímenes de lesa humanidad cometidos en 1979 durante la última dictadura cívico-militar, entre ellos Ernesto "Nabo" Barreiro.
Se trata de la causa denominada "Destacamento 144", en la que el tribunal dictó prisión perpetua para el excomodoro de la Fuerza Aérea Juan Carlos Santamaría; el encargado del Destacamento 144, Hugo Zalazar; el exoficial inspector del servicio D2, Armando Fernández; el excabo de la policía Marcelo Moroy; el exagente de Inteligencia, José Esteban Roccato y el excabo Ramón Dagoberto Álvarez.
La Legislatura de Córdoba aprobó la iniciativa que corrige los legajos de empleados y empleadas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial que fueron víctimas de la última dictadura cívico-militar.
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