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La activación de este tramo, que debía comenzar a reducirse gradualmente a partir de junio 2025, seguirá manteniéndose a disposición del BCRA por otros 12 meses.
“En tres meses, hay 3.6 millones de nuevos pobres, millones en emergencia alimentaria, sin acceso a los medicamentos, a la atención de salud, vivienda y servicios públicos. La profundización de la crisis social es inevitable”, aseguraron los representantes de la Asociación Americana de Juristas en la 55° sesión ordinaria del Consejo de los Derechos Humanos.
Nacionales16 de marzo de 2024 Redacción SN(SomosTélam) La Asociación Americana de Juristas (AAJ) denunció al gobierno de Javier Milei por violaciones al “sistema democrático, los derechos humanos y el desarrollo” en la 55° sesión ordinaria del Consejo de los Derechos Humanos de la Naciones Unidas con sede en Ginebra, Suiza, y alertó sobre el intento de cierre de la agencia de noticias Télam y otros organismos públicos.
“En los primeros días de Javier Milei como presidente de Argentina, desde diciembre 2023, se desataron un conjunto de medidas que contradicen derechos fundamentales de la Constitución del país, como también los derechos humanos y el derecho al desarrollo sostenible”, señaló la AAJ en su presentación.
En ese sentido, la entidad consideró que los medios a “los que se está recurriendo el gobierno argentino son inaceptables, por implicar violaciones graves de los procedimientos jurídicamente establecidos, y sobre todo son incompatibles con el sistema democrático”.
“El 12 de diciembre de 2023 anuncian medidas, incluyendo un 118% de mega devaluación de la moneda, causando una ola de aumentos de precios. Se impuso luego un represivo protocolo prohibiendo la protesta social, sancionando a los manifestantes y a las organizaciones convocantes. Se verificaron brutales detenciones arbitrarias y uso de armas químicas”, recordaron desde la AAJ.
Además, recordaron que el gobierno de Milei dictó un Decreto (el 70/2023) “desregulando el orden económico y social, en abastecimiento, precios, comercio, minería, extranjerización de las tierras y atención de la salud”.
“Suprimió derechos laborales, leyes ambientales, y normas que impedían la privatización de empresas y bienes del Estado, para entregar a corporaciones los recursos estratégicos del pueblo argentino. Con despidos masivos, ha retirado programas de asistencia. Eliminó el Ministerio de Mujeres, Género y Diversidad, la Agencia Nacional de Comunicaciones TELAM, y el Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo (INADI)”, se remarca en una presentación contra el gobierno de Milei por “violación al derecho al desarrollo” que presentó esta entidad de juristas.
En la sesión de este viernes, en la que participaron representantes de Estados miembros de la ONU y Organismos No Gubernamentales, la AAJ presentó un video grabado en el cual la jurista Claudia Rocca expone los fundamentos de la denuncia.
“Incluimos el caso del cierre de Télam por parte del Gobierno porque consideramos que se trata de una afectación al derecho a la información pública”, aseguró Rocca en diálogo con Somos Télam, quien repudió el intento de cierre de la Agencia.
Además, en su exposición, la AAJ subrayó que el gobierno argentino “amenaza y acusa a los legisladores, y a los gobernadores de las provincias, quitándoles los fondos coparticipables”.
“En tres meses, hay 3.6 millones de nuevos pobres, millones en emergencia alimentaria, sin acceso a los medicamentos, a la atención de salud, vivienda y servicios públicos. Con parálisis del consumo, caída de la producción industrial, y pérdida de puestos de trabajo, la profundización de la crisis social es inevitable”, fundamentaron.
El Consejo de DDHH de la ONU aceptó analizar la presentación de la AAJ, que podría pedir que el caso del cierre de la agencia de noticias Télam por parte del gobierno de Milei sea estudiado por el Relator sobre Derechos a la Información del organismo internacional.
La activación de este tramo, que debía comenzar a reducirse gradualmente a partir de junio 2025, seguirá manteniéndose a disposición del BCRA por otros 12 meses.
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