No es novedad el ataque de Javier Milei contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, Esta vez derogó la unidad de investigación de la desaparición de niños creada por la CONADI. Se trataba de una unidad fundamental para la búsqueda de los nietos.
Derechos Humanos14 de agosto de 2024 Redacción SN
(SN; con información NA) La Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo denunció hoy que el Gobierno nacional pretende eliminar mediante un decreto una unidad para la búsqueda de desaparecidos que se había creado en 2004 con el objetivo de facilitar la tarea de la Justicia en este tipo de casos.
"Me dan ganas de hacer una manifestación enorme con un pueblo que le diga al Gobierno que no tiene razón con este disparate", afirmó la presidente de la asociación Estela de Carlotto en declaraciones radiales.
La Unidad Especial de Investigación de la desaparición de niños como consecuencia del accionar del terrorismo de Estado (UEI) tiene como objetivo investigar los casos de nietos desaparecidos en una instancia prejudicial, que busca garantizar el derecho a la identidad y a la verdad.
“La eliminación de la UEI ralentizará la búsqueda de nuestros nietos y nietas y resultará un perjuicio para la ciudadanía, un obstáculo para la justicia y un gasto para el Estado”, expresaron desde Abuelas en un comunicado.
Entre otras tareas, la unidad tiene como misión asistir a jueces y fiscales en casos de posible sustitución de identidad, para evitar que se abran en la Justicia causas improcedentes.
“La UEI realiza una investigación preliminar que agiliza la tarea de la Justicia, no la duplica. Se trata de una herramienta ideada durante estos 40 años de democracia para hacer eficaz la búsqueda de nuestros nietos”, manifestó la asociación.
El decreto afirma que la creación de esta Unidad implicaba una delegación de facultades que, según la Constitución Nacional, son exclusivas del Poder Judicial y del Ministerio Público Fiscal.
En particular, se señala que el acceso directo e irrestricto a información confidencial sin intervención judicial, otorgado por el decreto ahora derogado, constituía una violación del derecho a la intimidad y otras garantías constitucionales, como el debido proceso.
El Gobierno fundamentó la derogación en precedentes jurisprudenciales de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que sostuvieron que la atribución de funciones jurisdiccionales a órganos administrativos es inconstitucional.
Asimismo, se subrayó que la investigación de delitos graves, como la desaparición forzada de personas, debe ser conducida por el Poder Judicial, en coordinación con el Ministerio Público Fiscal, para garantizar la imparcialidad y el respeto de los derechos fundamentales.
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