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En total, unos 150 padres se movilizaron hacia el frente de una institución religiosa de la localidad y exigieron la renuncia del representante legal.

Se trata de la primera vez que la ley sancionada que hace memoria sobre este episodio ocurrido hace 29 años, en el que murieron siete personas y que aún sigue impune.
Provinciales01 de noviembre de 2024 Redacción SN
(SN; con información de La Nueva Mañana) Esta semana, a poco de cumplirse un nuevo aniversario del atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero que provocó siete muertos, 300 heridos y miles de afectados por las detonaciones, la Legislatura de Córdoba aprobó la ley que instituye al 3 de noviembre como “Día de Conmemoración y Homenaje a las Víctimas del Atentado a la Fábrica Militar de Río Tercero”.

Desde el bloque de Hacemos Unidos por Córdoba, Miguel Siciliano acompaño el proyecto presentado en la Unicameral, recinto que por primera vez hizo memoria. La legisladora Brenda Austin destacó que la institución de este día de homenaje resulta “un acto de reparación”. También destacó el rol de los activistas de la memoria, quienes desde hace mucho tiempo llevan adelante una abnegada lucha a favor de la verdad y la justicia por lo ocurrido en Río Tercero, informó La Nueva Mañana.
El atentado
La explosión de la Fábrica Militar de Armamentos en la ciudad cordobesa de Río Tercero que mató a siete personas y dejó un saldo de más de 300 heridos sigue impune y continúa el reclamo de justicia, a 29 años del siniestro. Si bien hubo condenas, siempre fueron receptadas como insuficientes por parte de las víctimas, muchas de las cuales aún viven con secuelas tras las detonaciones.
A las 8.55 de ese viernes 3 de noviembre de 1995, alrededor de 20 mil proyectiles salieron despedidos, Río Tercero quedó reducida a escombros y se convirtió en un escenario de destrucción total y desolación.
Decenas de viviendas y autos terminaron en ruinas, mientras que toda el área urbana quedó llena de esquirlas y municiones de guerra.
Los lugares más afectados por la explosión fueron los barrios linderos a la fábrica: Cerino, Libertador, Las Violetas y Escuela, entre otros.
La población era de 44 mil habitantes y al menos 6 mil fueron evacuadas o autoevacuadas, al tiempo que el 10% emigró de la ciudad por temor a nuevas explosiones.
Romina Torres, Laura Muñoz, Aldo Aguirre, Leonardo Solleveld, Hoder Dalmasso, Elena Rivas de Quiroga y José Varela, las siete víctimas fatales del estallido eran ajenas a la fábrica, al igual que todos los heridos.

En total, unos 150 padres se movilizaron hacia el frente de una institución religiosa de la localidad y exigieron la renuncia del representante legal.

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