Jorge Conalbi Anzorena
(Alta Gracia; SN) En las últimas semanas, la ocupación de tierras fiscales en la zona de la excantera del cerro, sobre el camino a La Paisanita, escaló en visibilidad pública y tensión institucional. Según trascendió, ya son más de 90 las familias que se asentaron en esa región de monte nativo, entre las que se contabilizan al menos 160 niñas y niños. La zona está tipificada como “Roja” por la Ley Provincial de Bosques, lo que prohíbe expresamente cualquier tipo de urbanización.
La situación disparó un cruce de declaraciones entre oficialismo y oposición, mientras el gobierno municipal de Alta Gracia, encabezado por el intendente Marcos Torres Lima, evalúa los pasos a seguir.
El viceintendente Jorge de Nápoli confirmó a Sumario Noticias que se trabaja en la búsqueda de consensos dentro del Concejo Deliberante para encarar una gestión formal ante el Estado Nacional, dueño de las tierras en disputa. “La idea es lograr el aval de Nación para intervenir. La oposición radical presentó su proyecto de ordenanza, pero no difiere tanto del nuestro. Buscamos un acuerdo este martes”, explicó. A pesar de que el oficialismo cuenta con los votos necesarios, el acompañamiento opositor podría fortalecer la posición del municipio frente al gobierno de Javier Milei.
Duras críticas de Allende
La concejala radical Lucía Allende fue tajante: “No se arregla con un proyecto para dividir responsables en el Concejo, sino con decisiones que el Ejecutivo ya está en condiciones de tomar. No lo están haciendo por una decisión política”, afirmó.
Allende aseguró que la falta de acción por parte del oficialismo permitió que la situación se agravara. “Presenté un proyecto para que el Ejecutivo actúe, incluida una denuncia por usurpación. No sólo están en juego las tierras fiscales, sino la reserva natural y propiedades privadas vecinas”, señaló.
También cuestionó al gobierno municipal y lo acuso de permitir los asentamientos ilegales "por acción u omisión".
"Hay omisiones graves", sentenció Allende. "No se avisó a Nación, no se hicieron denuncias, se dejó avanzar la situación deliberadamente”. En esa línea, la concejala planteó dudas sobre posibles intereses ocultos detrás de la toma: “¿O hay interés para quedarse con esas tierras? Es algo que también me pregunto”, declaró.
Apoyo explícito
Dentro del mismo bloque radical, el concejal Martín Barrionuevo adoptó un tono más conciliador. Aunque también manifestó su desacuerdo con la usurpación, planteó la necesidad de generar políticas públicas claras y un banco de tierras con criterios transparentes. "Creo que hay que apoyar en esto al Intendente e instarlo a que que hagamos todos los tramites, así decide Alta Gracia y no que de Nación se desentiendan y nosotros lidiando aquí", dijo el presidente de la bancada de Alta Gracia Cambia.
“Debemos ponernos de acuerdo todas las representaciones políticas. Hay déficit habitacional, sí, pero también omisión en la planificación municipal. Estoy dispuesto a acompañar al Intendente en las gestiones necesarias, pero de manera ordenada y para los vecinos de Alta Gracia que cumplen con las normas”, expresó Barrionuevo.
El concejal también advirtió sobre situaciones irregulares: “Se han instalado personas que supuestamente compraron terrenos de manera informal. Hay vecinos que necesitan un lugar y por derecha no lo logran. No podemos mirar para otro lado”, afirmó. Consultado sobre un eventual desalojo, respondió que sólo apoyaría medidas “en el marco de la ley”.
