Complicidad judicial: comienza el 15ª juicio de lesa humanidad en Córdoba

(SN; Prensared) En la sala de audiencias del Tribunal Oral Federal n°2 (TOF2), se realizará un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en Córdoba. A partir de las 9:30, comenzará el juicio al ex magistrado Carlos Otero Álvarez, imputado por abuso de autoridad y violación a los deberes de funcionario público.

El tribunal que tramitará este proceso está conformado por Mario Martínez (Presidente, de La Rioja); Facundo Zapiola (Córdoba), José Escobar Cello (Santa Fe) y Cristina Giordano como cuarta jueza (Córdoba). Marisa Aragnón será la secretaria. (Hubo un cambio respecto a la información emitida en octubre que anunciaba como presidente a Zapiola).  Acusarán los fiscales Carlos Gonella y Facundo Trotta, de la Unidad de Asistencia para causas por violaciones a los Derechos Humanos durante el Terrorismo de Estado -Córdoba. Las abogadas Adriana Gentile y Patricia Chalup, representarán a las familias querellantes Pucheta, Vaca Narvaja y Baronetto. Los defensores particulares que asistirán al imputado son Julio Deheza y Marcelo Brito.

La importancia de este juicio

“Se trata de un juicio muy importante porque acá se va a ventilar la responsabilidad de ciertos sectores de la justicia federal en relación a personas que se encontraban, a disposición de las fuerzas de seguridad y del sistema judicial, porque estaban siendo investigadas en la denominada lucha contra la subversión. Esta causa, entonces, nos muestra cuál fue  el comportamiento de la Justicia federal  en relación al plan sistemático de persecución a militantes políticos”, valoró el fiscal general, Carlos Gonella, quien alegó junto a Facundo Trota, en el Juicio de los Magistrados en 2017.

Luego recordó que la Cámara Federal  de Casación Penal (CFCP) anuló la sentencia absolutoria a Otero Álvarez porque analizó que el tribunal que lo juzgó cometió errores en la valoración de la prueba, usó una mirada segmentada, entre otras arbitrariedades. “Lo que indica la ley ante esa situación es anular esa sentencia por carecer de valor jurídico. Y lo que indica el código es que haga de nuevo el juicio”.

Reivindicar la institución judicial

“El nuevo juicio a Carlos Otero Álvarez abre una doble expectativa. Por una parte, que finalmente se haga justicia completa, con la condena a quien fue absuelto en el 2017 por el tribunal que presidió Julián Falcucci. Y lo otro, es que la nueva sentencia, ajustada a los lineamientos de Casación Penal, aporte a reivindicar a la institución judicial, desprestigiada por las tantas veces que levanta la venda de sus ojos para proteger intereses corporativos”, reflexiona el querellante Luis Miguel Baronetto.

Valora que durante 49 años junto a un grupo de familiares y amigos de las víctimas de la UP1 “mantuvieron viva la memoria y el reclamo de justicia, con el patrocinio de Rubén Arroyo y María Elba Martínez; y ahora con  Patricia Chalup y Adriana Gentile”, agregó.

No duda en afirmar que es público y notorio que “la justicia en democracia apañó el colaboracionismo del ex secretario judicial, como lo definió el Consejo de la Magistratura, luego de mi denuncia en el 2008. No sólo hubo magistrados que después de desglosar la causa UP1, se apartaron por “amistad” o vínculos sociales, sino declaraciones públicas de apoyo por parte de jueces que compartían el tribunal”. Esta lentitud con olor a impunidad ha sido atizada por los apartamientos de funcionarios judiciales que forman parte de la llamada “Sagrada Familia Judicial”. Por caso, la exfiscal López de Filoñuk se apartó por “amistad íntima” ya que  el juez Haro había sido “un padre” para ella.

Este juicio debió ser parte de la causa Videla en 2010. Pero no fue así porque la ex jueza Cristina Garzón de Lascano, ordenó el desglose de expedientes que involucraban a funcionarios y magistrados, de la causa principal, donde se investigaba a militares, policías y médicos, tal como consta en la declaración de Baronetto, que recoge  la sentencia de la CFCP cuya función es revisar.

De 7 años de prisión a la absolución

El TOF N°2 de Córdoba (TOF2) juzgó en 2017 a un grupo de exfuncionarios judiciales imputados por delitos de lesa humanidad – secuestros, homicidios, violaciones y tormentos- en perjuicio de presas y presos políticos alojados en la Dirección de Informaciones (D2) de la Policía provincial y la Unidad Penitenciaria n° 1. Pero no alcanzó para que sean juzgados como partícipes necesarios.

La causa caratulada como  “Cornejo Antonio y otros S/Abuso de autoridad y violación de deberes tuvo como imputados a Antonio Sebastián Cornejo (exfiscal), Miguel Ángel Puga (exJuez), Ricardo Haro (exdefensor) y Carlos Otero Álvarez (ex secretario del Juzgado federal N°1, a cargo de Adolfo Zamboni Ledesma (fallecido), fueron juzgados. El tribunal conformado por  Julián Falcucci (Presidente), José Camilo Quiroga Uriburu y Jorge Sebastián Gallino, vocales, dictó condenas para los dos primeros y absolvió a los segundos.

Los fiscales expusieron en aquél momento los fundamentos probatorios que daban  cuenta de la complicidad durante judicial el terrorismo de estado. En esa oportunidad le advirtieron al tribunal que no aplicara el criterio utilizado por la Cámara Federal de Tucumán que dejó afuera por falta de mérito al ex secretario penal Luis Alberto López. Tal información era fundamental ya que el presidente de aquél tribunal, Julián Falcucci, votó en ese sentido cuando integró la Cámara de alzada.

La fiscalía había pedido siete años de prisión para Otero Álvarez, como  autor responsable del delito de abuso de autoridad en 62 hechos y omisión de informar a la autoridad competente de detenciones ilegales en 40 casos. (1)

Nuevo Juicio

En octubre de 2020, la sala 1 de la CFCP, resolvió hacer lugar a las peticiones y ordenó  “Anular el punto 9 de la sentencia impugnada” que absolvía al exsecretario penal y enviar las actuaciones al tribunal de origen  para que organice “un nuevo debate y dicte sentencia” siguiendo los lineamientos expuestos.

Para la Cámara  quedó claro que  hubo omisión de informar a la autoridad la comisión de un delito. Más cuando se trata de alguien que está obligado “por su profesión o empleo, y por su carácter de funcionario público”.

El fiscal general, Carlos Gonella había presentado un recurso de casación donde manifestaba que “se valoró erróneamente la prueba incorporada y se omitieron otros elementos que, de haber sido contemplados, hubiesen definido la cuestión de modo que no resultara un perjuicio para esa parte”,  concepto que  resalta el fallo. Asimismo, acota, que tal conducta se convirtió en un “presupuesto necesario e inescindible de la impunidad de los autores directos y mediatos del genocidio perpetrado en nuestro país”.

Asimismo, las representantes legales de las familias querellantes Raquel del Valle Altamira, Luis Miguel Baronetto y en calidad de patrocinantes de Elba Inés Pucheta, también manifestaron su agravio por la omisión de denunciar los homicidios de Marta Juana González y José Ángel Pucheta. Cabe aclarar que Raquel Altamira falleció por causa del coronavirus. Ahora asumió la responsabilidad su hija Carolina Vaca Narvaja.

Adriana Gentile, opina  que el exjuez “tomó conocimiento de los delitos y a sabiendas actuaba mal. Como expresó Petrone en su voto, la sentencia recortó la prueba, omitió  hacer una valoración acabada de la misma. Hizo un examen superficial de las circunstancias verificadas al momento de la presunta ejecución de los hechos. En síntesis, carece de fundamentación y por eso es responsable. Además, como expresó Ana María Figueroa, se apartó del paradigma de los derechos humanos, y de la naturaleza jurídica del derecho penal internacional”, remató.

En otro tramo de la sentencia, la Cámara afirma que el secretario penal conocía los hechos de tortura, robos, allanamientos, detenciones ilegales, violaciones, homicidios y toda clase de abusos denunciados por las víctimas pero eligió permanecer en silencio “amparándose en el pretexto de que era el juez competente el encargado de ordenar las medidas de investigación”.

Acuerdo de partes

En junio de 2023, se realizó una audiencia preliminar entre las partes para definir criterios sobre el juicio previsto para  el 27 de marzo de 2024 que finalmente se realizará ahora.

Con la participación de las partes y en base a los escritos presentados y las grabaciones de las audiencias de debate oral y público realizadas durante el juicio anterior, se resolvió incorporar por su lectura las acusaciones públicas y privadas. Incorporar además las cintas fílmicas de las grabaciones de las audiencias, con las declaraciones testimoniales brindadas por 21 testigos. También se decidió no convocar a testigos que ya declararon lo suficiente en varios juicios. El mismo criterio va para las  declaraciones testimoniales agregarlas por su lectura en el mismo juicio.

Por otra parte, se convocará a dos ex empleados del poder judicial de la nación en Córdoba para interrogarlos acerca de la modalidad de las declaraciones indagatorias en aquél momento. Se prevé que declaren un puñado de testigos entre ellos Juan Miguel Ceballos. hijo de  Miguel Ángel Ceballos retirado de la penitenciaría de San Martín, junto a Pablo Balustra, Jorge García, Hugo Oscar Hubert, Florencio Díaz y Marta Juana González de Baronetto-, para asesinarlos en un simulacro de intento de fuga.

 Todas y todos al juicio

Organismos de derechos humanos convocan a concurrir al TOF 2 “porque participar de estos juicios y conocer la verdad es un derecho”.

El juicio es oral y público pero como se sabe el espacio de la sala de audiencias es reducido. Desde el área de prensa informaron que no se transmitirá en directo por el canal del TOF 2 pero aseguran que se subirá el material luego de que termine cada audiencia. Dirección: Yrigoyen 670, esquina Crisol, Ciudad de Córdoba.