Recorte de medicamentos: con nulo sentido de justicia cargan en los jubilados

(SN; opinión) Sobre el cambio de cobertura de medicamentos de afiliados PAMI, atento a la comunicación oficial del día 2 de diciembre pasado, y comunicaciones posteriores recibidas durante la semana en el grupo de consejeros/as y federaciones que nos vinculan por Wasap, no puedo dejar de expresar mi opinión.

En los fundamentos de la decisión de cambiar la cobertura de medicamentos, los responsables actuales de PAMI refieren la “intención de enfrentar décadas de problemas económicos…”, de “realizar una gestión más ordenada y eficiente…” y “con orden y esfuerzo constante para sostener el funcionamiento de una Obra Social fundamental para millones de argentinos”.

En primer lugar y relación a ello expresar que coincido plenamente en el propósito resguardar un balance equilibrado entre ingresos y egresos para la sustentabilidad en el funcionamiento de PAMI. Sin embargo, no acuerdo con las medidas decididas para lograr ese equilibrio, como tampoco con los modos de comunicarlas e implementarlas.

Quiero recordar a mis compañeros consejeros nacionales que el Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (INSSJP) fue creado por ley N° 19032 en el año 1971 como Obra Social, o sea con la lógica institucional de garantizar la solidaridad en la cobertura sanitaria entre quienes tienen más y quienes tienen menos, entre aportantes sanos y los afiliados enfermos. En los dos primeros períodos administrativos se respetó el sentido y modalidad de funcionamiento prevista por la ley de su creación. Con posterioridad, la CGT comenzó a interferir modificando la conformación de su comisión directiva y en 1976 con la intervención del gobierno nacional, que perdura por 48 años hasta nuestros días, terminó por anularse la participación legítima y legal de los afiliados.

En el funcionamiento de PAMI intervienen numerosos actores sociales: interventores y directivos de planta política y personal de la carrera administrativa, proveedores particulares, empresas con convenio, prestadores profesionales y finalmente los afiliados y familiares, razón de ser y parte fundamental junto a los trabajadores activos del financiamiento de la obra social. Sin embargo, las medidas decididas no muestran intención de controlar, racionalizar o distribuir equitativamente los costos del desfasaje económico. Con nulo sentido de justicia se vuelve a cargar en jubilados y pensionados, el eslabón más débil de esa cadena de actores.

La modalidad elegida para reducir costos trabaja sobre los mínimos biológicos de los beneficiarios del sistema, con una base de cálculo equivalente al 1,5 de los ingresos previsionales mínimos, sin plantear medidas para mejorar la eficiencia de la inversión sobre los demás integrantes. Dichos ingresos son reconocidos por debajo de línea de indigencia, menos de lo necesario para la alimentación, lo que expresamente coloca al jubilado en la disyuntiva de elegir entre comer o pagar un medicamento.

Por otra parte, la implementación de la medida vuelve a colocar en el jubilado la carga y responsabilidad de gestionar un complicado subsidio a partir de tener que justificar cuestionables parámetros para demostrar su pobreza, sin tiempos ni información previa. Es imposible entender que el Estado Nacional con tantas alternativas y requerimientos de información, disponiendo de tantas posibilidades de entrecruzar datos sobre las personas, tenga que exigir un nuevo empadronamiento obligatorio. Todo sucede como si Pami requiriendo movilizaciones, tiempos de espera, trámites burocráticos, abandono de tratamientos, entre otras cuestiones, estuviera ejerciendo una violencia y carga de angustias que podría haber evitado sobre los más débiles. Basta observar las consecuencias de la medida en los locales y centros de información del Pami, lo que pone en evidencia una “política de descarte”, uno de los adultos mayores a través de un proceso de domesticación, desprecio e incomprensión.

Todo lo anterior no ha dejado de mortificarme esta semana por lo que no puedo dejar de compartirlo. Sin lugar a dudas es un tema que merece ser conversado y analizado con la visión de cada uno, respetando nuestras diferencias y respetando lo que interpreto es un compromiso que asumimos con los jubilados. Como consejeros espero seamos escuchados y poder aportar otras alternativas y medidas más equitativas y respetuosas de las leyes vigentes para los objetivos que se han planteado las actuales autoridades.

* Médico cirujano, especialista en administración sanitaria.