
Con el argumento de reducir costos y promover la competencia, el Ejecutivo se retira del control de precios del gas envasado, un insumo clave para los hogares más humildes.
Con 60 votos a favor, 6 en contra y una abstención, la Cámara alta apuró la salida del entrerriano, detenido en Paraguay por intentar ingresar al país con más de u$s200 mil sin declarar.
Política12 de diciembre de 2024 Redacción SN(SN; con información de NA) Pasado el mediodía de este jueves, el Senado de la Nación expulsó al legislador Edgardo Kueider (Entre Ríos), detenido en Paraguay por llevar más 200.000 dólares en efectivo sin declarar y por quien pesa un pedido de detención por parte de la Justicia argentina en otra causa por enriquecimiento ilícito.
Kueider fue removido del cargo por 60 votos afirmativos, seis negativos y una abstención, superando ampliamente los dos tercios necesarios.
La votación se encauzó alrededor del pedido de remoción que impulsó el interbloque peronista que lidera el senador José Mayans (Formosa) y que fue resistido hasta esta mañana por algunos integrantes del resto de las bancadas.
Los votos negativos los aportaron cuatro senadores del PRO: Alfredo De Angeli (Entre Ríos); Carmen Álvarez Rivero (Córdoba); Andrea Cristina (Chubut) y Martín Goerling Lara. Los restantes lo aportaron el correligionario Maximiliano Abad (Buenos Aires) y Carlos Camau Espínola (Corrientes). La abstención, por su parte, la aportó Juan C. Romero (Salta).
Contexto
El ingreso de la solicitud de quitarle los fueros a Kueider por parte de la jueza Sandra Arroyo Salgado minutos antes del inicio de la sesión, que arrancó pasadas las 11:20, pateó el tablero político de la Cámara alta y envalentonó a senadores de los bloques aliados al Gobierno que no estaban de acuerdo con votar la suspensión.
La suspensión de Kueider fue la opción intermedia a la que habían arribado La Libertad Avanza, el PRO y la Unión Cívica Radical (UCR) -ambos partidos con disidencias internas para plegarse a esa iniciativa-, al igual que los bloques denominados federales que, en su mayoría, tienen terminales en gobernadores.
Con el argumento de reducir costos y promover la competencia, el Ejecutivo se retira del control de precios del gas envasado, un insumo clave para los hogares más humildes.
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