Derechos humanos: repudian el despido de trabajadores en la ex ESMA

Luego del anuncio de cierre del Centro Cultural por la Memoria Haroldo Conti y del despido del personal dependiente de la Secretaría de Derechos Humanos, diferentes organizaciones realizaron un documento en repudio de la medida.

Derechos Humanos02 de enero de 2025 Redacción SN
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(SN; Derechos Humanos) Este jueves, luego del anuncio de cierre del Centro Cultural por la Memoria Haroldo Conti, que funciona en el ex Centro Clandestino de la ESMA, junto al despido de trabajadores, diferentes organizaciones repudiaron este accionar del secretario del área, Alberto Baños.

Una de estas instituciones es la Mesa de Trabajo por los Derechos Humanos de Córdoba. “Como ya expresáramos hace pocos días, esta decisión implica el desmantelamiento de áreas estratégicas en las que, a lo largo de años se sostuvieran las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, reconocidas por su enorme valor y trascendencia en el mundo entero”, inicia el documento.

Allí alertaron sobre el “desguace” que lleva adelante el Gobierno en la ex ESMA, la Escuela de Mecánica de la Armada, uno de los Centros Clandestinos de mayor envergadura que funcionó durante la Dictadura. “El Centro Cultural Haroldi Conti, una referencia en el campo artístico y de los derechos humanos cerró sus puertas y los trabajadores que no fueron despedidos tienen prohibido ingresar al espacio, quedando en situación de "guardias pasivas". La investigación histórica, la producción de pruebas y de información que nutren los procesos judiciales y el camino de Verdad, la tarea con testigos y victimas, el litigio como poder ejecutivo en las causas por delitos de lesa humanidad, la transmisión de la memoria, la política reparatoria en cumplimiento de la legislación nacional, quedan afectadas y en algunos casos ya no podrán realizarse”.

Por último afirmaron: “Expresamos nuestra solidaridad con todos los trabajadores y trabajadoras despedidos o sometidos a contrataciones de brutal precarización laboral, sepan que estamos para acompañarles en sus demandas, y arbitraremos todas las medidas que estén a nuestro alcance para denunciar ante los tribunales nacionales y los organismos internacionales estas políticas que derivan en graves violaciones a los derechos humanos por la que el Estado argentino, y sus responsables, deberán responder”.

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