(SN; Buenos Aires) Javier Milei autorizó a la Escuela Superior de Economía y Administración de Empresas (Eseade) a utilizar su imagen presidencial para promocionar una beca que lleva el nombre “Presidencia de la Nación”. La institución, fundada por su mentor Alberto Benegas Lynch, sostiene que el beneficio es privado, pero la cercanía con el mandatario genera cuestionamientos sobre posibles conflictos de interés y el uso de recursos públicos para fines privados.
El programa de becas, lanzado en febrero, cubre el 100% de los aranceles para estudiantes de grado y posgrado interesados en carreras vinculadas al liberalismo económico y la defensa de la propiedad privada, valores promovidos por Milei desde su ingreso a la política.
A pesar de que Eseade asegura que no hay financiamiento estatal, la campaña incluyó afiches con la imagen de Milei con la banda presidencial, el escudo nacional y un código QR para más información. La publicidad fue replicada en las redes sociales oficiales del mandatario, intensificando las sospechas de un uso indebido de la investidura presidencial para impulsar un proyecto privado.
Referentes del ámbito jurídico y académico cuestionaron la decisión. El abogado constitucionalista Roberto Gargarella advirtió sobre la confusión entre lo público y lo privado, mientras que el economista Roberto Cachanosky, exdocente de Eseade, recordó que renunció a su cátedra tras otorgarle un Honoris Causa a Milei, señalando que la universidad busca captar atención utilizando la figura presidencial.
El antecedente de la estafa con la criptomoneda $Libra, en la que Milei promocionó un proyecto privado que terminó en múltiples denuncias, refuerza las sospechas sobre la legalidad de estas prácticas. El senador Pablo Blanco anticipó que presentará un pedido de informe para esclarecer si hubo violaciones a la Ley de Ética Pública, que prohíbe a funcionarios utilizar recursos estatales para beneficio propio o de terceros.
Mientras tanto, la controversia crece y plantea interrogantes sobre los límites éticos de la gestión presidencial y la transparencia en el vínculo entre el Estado y el sector privado.
