(SN; Córdoba) Este martes y en medio del reclamo de trabajadores, el gobernador Martín Llaryora firmó el decreto que convirtió a la Empresa Provincial de Energía de Córdoba (EPEC) en Sociedad Anónima.
A través del portal web del Gobierno provincial informaron que EPEC pasará a denominarse “Empresa Provincial de Energía de Córdoba S.A.U.” y tendrá el 100 por ciento de sus acciones a nombre del Estado Provincial.
Llaryora estuvo acompañado por el ministro de Infraestructura y Servicios Públicos, Fabián López. “EPEC es una de las empresas de energía eléctrica más importantes y relevantes de la Argentina. Que está saneada, auditada, con los balances presentados en tiempo y forma, sin deudas con el sistema de distribución mayorista, y la única empresa del país con sistema de medidores inteligentes”, explicó el ministro López, quien describió que a partir de esta modificación la empresa podrá tener un rol protagónico más allá del sector eléctrico, en áreas como tecnificación del agro, energías alternativas y renovables, entre otras.
El ministro López explicó que la Empresa Provincial de Energía de Córdoba S.A.U también absorberá las funciones de la Agencia Conectividad Córdoba, prestando así servicio de internet dentro de la provincia. Además, el funcionario negó que esto signifique una privatización y afirmó que el vínculo con los trabajadores no se verá modificado. “No hay ninguna posibilidad de que este proceso que llevamos adelante implique una privatización de la empresa. Esta transformación implica un nuevo ropaje jurídico en una sociedad anónima unipersonal con un único dueño que es el gobierno de Córdoba que posee el cien por ciento de las acciones”, dijo.
El reclamo de los trabajadores
Frente a esta medida del Ejecutivo provincial, el Sindicato de Luz y Fuerza de Córdoba presentó el pasado 17 de febrero una cautelar y acción de amparo preventiva para que EPEC no funcione como una sociedad anónima.
Desde el gremio anticiparon que esta medida repercute en la división de la empresa, con pérdida de puestos de trabajo, altas tarifas y mala calidad del servicio debido al lucro como regla de juego impuesta por inversores privados.
Desde Luz y Fuerza remarcaron que el DNU 70/23 firmado por el presidente Javier Milei contempla empresas nacionales estatales, y no obliga la adhesión de las provincias. Además hicieron hincapié en que esta transformación en Sociedad Anónima es una amenaza al sentido social y público del servicio, que posibilitó llevar la energía a donde un privado no llega si no obtiene rentabilidad.
