(SN; Córdoba) La Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba confirmó la prisión preventiva en modalidad domiciliaria para el ex legislador provincial Oscar González, en el marco de la causa en la que se lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de activos. La medida había sido dispuesta hace dos meses y, ahora, fue ratificada tras el rechazo del recurso presentado por la defensa.
Según informó el tribunal, persiste el riesgo procesal vinculado a la posibilidad de que González entorpezca la investigación o eluda el accionar judicial. El fallo establece un plazo inicial de cuatro meses, prorrogable, para la detención domiciliaria, aunque aclara que este período no representa una fecha límite para su eventual liberación.
“El plazo no está puesto para la liberación, sino para que las investigaciones se realicen en un tiempo razonable, como lo exige la Convención Americana de Derechos Humanos”, señaló el presidente de la Cámara Federal, Abel Sánchez Torres, en declaraciones radiales.
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Además, el camarista explicó que, ante la complejidad del expediente, la fiscalía podrá solicitar una prórroga de la medida si lo considera necesario. “Se dan las dos causales de detención: riesgo de entorpecimiento de la investigación y posible fuga”, sostuvo Sánchez Torres.
La causa se originó tras el siniestro vial ocurrido el 29 de octubre de 2022, cuando González, al volante de un vehículo oficial incautado por el Estado, impactó de frente contra otro automóvil en el Camino de las Altas Cumbres. En ese hecho murió la docente Alejandra Bengoa y resultaron gravemente heridas dos adolescentes: Marina y Alexa.
A partir de ese hecho, se inició una investigación paralela por el patrimonio del ex legislador, que derivó en la imputación por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Según el fiscal federal Maximiliano Hairabedian, las penas podrían alcanzar hasta 21 años de prisión si se consideran los máximos previstos para ambos delitos.
Por su parte, la defensa del ex funcionario, representada por Miguel Ortiz Pellegrini, consideró que la resolución representa “una libertad a plazo”. “Dentro de cuatro meses, González debería salir en libertad si no hay una nueva prórroga. No es lo que esperábamos, pero es un paso hacia su libertad”, señaló el letrado.
Desde el arco político, la legisladora Luciana Echeverría, impulsora de la denuncia original, criticó la demora de la Justicia provincial en avanzar con la causa penal por el crimen vial. “Esto demuestra la complicidad del Poder Judicial de Córdoba. La causa por el crimen de las Altas Cumbres sigue sin ser elevada a juicio, a pesar de haber pasado más de dos años y medio. Seguimos exigiendo justicia para Alejandra, Marina y Alexa. Basta de impunidad”, expresó.
