(General Roca, Río Negro; SN) El Tribunal Oral Federal de General Roca condenó este 26 de mayo a integrantes de la comunidad mapuche Winkul Mapu por el delito de usurpación en Villa Mascardi. Las penas, todas de ejecución condicional, se dictaron en el marco de una causa que, según la Gremial de Abogados y Abogadas de la República Argentina, fue “armada” con fines políticos y represivos.
Entre las personas condenadas se encuentran la machi Betiana Colhuan (2 años y 2 meses), Luciana Jaramillo (2 años y 4 meses), Romina Rosas (2 años y 4 meses), Yessica Bonnefoi (2 años y 6 meses), María Celeste Güenumil (1 año) y Matías Santana (3 años, tras unificación con una condena previa por otro hecho). El fallo impuso también reglas de conducta, trabajos comunitarios, prohibición de acercamiento al predio en disputa -denominado “La Escondida”- y el pago de costas a las querellas.
La sentencia fue firmada por el juez Alejandro Adrián Silva, quien rechazó los planteos de la defensa, incluida la inimputabilidad de Colhuan por ser menor de edad al momento de los hechos y la invocación del principio de “non bis in idem”, al considerar que no se trataba de una doble persecución penal.
Desde la Gremial de Abogados, que representó a la defensa, Eduardo Soarez sostuvo que la causa fue “una operación judicial y política” desde sus inicios, impulsada por el gobierno de Mauricio Macri y la entonces ministra Patricia Bullrich, con la intención de desalojar la comunidad de un territorio que consideran sagrado. Recordó además que en 2017, en ese contexto represivo, fue asesinado Rafael Nahuel por fuerzas federales.
“La sentencia estaba cantada desde el primer día”, expresó Soarez, quien calificó el proceso como “una farsa jurídica al servicio del racismo y los intereses de terratenientes y empresas”. Agregó que durante la gestión del Frente de Todos hubo intentos iniciales de mediación, pero que luego el mismo gobierno avanzó con represión, dejando allanado el camino a la actual administración de Javier Milei.
En su análisis, el abogado destacó que la firme resistencia de la defensa y de los propios imputados evitó condenas de cumplimiento efectivo. “Nos la vendieron cara, pero no pudieron encarcelarlos. Seguiremos agotando las vías recursivas”, afirmó.
El tribunal también decidió mantener bajo custodia estatal el Rewe, símbolo espiritual mapuche, y su eventual remoción quedó sujeta a otro proceso judicial en curso.
