Con el respaldo de una amplia mayoría opositora y el rechazo del oficialismo, Diputados dio media sanción a la ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta fines de 2026. El proyecto contempla la actualización de pensiones y prestaciones, y fue impulsado tras fuertes reclamos de organizaciones del sector.
Política05 de junio de 2025 SN
(SN; Buenos Aires) La Cámara de Diputados aprobó en la madrugada de este jueves la declaración de Emergencia en Discapacidad en todo el país, con 148 votos afirmativos, 71 negativos y tres abstenciones. La medida, que regirá hasta el 31 de diciembre de 2026 (con posibilidad de prórroga por un año), establece una recomposición de las prestaciones arancelarias y una actualización mensual automática de las pensiones no contributivas conforme al Índice de Precios al Consumidor (IPC).
La sanción contó con un amplio respaldo de los bloques opositores, mientras que fue rechazada por el oficialismo de La Libertad Avanza. El debate parlamentario reflejó posturas encontradas respecto a las responsabilidades fiscales y sociales del Estado, en un contexto de fuertes reclamos de los sectores vinculados a la discapacidad que desde hace meses vienen movilizándose para exigir mejoras en el sistema.
Entre los puntos centrales de la ley se destacan la retroactividad de la recomposición al 1° de diciembre de 2023, la actualización del nomenclador de prestaciones, y la fijación de las pensiones por discapacidad en el 70% del haber jubilatorio mínimo.
Durante el debate, la diputada radical Soledad Carrizo sostuvo que “este sistema de discapacidad está necesitando que todos nosotros nos pongamos a buscar una salida razonable y coherente, para que las personas con discapacidad tengan lo que realmente necesitan”.
Por su parte, Melina Giorgi, de Democracia para Siempre, advirtió que “el equilibrio fiscal no se puede buscar a través del ajuste del sector de discapacidad. Las personas con discapacidad tienen derechos y deben ser respetados”.
Desde el Frente de Izquierda, Vanina Biasi remarcó que es necesario garantizar que “el colectivo que debe ser asistido por discapacidad reciba lo que merece y que realmente podamos llevar adelante cambios significativos que cambien su vida”.
El diputado Eduardo Valdés, de Unión por la Patria, denunció que los transportistas del sector “no están pudiendo hacer su trabajo porque les pagan 500 pesos por kilómetro”. “Mi compromiso con la discapacidad que hoy está en emergencia es por el compromiso con los papás que lo único que sueñan es que va a hacer la vida de su hijo cuando no estén”, afirmó.
Desde el oficialismo, el legislador fueguino Santiago Pauli defendió al Gobierno nacional. “Frente a la inflación del 117% del 2024, el aumento fue del 99%. Son 18 puntos porcentuales de diferencia. En cambio, en el 2023 la inflación fue del 211% y el aumento que dio el Gobierno anterior fue del 93%. ¡La emergencia es toda de ustedes!”, lanzó. Además, acusó a gestiones previas de utilizar los recursos del sector para el clientelismo político.
Según la Oficina de Presupuesto del Congreso, el impacto fiscal por el aumento de pensiones podría ubicarse entre 1,8 y 3,6 billones de pesos, dependiendo de la cantidad de nuevas altas, estimadas entre 493 mil y 946 mil personas. Además, se prevé una compensación de $278.323 millones por el desfasaje inflacionario del 2024 y un refuerzo de $7.160 millones para los talleres de producción.
La media sanción llega tras meses de movilización por parte de familias, organizaciones y profesionales del área, que reclamaban una ley que permitiera recomponer los valores de las prestaciones y asegurar condiciones dignas de vida para las personas con discapacidad. Ahora, la iniciativa deberá ser debatida en el Senado para convertirse en ley.
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