(SN; Alta Gracia) Tras las denuncias difundidas en medios por parte de un padre que acusó a la comunidad Amatreya de ser una secta con prácticas coercitivas y manipulación psicológica hacia su hijo y su expareja, integrantes de dicha comunidad respondieron en el programa "Juntos a la Par", conducido por Marcelo Paez en Siempre Radio, con el objetivo de “aclarar la situación” y “defender el buen nombre” de la asociación civil. De paso, dejaron un sutil amenaza al periodismo advirtiendo sobre eventuales acciones judiciales.
El pasado 9 de junio SN publicó el testimonio de un hombre quien -también en diálogo con Siempre Radio- había asegurado temer por la salud de su hijo, quien vive junto a su madre en la comunidad que se instaló años atrás en el Valle de Buena Esperanza.
Tamina Álvarez, Franco Giacardi y Daniel Ardita hablaron públicamente por primera vez sobre el conflicto. “Somos una asociación civil legalmente constituida, con un proyecto de vida comunitaria centrado en la cultura de paz, el respeto por la naturaleza y el desarrollo humano integral”, explicó Giacardi, vicepresidente de la organización.
Ardita, abogado y asesor del Consejo de Ayuntamientos Sustentables de América Latina, fue tajante al responder a las denuncias del padre: “Nunca vivió en Amatreya. Su denuncia parte de una historia judicial previa en Traslasierra, donde fue denunciado por su expareja por agresiones físicas y verbales. Fue retirado por la fuerza por orden de restricción y en ese contexto comenzó a acusar a las comunidades de ser sectas”.
Según el letrado, las acusaciones mediáticas del hombre son “falsas, incoherentes y contradictorias”, y alertó sobre la forma en que los medios las replicaron: “Es grave que un periodista tome los dichos de un individuo, sin contrastarlos, y los convierta en una verdad. Esto puede derivar en responsabilidades penales y civiles”.
También se refirió al caso judicial que involucró a la comunidad en 2011, cuando se cuestionó la tenencia temporal de once niños por parte de Amatreya. “La Justicia determinó que no hubo ningún tipo de riesgo ni situación irregular. La escolarización fue interrumpida por dilaciones judiciales, no por decisión de la comunidad”, sostuvo.
Por su parte, Álvarez aclaró que hoy los niños que residen en la comunidad asisten a escuelas rurales o rinden libre en instituciones públicas o privadas, según decisión de cada familia. “Amatreya no impone. Cada familia elige cómo educar, cómo atender su salud. Algunas eligen el plan de vacunación oficial, otras complementan con medicina alternativa. Es una comunidad diversa”, explicó.
Consultados sobre la vida cotidiana, los integrantes negaron cualquier aislamiento. “Entramos y salimos de la comunidad. Visitamos a nuestras familias, trabajamos afuera, organizamos actividades con vecinos. No somos una isla”, afirmó Giacardi. Además, destacaron que la comunidad realiza actividades con instituciones públicas, como la UNC, y que sus miembros tienen empleos, oficios y redes de intercambio con otros productores.
Sobre la posibilidad de iniciar acciones legales contra el denunciante, indicaron que aún lo están evaluando. “Nos organizamos de forma asamblearia. Estamos en proceso de reflexión para decidir cómo proceder ante estas calumnias”, indicaron.
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