Humo libertario para quienes sólo tienen esperanzas

(Alta Gracia; SN) - Se trata de una simple constancia de solicitud de encuesta, el título resalta: CERTIFICADO DE VIVIENDA FAMILIAR. Así, en mayúsculas y negrita, como para darle mayor entidad a un trámite realizado en la Anses de Alta Gracia que comanda el excandidato libertario Darío Cuffa. El formulario lo encabeza el logo del ReNaBaP, el Registro Nacional de Barrios Populares.

Aunque esa hoja de papel apenas si certifica el pedido de ser relevado, el solicitante la atesora como si fuera una escritura. Es lo único con lo que cree contar para poder disputar con algún viso de legalidad el pedacito que le tocó en la toma de tierras en la zona de las antiguas Canteras del Cerro, camino a La Paisanita.

Se trata de 38 hectáreas de bosque nativo catalogadas como zona roja en la Ley Provincial de Bosques y, por ende, donde rige -o debería regir- la más absoluta prohibición de edificación. Vale aclarar, no es la única zona protegida en Alta Gracia en donde la ley de bosques ha sido violentada sin miramientos. De hecho, en marzo pasado, el Centro Vecinal de Valle de Buena Esperanza reclamó ante el Concejo Deliberante ser sumado al debate por un  nuevo Plan de Ordenamiento Urbano y Territorial (Pout). La intención de la organización que preside Mané Chiotti es que la zona sea declarada reserva natural porque en los últimos años "se han realizado desmontes, loteos y proyectos de viñedos violando la legislación y sin controles gubernamentales".

Vista aérea del asentamiento de viviendas precarias en la toma de tierras en las Canteras del Cerro, camino a La Paisanita, calificadas como "zona roja" por la Ley Provincial de Bosques.

Esas hectáreas de las antiguas Canteras del Cerro -ubicadas en el ejido de Alta Gracia- son propiedad del Estado Nacional que Javier Milei se esfuerza en destruir. Cuando asumió el actual presidente, en la Municipalidad creyeron ver la posibilidad de que la zona pudiera ser traspasada al estado local y proyectar allí una reserva natural: "De ninguna manera", fue la respuesta. "Vamos a vender esas tierras, como todas las que tiene el Estado", agregó sin levantar los pies del escritorio un twitero por entonces devenido en flamante funcionario nacional.

En Alta Gracia, los únicos barrios populares incluidos en el ReNaBaP son Bº La Perla, el Loteo Social 8 de Agosto, Bº 1º de Mayo, Bº Sabattini, Bº Cerrito, Bº Parque San Juan y Orilla del Canal. No hace falta ninguna exhaustiva investiigación para llegar a la conclusión de que el ReNaBaP de la era Milei se encuentra vaciado e inactivo. Cuesta imaginar que la administración libertaria destine siquiera un ínfimo presupuesto a la atención de este tipo de problemática social o busque respuestas institucionales a las tomas de tierras.

Eso sí, en la Anses de Alta Gracia se entregan estos certificados de vivienda familiar a personas que se han instalado en una zona donde está prohibida cualquier clase de urbanización, alimentando esperanzas surgidas desde el fondo de la desesperación.

Mención aparte merece recordar que un acuerdo vigente establece que la Municipalidad de Alta Gracia es garante de que no se extiendan los asentamientos en tierras del Estado Nacional, aún cuando funcionarios de la Nación los estén alentando.

Durante la emisión del programa Lo Viejo Funciona -que se transmite los viernes a las 12:30 por Siempre Radio 93.3 FM- la periodista Claudia Moreno consideró que “la entrega de esos certificados es una estafa política y una falsa ilusión para los vecinos y vecinas que viven allí”. Según explicó, el lugar no se encuentra oficialmente reconocido dentro del ReNaBaP, condición necesaria para que las familias asentadas puedan acceder legalmente a servicios básicos como agua y electricidad.

Moreno -especialista en temas territoriales- recordó que, según la normativa que rige desde 2017, para que un asentamiento sea incorporado al ReNaBaP debe contar con el acompañamiento de organizaciones sociales o territoriales que acrediten un trabajo colectivo en torno a un proyecto sociocomunitario. “No alcanza con que una persona se asiente en un lote para que se genere un barrio dentro del registro”, remarcó.

La periodista explicó que el certificado de vivienda familiar que otorga la Anses debería acreditar que la persona reside en un lote formalmente reconocido por el registro, lo cual permite gestionar el acceso a servicios ante empresas como Epec. “En este caso, no hay ningún registro oficial ni amparo legal que garantice el acceso a derechos. Por eso digo que es una estafa”, insistió.

Asimismo, advirtió que las familias del sector podrían ser desalojadas en cualquier momento, ya que no existe respaldo municipal, ni marco legal, ni planificación habitacional que ordene la situación del asentamiento. “No hay una propuesta de espacio común, de comunidad o de política pública. No hay nada”, subrayó.

Moreno también señaló que, desde el 29 de noviembre de 2023, el ReNaBaP no ha registrado nuevas incorporaciones, al menos en su versión digital. “Desde la llegada del gobierno de Milei, todo el andamiaje territorial y organizacional quedó paralizado”, afirmó.

Por último, denunció que el Fondo de Integración Socio Urbana (Fisu), creado junto con el ReNaBaP para financiar mejoras en infraestructura en barrios populares, fue eliminado recientemente mediante el decreto 312/2025 del Gobierno Nacional. Ese fondo se destinaba, entre otros usos, a subsidios, líneas de crédito sin interés y proyectos de prevención, como la compra de cisternas en zonas de riesgo de incendios.

Es decir, la Anses que comanda Cuffa entrega certificados sin respaldo legal, en zonas no habilitadas ni por la Ley de Bosques ni por el ReNaBaP, y encima ya no existen fondos para mejorar las condiciones de vida de las personas a las que se les extiende la certificación. Doble abandono.

Una perlita de la payasada ideológica libertaria: en campaña fustigaba contra "la aberración de la Justicia Social". Ya en el gobierno vende humo a quienes la esperanza es lo único que les queda... a meses de las elecciones.