La toma del Cerro: judicialización y extrema cautela oficial

(SN; Alta Gracia) Frente al crecimiento de viviendas precarias construidas en terrenos fiscales al sur del ejido urbano, el viceintendente Jorge De Napoli sostuvo que el municipio trabaja dentro de un marco judicial ya en curso y que se encuentra limitado en sus acciones debido a que se trata de tierras pertenecientes al Estado Nacional, ubicadas en una zona de protección ambiental.

La problemática fue abordada en Siempre Radio, donde De Napoli dialogó con Marcelo Páez y brindó detalles sobre la situación. Según explicó, se trata de un sector cercano a las canteras del cerro, camino a La Paisanita, donde hoy viven aproximadamente 90 familias, entre ellas unos 160 niños y niñas. Las construcciones se levantan sobre suelos protegidos, clasificados como zona roja ambiental, lo que agrava la situación legal.

Humo libertario para quienes sólo tienen esperanzas

“El tema está judicializado y tiene intervención de la Justicia Federal. En el último dictamen se conformó una mesa de trabajo conjunta entre Nación, Provincia y Municipio para abordar el problema habitacional y la preservación ambiental”, explicó el viceintendente. En esa línea, remarcó que el área está siendo tratada desde la asesoría letrada del municipio y que cualquier decisión debe partir de ese ámbito.

De Napoli aclaró que la Municipalidad no tiene injerencia directa sobre los terrenos fiscales ocupados, aunque acompaña las gestiones que el intendente Marcos Torres viene realizando ante la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE). “Se trata de tierras que pertenecen a la Nación y que históricamente fueron parte del ferrocarril. En el sector norte de la ciudad, esa cesión permitió avanzar en obras públicas y urbanísticas. En este caso, estamos trabajando para que se defina un camino similar, pero el marco legal es más complejo”, señaló.

Consultado sobre la entrega de certificados de vivienda familiar por parte de ANSES, que algunos vecinos recibieron recientemente, De Napoli se mostró cauto: “Desconozco los procedimientos específicos del organismo. Si ANSES emitió esos certificados, deberá explicar su alcance. Desde el municipio no tenemos participación en ese trámite”.

Finalmente, el viceintendente sostuvo que la Municipalidad mantiene una postura de cuidado del entorno y que cualquier respuesta debe contemplar tanto el derecho a la vivienda como el respeto a las normativas ambientales vigentes. “Hay familias viviendo allí, pero también hay un ecosistema que debemos proteger. El trabajo articulado entre los distintos niveles del Estado es clave para encontrar una solución”, concluyó.

Desde Siempre Radio y SN también se intentó dialogar con Daniel Villar, responsable del área jurídica municipal, sin obtener respuesta al momento. La situación sigue en desarrollo.