(SN; con información de C5N) En una sesión especial convocada por la oposición y que el oficialismo definió como inválida, el Senado aprobó este jueves la emergencia para personas con discapacidad, además de la recomposición del 7,2% en los haberes jubilatorios y la prórroga de la moratoria previsional.
Luego de que se reestableciera el sistema digital de votación, que estuvo varios minutos sin funcionar, los legisladores sancionaron el proyecto de ley que declara la emergencia en discapacidad en todo el territorio nacional hasta el 31 de diciembre del 2026, con 56 votos a favor y sin negativos ni abstenciones.
De esta manera, la iniciativa estará vigente hasta el 31 de diciembre de 2027, es decir, hasta después del final del gobierno de La Libertad Avanza y reformula las pensiones no contributivas y actualiza aranceles, así como compensaciones económicas y otras cuestiones.
“Tenemos que actualizar el Certificado Único de Discapacidad. El trámite con el CUD es hoy toda una complicación y este proyecto propone una metodología en este sentido”, subrayó el vicepresidente de la comisión de Presupuesto y Hacienda, Fernando Salino.
Por su parte, la diputada entrerriana Stefanía Cora advirtió que “el Estado está en deuda” con las personas con discapacidad y que este texto “pone requisitos claros y exige auditorías”.
El cordobés Luis Juez, más cercano al Gobierno, manifestó: “Alguien tiene que hablar y contar lo que ellos no pueden. Esta ley de emergencia mínimamente, porque ni siquiera es una reparación, intenta darle a un sector invisibilizado de la sociedad un acompañamiento”.
Los principales puntos de la ley de emergencia en discapacidad
La iniciativa establece la definición de un presupuesto para actualizar las retribuciones para los prestadores de servicios de transporte, acompañantes terapéuticos, hogares, entre otros.
Además el proyecto busca aumentar los fondos correspondientes a los trabajadores con discapacidad que son empleados en talleres asistidos: en la actualidad cobran $28.000 mensuales, un monto tiene aumentos desde febrero del 2023.
También exige una mayor eficiencia en el proceso de auditorías y aprobación de pensiones, dado que en los últimos 14 meses se otorgaron 586 de las 500.000 solicitudes.
