Se trata de Maximiliano Ochoa Roldán y otros seis imputados, quienes seguirán detenidos. La investigación arrojó que usaban recursos del Estado para fines personales, a través de extorsiones, coacciones y desalojos “exprés”.
Provinciales25 de agosto de 2025 Redacción SN
(SN; con información de Cba24N) Este lunes se conocieron nuevas medidas judiciales en el escándalo desatado con funcionarios de Policía Caminera, quienes son investigados por la utilización de recursos del Estado para fines personales, a través de extorsiones, coacciones y desalojos “exprés”.
Lo cierto es que el fiscal de Instrucción del Distrito 3, Guillermo González, dictó la prisión preventiva para Maximiliano Gabriel Ochoa Roldán, exdirector de la Policía Caminera de Córdoba. La medida está enmarcada en la causa por asociación ilícita, donde está señalado como jefe de una banda integrada por otro seis imputados, en su mayoría efectivos de la Policía de Córdoba, informó Cba24N.
Ochoa Roldán está acusado por los delitos de asociación ilícita en carácter de jefe, encubrimientos por omisión de denuncia y encubrimiento agravado por su condición de funcionario público. Ademas se contempla allí enriquecimiento ilícito por uso de información reservada con fines de lucro, peculado de servicio, coacción y extorsión.
Esta orden de detención abarca también a Gabriel Élido Burkhard (organizador), Martín Darío Heredia, Leonardo Javier Torres, Jorge Alberto Gutiérrez, Gastón Miguel Ochoa Roldán y Dante Gabriel Villalba, cada uno con distintos grados de responsabilidad.
En el caso de Gutiérrez y Gastón Ochoa Roldán, el fiscal fijó un plazo de 60 días de prisión preventiva. En cuanto a Villalba, se dispuso la excarcelación bajo una fianza real de 20 millones de pesos y otras condiciones.
Según la resolución, los elementos de prueba recolectados acreditan en esta etapa la existencia de una organización que actuaba de manera prolija y coordinada, con división de tareas y el objetivo de obtener beneficios económicos. La banda habría operado en distintos lugares de Córdoba, utilizando bienes y recursos estatales.
Guillermo González destacó la gravedad institucional del caso, al estar involucrados distintos funcionarios policiales de jerarquía y con años de servicios, que además ejercían como abogados.
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Se trata de Maximiliano Ochoa Roldán y otros seis imputados, quienes seguirán detenidos. La investigación arrojó que usaban recursos del Estado para fines personales, a través de extorsiones, coacciones y desalojos “exprés”.
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