(SN; Buenos Aires) La eliminación temporal de retenciones a las exportaciones de granos derivó en un beneficio multimillonario para las grandes cerealeras. Los pequeños y medianos productores quedaron afuera. En apenas dos días, las compañías nucleadas en CIARA CEC declararon ventas futuras por 19,5 millones de toneladas (valuadas en 7.012 millones de dólares), generando una ganancia neta estimada de 1.500 millones de dólares.
La maniobra benefició principalmente a Bunge–Viterra, LDC, COFCO, Cargill, Molinos Río de la Plata y AGD, y fue señalada por el dirigente rural Pedro Peretti como un acuerdo entre el sector privado y el Gobierno. “Estas medidas no se toman al azar. Se consensuan con las exportadoras en función de la existencia de granos en manos de las compañías y los productores. La tenían, la vendieron y se la llevan”, sostuvo.
Cómo funciona la maniobra
La maniobra denunciada se apoya en el uso de las DJVE, el instrumento administrativo donde las empresas anotan ventas al exterior. Al registrar una DJVE con la condición de retenciones cero, la exportadora logra fijar la condición impositiva de esa operación. Las dos vías principales por las que la ganancia queda en manos de las exportadoras son:
Existe además el riesgo de triangulación, importando soja desde Paraguay o Brasil para procesarla en puertos y cumplir embarques, práctica utilizada en el pasado para reducir el pago de retenciones. Esto permite integrar operaciones regionales y disminuir costos fiscales.
Así, las exportadoras se quedan con el beneficio económico, mientras los productores —especialmente pequeños y medianos— no perciben compensación y, en muchos casos, enfrentan descuentos en el precio que se les abona.
La presidenta de Federación Agraria Argentina, Andrea Sarnari, afirmó que la decisión “no estuvo pensada para incentivar al sector productivo” y advirtió que “genera más imprevisibilidad”. Javier Preciado Patiño señaló que los productores podrían resistirse a vender si no reciben precios acordes a la baja de retenciones, lo que abriría un nuevo escenario de tensión.
La Sociedad Rural Argentina, a través de su presidente Nicolás Pino, manifestó sentirse “estafada”: “¿Llegó este beneficio al productor genuino? ¿Lo pudo aprovechar? Hay que tener datos concretos”, dijo.
La medida también implica una pérdida de recursos fiscales para el Estado, lo que anticipa mayor presión sobre el gasto público. El dirigente Claudio Lozano (Unidad Popular) advirtió que se trata de un esquema de “ganar–ganar” para las cerealeras: ya sea utilizando granos que obtuvieron descontando las retenciones a los productores o comprándolos con el mismo mecanismo de descuento.
Desde el Observatorio de Economía Política de la UBA, Ignacio Drake sostuvo que “se deja de manifiesto quiénes son los ganadores y perdedores dentro de este gobierno: los grandes exportadores frente a productores medianos y pequeños, y agricultores familiares que abastecen el mercado interno”.
La situación remite a antecedentes históricos. En 2007, maniobras similares dieron origen a la Ley Martínez Raymonda, que obligaba a verificar si las cerealeras tenían los granos en su poder antes de declarar las ventas. Entonces, la AFIP denunció que las empresas habían adelantado DJVE para pagar retenciones con alícuotas más bajas, generando deudas por 1.700 millones de dólares.
El diputado Eduardo Valdés (Fuerza Patria) presentó un pedido de informes para determinar si las empresas tenían la mercadería al registrar las nuevas DJVE, según lo dispuesto por la mencionada ley.
