Salvadora Onrubia
(Buenos Aires; SN).- En diciembre de 2020, Argentina se convirtió en un faro para la región al legalizar el aborto. Sin embargo, los derechos no solo se conquistan en el Congreso; se sostienen con presupuesto, gestión y voluntad política. Hoy, ese sostén parece estar resquebrajándose. Según el análisis de León Nicanoff en ElDiarioAr, el gobierno de Javier Milei ha iniciado un proceso de "vaciamiento" que, sin derogar la ley formalmente, busca neutralizarla en la práctica.
El ajuste como herramienta de desmantelamiento
El artículo de Nicanoff pone el foco en una realidad incontrastable: el "ajuste" no es solo una cifra macroeconómica, sino que tiene un impacto directo en la autonomía de las mujeres y personas gestantes. La reducción de partidas presupuestarias ha afectado la compra y distribución de insumos críticos, como el misoprostol y la mifepristona, elementos esenciales para garantizar abortos seguros y ambulatorios.
Pero el recorte no es solo material. El desmantelamiento de equipos técnicos territoriales y la degradación del Ministerio de Salud (que hoy opera bajo una lógica de mínima intervención) han dejado a las provincias y municipios a merced de sus propios recursos y, lo que es más peligroso, de sus propias resistencias ideológicas.
El regreso de las barreras geográficas y subjetivas
Uno de los puntos más alarmantes que destaca el informe de ElDiarioAr es la multiplicación de las barreras de acceso. Lo que antes era un camino aceitado por la Dirección Nacional de Salud Sexual y Reproductiva, hoy se ha vuelto un terreno minado por:
Nicanoff no ignora el contexto simbólico. El gobierno de Milei no solo ajusta las cuentas, sino que mantiene una retórica hostil hacia la Ley 27.610, calificándola frecuentemente como parte de una "agenda sangrienta". Este clima de época genera un "efecto disciplinador" sobre los profesionales de la salud que, temerosos de represalias o falta de respaldo jerárquico, podrían optar por no garantizar la prestación.
Un derecho bajo asedio
El artículo de ElDiarioAr funciona como una señal de alerta. La estrategia oficial parece clara: si no se puede derogar la ley en el Parlamento por falta de mayorías, se la asfixia mediante la desfinanciación.
A casi un lustro de aquel "pañuelazo" que cambió la historia, la lección es amarga pero necesaria: los derechos no son conquistas permanentes, sino territorios que deben defenderse día a día. El vaciamiento de la Ley de Aborto no es solo una cuestión de salud pública; es un retroceso democrático que afecta, como siempre, a los sectores más vulnerables de la sociedad.
