Salvadora Onrubia
(Buenos Aires; SN).- El gobierno de Javier Milei enfrenta esta semana una de sus pruebas más ácidas en materia financiera, dejando al desnudo una vulnerabilidad estructural que la gestión no ha logrado resolver: la incapacidad de acumular reservas propias suficientes para cumplir con los compromisos internacionales.
Este viernes, la administración nacional debe afrontar vencimientos de deuda por US$ 4.200 millones. Sin embargo -según informó el portal de Clarín- a solo 72 horas del plazo las cuentas no cerraban. Ante la escasez de divisas en las arcas del Banco Central, el Ministerio de Economía se vio obligado a sellar un acuerdo de emergencia con un grupo de bancos para obtener un préstamo directo (tipo Repo) y así evitar un incumplimiento que hubiera sido catastrófico para los mercados.
Más deuda para pagar la deuda pedida para pagar deuda...
Aunque desde los despachos oficiales se intentó transmitir calma asegurando que el pago estaba garantizado, los números del mercado cuentan una historia distinta. Según estimaciones privadas, hasta este martes el Tesoro presentaba un rojo de US$ 1.600 millones necesarios para completar el pago de los bonos emitidos en 2020.
Para cubrir este bache, el Gobierno debió recurrir a un crédito Repo, una maniobra que consiste en recibir efectivo a cambio de entregar títulos públicos como garantía. Esta decisión confirma que, tras dos años de gestión, el modelo no ha logrado generar el flujo de dólares genuinos necesario, dependiendo nuevamente del endeudamiento a corto plazo con entidades financieras para "llegar" a las fechas críticas.
Factores externos y maniobras internas
El contexto internacional no fue aliado de la Casa Rosada en esta oportunidad. La crisis política en Venezuela, tras el secuestro de Nicolás Maduro por parte de Estados Unidos, generó un clima de incertidumbre global que complicó las gestiones de último momento.
Ante este escenario, Luis Caputo debió acelerar estrategias de ingeniería financiera: Si bien el Gobierno tiene a disposición ofertas de financiamiento por hasta US$ 7.000 millones, el hecho de tener que aceptar un préstamo con tasas de interés definidas y plazos cortos -en un momento donde el BCRA ya arrastra compromisos similares contraídos en 2025- pone en duda la sostenibilidad del programa financiero.
El aviso de pago enviado a los tenedores de bonos con vencimientos a 2030, 2035 y hasta 2046 cumple con la formalidad, pero el trasfondo revela un dato inobjetable: la administración Milei sigue pedaleando la deuda con más deuda, ante la persistente sequía de dólares que el superávit fiscal por sí solo no ha podido revertir.
