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(Alta Gracia; SN) Mientras la atención pública sigue puesta en el Mundial de fútbol, el Gobierno nacional intentará este jueves conseguir en el Senado la aprobación de uno de los proyectos más controvertidos de su agenda: la denominada Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada.
La iniciativa, impulsada por el oficialismo, propone eliminar los límites que hoy existen para la compra de tierras rurales por parte de extranjeros, flexibilizar los mecanismos de desalojo, endurecer las condiciones para futuras expropiaciones y modificar la Ley de Manejo del Fuego.
Para el Gobierno, la legislación vigente representa un obstáculo para las inversiones. Para sus detractores, en cambio, la reforma abre la puerta a una mayor concentración de tierras en manos de capitales extranjeros y debilita herramientas de protección sobre recursos considerados estratégicos.
Uno de los cambios más profundos elimina las restricciones establecidas por la Ley de Tierras Rurales sancionada en 2011.
El vocero presidencial, Adrián Ravier, aseguró que esa normativa "criminalizó" la compra de tierras por parte de extranjeros y sostuvo que la reforma permitirá atraer inversiones privadas.
Sin embargo, especialistas en política territorial rechazan esa interpretación. Desde el Observatorio de Tierras de la Universidad de Buenos Aires sostienen que la ley nunca prohibió la adquisición de campos por extranjeros, sino que fijó límites para evitar una concentración excesiva en zonas consideradas sensibles.
Según ese organismo, actualmente los propietarios extranjeros controlan alrededor del 5% de las tierras rurales argentinas, mientras que la legislación vigente permite que esa participación alcance hasta el 15%. El punto en discusión es justamente la eliminación de esos topes.
Para los críticos del proyecto, el cambio no apunta solamente al mercado inmobiliario rural. Advierten que podría facilitar la adquisición de territorios donde existen reservas de agua dulce, litio, minerales críticos, petróleo, pasos fronterizos y otras áreas de alto valor estratégico.
Otro de los capítulos modifica los procedimientos judiciales para recuperar inmuebles ocupados.
La propuesta habilita que un juez pueda ordenar la restitución de una propiedad antes de que exista una sentencia definitiva cuando considere que existen elementos suficientes para hacerlo.
Tras las negociaciones parlamentarias, el texto incorporó una excepción para hogares donde vivan niños, personas con discapacidad o adultos mayores que no cuenten con otra alternativa habitacional, quienes dispondrán de un plazo adicional para abandonar el inmueble.
La reforma también limita la capacidad del Estado para avanzar con expropiaciones por razones de utilidad pública.
De aprobarse, cualquier futura expropiación requerirá compensaciones económicas más amplias e incluirá no solo el valor del bien sino también las ganancias que el propietario demuestre haber perdido. Además, el Estado deberá cancelar la totalidad de la indemnización antes de tomar posesión del inmueble.
El proyecto elimina las restricciones incorporadas tras los incendios intencionales que impedían cambiar el destino de los terrenos afectados durante décadas.
Actualmente esas limitaciones buscan desalentar la quema de campos para habilitar desarrollos inmobiliarios o ampliar la frontera agropecuaria. Con la reforma, esas prohibiciones dejarían de existir.
Organizaciones ambientalistas y sectores de la oposición consideran que esa modificación elimina uno de los principales mecanismos de prevención frente a los incendios provocados.
Hasta las últimas horas del martes, el oficialismo continuaba negociando votos para garantizar la aprobación del proyecto.
Del otro lado, Unión por la Patria buscaba reunir el número necesario para bloquear, al menos, el capítulo referido a la compra de tierras por parte de extranjeros, al considerar que compromete recursos estratégicos y profundiza un proceso de extranjerización del territorio.
La sesión de este jueves aparece abierta y con final incierto, en una discusión que trasciende el derecho de propiedad y vuelve a poner sobre la mesa el debate sobre la soberanía, el control de los recursos naturales y el modelo de desarrollo que impulsa el Gobierno nacional.
