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(Buenos Aires; SN).- El proyecto de Ley de Inviolabilidad de la Propiedad Privada será debatido este jueves 6 en el Senado, en un contexto en el que el oficialismo decidió retirar del texto el capítulo referido a la venta de tierras rurales a extranjeros para facilitar acuerdos con los sectores paraoficialistas. Sin embargo, especialistas y organizaciones sociales advierten que el resto de la iniciativa conserva cambios estructurales que podrían tener consecuencias directas sobre millones de argentinos.
La eliminación del apartado sobre la Ley de Tierras buscó descomprimir la discusión política y asegurar apoyos legislativos. Aun así, el núcleo del proyecto permanece intacto y es allí donde se concentran las principales advertencias de distintos sectores, que alertan sobre un posible retroceso en derechos vinculados al acceso a la vivienda, la protección ambiental y la intervención del Estado en políticas públicas clave.
Uno de los puntos más sensibles es la reforma del régimen de desalojos por falta de pago. El texto establece un procedimiento sumarísimo que habilita intimaciones en apenas tres días y la posibilidad de solicitar la desocupación inmediata del inmueble, con plazos judiciales reducidos.
Organizaciones de inquilinos advierten que este esquema podría debilitar seriamente el derecho de defensa de quienes atraviesen situaciones económicas transitorias, al no contemplar mecanismos efectivos para suspender el desalojo incluso si la deuda es saldada durante el proceso.
Otro eje crítico es la modificación de la Ley 27.453, que actualmente suspende los desalojos en barrios populares mientras avanza la regularización dominial.
De aprobarse el proyecto, esa protección quedaría sin efecto, lo que -según organizaciones sociales- expondría a millones de personas que aún esperan la titularización de sus viviendas. Además, se advierte que la medida traslada responsabilidades a las provincias sin garantizar recursos adicionales para sostener los procesos de urbanización.
El proyecto también introduce cambios en la Ley Nacional de Expropiaciones, endureciendo las condiciones para que el Estado pueda recuperar bienes por razones de utilidad pública.
Juristas y especialistas señalan que estas modificaciones podrían encarecer o demorar proyectos de infraestructura, limitar la expansión de servicios esenciales e incluso dificultar la continuidad de empresas recuperadas, una herramienta histórica en contextos de crisis.
En materia ambiental, la iniciativa elimina restricciones que impiden modificar el uso del suelo en áreas afectadas por incendios forestales.
Las normas vigentes fueron diseñadas para desalentar la quema intencional de bosques nativos y humedales con fines productivos o inmobiliarios. Su eliminación, según organizaciones ambientalistas, podría reabrir incentivos para prácticas que ya han generado graves daños ecológicos en distintas regiones del país.
Aunque el debate público se concentró en la eliminación del capítulo de tierras, el proyecto en su conjunto redefine el alcance de la protección de la propiedad privada y el rol del Estado en áreas sensibles. Buena parte del impacto real de la iniciativa se encuentra en estos cambios menos visibles, pero con efectos directos sobre la vida cotidiana, el acceso a la vivienda, la planificación urbana y la preservación del ambiente.
