La Justicia será feminista o no será

(Agencia Télam) El 3J es un día clave en nuestro calendario de lucha. Hace 6 años miles de mujeres en todo el país gritaron Ni Una Menos. Ante aquel hito fue imposible mirar para otro lado, al menos para la mayoría. Además, esa marea de mujeres y diversidades fueron quienes durante los años siguientes salieron a la calle para decir basta a un modelo neoliberal que venía para arrasar con nuestros derechos y las políticas de inclusión social.

Sabemos que las violencias extremas como los femicidios, travesticidios y transfemicidios son fenómenos complejos que necesitan de un Estado presente, con políticas públicas integrales a corto, mediano y largo plazo para el abordaje de las violencias.

En este sentido, la creación del Ministerio de Mujeres, Géneros y Diversidad fue una clara definición política de dotar de mayor institucionalidad a las políticas contra las violencias de género. También lo fueron el Acuerdo Federal con los y las gobernadorxs, el Consejo Federal de Prevención de Femicidios, travesticios y transfemicidios, el Plan Nacional de acción contra las violencias de género y los diversos programas que lo incluyen.

Es indispensable, como lo marcó el Presidente en la apertura de sesiones ordinarias de este año que las políticas contra las violencias sean una política de Estado, como lo fueron las de Memoria, Verdad y Justicia. Para poder lograrlo necesitamos el compromiso de todos los poderes del Estado.

Durante muchos años el feminismo popular ha profundizado la discusión respecto a la imperiosa necesidad de una reforma judicial. Esta demanda social es clave para poner fin al arcaico y patriarcal sistema de administración de justicia, entendiendo que la justicia debe ir siempre de la mano de las necesidades del pueblo.

Desde el Ministerio venimos trabajando en políticas públicas para abordar integralmente las violencias por motivos de género, pero es impostergable que el sistema judicial también comprenda la urgencia de adquirir perspectiva de género e incorpore la mirada diversa e interseccional.

Es imperioso modificar las prácticas y contar con una justicia que realmente intervenga con perspectiva de género. Es una necesidad aplicar la Ley Micaela y garantizar el desarrollo de capacitaciones en género para los y las integrantes del Poder Judicial. También lo es contar con mayor participación de mujeres en puestos jerárquicos y de toma de decisión en los Poderes Judiciales, los Ministerios Públicos y, en particular, en los órganos colegiados.

Es imperioso eliminar las dificultades que tienen a diario las personas en situación de violencia por motivos de género para acceder a la justicia. Las falencias en este sentido son múltiples y se reflejan en la falta de patrocinios jurídicos gratuitos, en los modos actuales de intervención en causas relativas a violencia por motivos de género y en la carencia de unidades fiscales especializadas para la investigación de delitos relativos a la violencia por motivos de género.

Pero también se reflejan en la necesidad de que quienes integran los sistemas de administración de justicia actúen en el ejercicio de sus funciones con una escucha empática, que no revictimicen, que tomen medidas acordes a cada caso, que generen procesos judiciales ágiles, que investiguen los hechos teniendo en cuenta los contextos de violencia de género, entre otros.

Mejorar cada una de estas instancias es una demanda urgente de la sociedad en su conjunto, un reclamo contundente en cada marcha de Ni una Menos y un compromiso que deben asumir quienes inciden a diario en el funcionamiento del sistema de administración de justicia.

La lucha de las mujeres y la comunidad LGTIB+ a lo largo de la historia ha demostrado ser un motor social que se caracteriza por discutirlo todo para transformarlo todo. Cuando decimos Reforma Judicial Feminista lo planteamos como militantes, como feministas y también como parte del Estado nacional, lugar que implica una mayor responsabilidad para escuchar las demandas colectivas y transformarlas en acciones y propuestas concretas.

(*) Secretaria de Políticas contra la Violencia por Razones de Género del Ministerio de las Mujeres, Géneros y Diversidad.