La Corte Constitucional desestimó las cautelares presentadas por los Ex legisladores de la Asamblea Nacional de Ecuador. De esta manera, queda en firme el Decreto y habrá elecciones presidenciales y legislativas en los próximos meses.
Internacionales 19 de mayo de 2023 Redacción SN
(Nodal) La Corte Constitucional (CC) no admitió las demandas de inconstitucionalidad presentadas contra el Decreto Ejecutivo mediante el cual el presidente Guillermo Lasso dictó muerte cruzada, este 18 de mayo de 2023.
Los jueces emitieron seis pronunciamientos en los que analizaron las demandas. Los tribunales a cargo decidieron por unanimidad no admitir las solicitudes en todos los casos. Eso implica además que los pedidos de medidas cautelares, mediante los cuales se esperaba que los asambleístas regresen a sus funciones, fueron rechazados.
La Corte determinó que no tienen competencia para pronunciarse respecto a la verificación y motivación de la causal de grave crisis política y conmoción interna, invocada por el presidente Lasso; así como no la tiene ninguna otra autoridad judicial en el país.
Los asambleístas destituidos fueron quienes presentaron las demandas. En declaraciones a la prensa indicaron que acatarán el pronunciamiento de la Corte Constitucional. Por ejemplo, Virgilio Saquicela, ex presidente de la Asamblea, dijo estar convencido de la inconstitucionalidad del Decreto, pero que respetará lo que diga el organismo judicial.
El Primer Mandatario se pronunció a pocos minutos de conocerse los autos: “Este Tribunal ratifica mi decisión apegada a la Constitución de la República”.
Con esa decisión, queda en firme el Decreto y habrá elecciones presidenciales y legislativas en los próximos meses. La fecha tentativa es el próximo 20 de agosto de 2023, Sin embargo, el Consejo Nacional Electoral (CNE) sesiona esta noche para definir los plazos.
Los movimientos y partidos políticos ya están en conversaciones para decidir los nuevos perfiles que participarán en la contienda de 2023. Mientras se escojan a las nuevas autoridades, el Gobierno deberá gobernar a través de Decretos-Ley, en materia económica, que pasarán por análisis de la Corte Constitucional.
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