(Nodal y Télam) Durante la mañana del 17 de mayo, El presidente de Ecuador decretó la disolución de la Asamblea Nacional luego de que el Parlamento unicameral le iniciara un proceso de juicio político, una decisión que implica el adelantamiento de las elecciones generales. En un mensaje a la nación, el conservador Lasso dijo que hizo uso de una atribución que le concede la Constitución y firmó un decreto que disuelve la Asamblea Nacional y le da poderes para gobernar seis meses por decreto desde hoy.

Lasso acusó a la Asamblea Nacional de querer "desestabilizar al Gobierno, la democracia y el Estado"; dijo que gobernará seis meses por decreto "para dar una respuesta a la crisis política que tiene entrampado al Ecuador". "Todos los esfuerzos del Poder Legislativo están enfocados en desestabilizar al Gobierno con un juicio político infundado", y agregó que la Asamblea busca "usurpar todos los poderes del Estado".

Para el presidente, de 67 años, el Parlamento unicameral está impulsado por un "sobrehumano rencor", que sus ataques al Gobierno "no tienen límites" y que nunca pudo encontrar pruebas en su contra. "Para dar una salida constitucional al Ecuador, he decidido aplicar el artículo 148 de Constitución de la República que me otorga la facultad de disolver la Asamblea Nacional por grave crisis política y conmoción interna", anunció.

La Constitución establece que en un plazo máximo de siete días después de la publicación del decreto de disolución en el Registro Oficial, el órgano electoral convocará a elecciones legislativas y presidenciales para completar el actual mandato de cuatro años. En cumplimiento de esto, Lasso dijo que había solicitado al Consejo Nacional Electoral "la convocatoria inmediata a elecciones legislativas y presidenciales para el resto de los respectivos períodos".

El presidente dijo que ya había firmado un primer decreto ley de urgencia económica para reducir impuestos, y que será enviado, como los demás que adopte, a la Corte Constitucional para su dictado.

Esta es la primera vez que un mandatario aplica la denominada "muerte cruzada", que puede ser ejercida una sola vez durante los tres primeros años del mandato. En junio de 2022, el Parlamento había intentado destituir a Lasso en medio de violentas protestas indígenas contra el alto costo de vida, pero faltaron 12 votos para sacarlo del poder.

"El Ecuador no se detiene. Los servicios públicos atenderán con normalidad. Las Fuerzas Armadas y la Policía Nacional continúan garantizando la seguridad", declaró en su mensaje, y agregó que no habrá impedimentos para la actividad del sector privado.

El gobernante se presentó ayer ante la Asamblea Nacional para defenderse de las acusaciones por supuesto peculado, en el inicio de un juicio político en su contra, el segundo desde que llegó al poder, en mayo de 2021. Según denuncias, Lasso decidió continuar con un contrato que fue firmado antes de que asumiera la presidencia, pese a que había informes de que era lesivo para el Estado. El contrato para el transporte de crudo con el grupo internacional Amazonas Tanker dejó pérdidas por más de 6 millones de dólares.

El mandatario no ha sido procesado por delito alguno en la justicia ordinaria y aseguró que presentó en 2022 una denuncia ante la Fiscalía para que investigue el caso. Hasta la instalación de la nueva Asamblea Nacional, Lasso podrá gobernar expidiendo decretos-leyes de urgencia económica, pero previo dictamen favorable de la Corte Constitucional.

Las primeras reacciones

Uno de los primeros en reaccionar a la disolución de la Asamblea fue el expresidente Rafael Correa, sentenciado por el caso Sobornos y refugiado en Bélgica. Según Correa, la aplicación de la muerte cruzada es “ilegal, porque es obvio que no existe ningún estado de conmoción interna, sino un juicio político”.

Mientras que la Conaie, otro sector de la oposición del Gobierno, señaló también en Twitter que convocan a un consejo ampliado extraordinario, donde analizarán las medidas tomadas por Lasso.