(Télam, Córdoba) Según la pesquisa, "el líder de la secta denominada 'Dimensión Cielo' habría captado, a través de las redes sociales, trasladado y acogido por lo menos a siete víctimas con fines de explotación en tres domicilios ubicados en distintas localidades de la provincia de Córdoba".

En uno de ellos, funcionaba un local denominado "Barritas y más", en el que se elaboraban productos alimenticios de panificación y viandas light; en otro funcionaba una inmobiliaria; y el tercero era la denominada "Casa de Oración", detallaron.

Al falso pastor y a tres de los imputados, el juez les trabó embargo por diez millones de pesos. El quinto imputado, en calidad de "partícipe necesario" del mismo delito, fue embargado por cinco millones de pesos.

Los hechos investigados habrían tenido lugar por lo menos desde 2017 y las víctimas "habrían sido reducidas a la servidumbre por parte de los imputados, ya que debían prestar servicios de elaboración de panadería y/o venta en la vía pública o el transporte público de los productos que fabricaban, atender en la inmobiliaria que los imputados manejaban, así como trabajar como servicio doméstico en la propia casa particular del falso pastor, cocinándole y atendiendo a sus hijos", según informó el Ministerio del Público Fiscal.

Asimismo, las víctimas residían en "condiciones de hacinamiento, con una alimentación deficiente, humillaciones y maltratos psicológicos, control de salidas y comunicaciones, y control de la sexualidad y de su vida privada en general", añadieron.

Las jornadas se extendían durante "catorce horas y no había días de descanso, a cambio de un salario ínfimo o a veces inexistente", precisaron.

Según los elementos probatorios, el falso pastor "engañaba a las víctimas a través de promesas de salvación eterna con un discurso que pretendía basarse en fundamentos de índole religiosa, relativos a la supuesta capacidad que él tenía y posiblemente también su esposa e hija menor de edad, al supuestamente comunicarse directamente con Dios, por ser los 'elegidos'", y "todo ello, habría sido posible a través del aprovechamiento de la situación de vulnerabilidad en la que se encontraban las víctimas", precisaron.

La investigación mostró que las promesas de salvación eternas del falso pastor y los demás imputados "tenían como fin la explotación laboral y la reducción a la servidumbre de sus víctimas, a las que el principal acusado incluso les imponía un nuevo nombre, agravando así aún más su despersonalización", destacaron.

El juez tuvo en cuenta uno los informes de organismos de atención a las víctimas en el que se señaló que el falso pastor "se erigiría como autoridad de culto, teniendo dominio y siendo determinante para que se cometa el delito de trata de personas con fines de explotación laboral" y que "junto a su pareja llevarían adelante el sometimiento de las víctimas todo ello con discursos peligrosos, engaños y fraude".

La causa se inició a partir de una denuncia radicada en septiembre de 2020 ante la Fiscalía Federal de San Francisco. Luego, se le sumó una presentación de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), a cargo de Alejandra Mangano y Marcelo Colombo, a raíz de la denuncia de un familiar de una de las víctimas.

En septiembre de 2020 una mujer detalló que "su hermana habría ingresado a una comunidad de fachada religiosa ubicada en una casa del Country 'Ayres del Golf' de San Francisco, donde los miembros serían explotados laboralmente en los rubros de panificación e inmobiliario".

Según la denunciante, la explotación también se producía en la capital provincial y el líder de la secta se consideraba "enviado de Dios", seguido por su esposa, a quien llamaba "la profeta", precisaron.

El 14 de mayo de 2021, el juzgado federal, en ese momento a cargo de Roque Rebak, dictó la falta de mérito de los imputados. Ante ese pronunciamiento, el MPF interpuso recurso de apelación para que esa medida fuera revocada, recordaron.

En ese marco, el 30 de mayo de 2022 la Sala A de la Cámara Federal de Apelaciones de Córdoba hizo lugar al recurso, revocó la falta de mérito dictada por el juzgado y ordenó la profundización de la investigación.

El juzgado hizo lugar al pedido realizado por la fiscal federal María Schianni, quien contó desde el inicio de la investigación con la colaboración de la Protex, en el marco del primer caso en que el Poder Judicial valida la investigación del Ministerio Público Fiscal contra una organización coercitiva en la jurisdicción, concluyeron.