
Trata de personas: las nuevas modalidades de captación y los métodos desarrollados
Ana Inés Cabral, periodista experta en este tipo de delito federal, habló con la Agencia Noticias Argentinas sobre el desarrollo y la importancia de comunicar.
El 9 de diciembre de 1985, un tribunal civil juzgó y condenó a los genocidas Jorge Rafael Videla, Roberto Eduardo Viola, Emilio Eduardo Massera, Armando Lambruschini y Orlando Ramón Agosti, quienes perpetraron crímenes de lesa humanidad y violaciones a los derechos humanos.
Derechos Humanos09 de diciembre de 2023 Redacción SN(SN; con información de Télam) El 9 de diciembre de 1985, un tribunal civil juzgó y condenó a cinco represores en el histórico juicio a los jefes de la última dictadura cívico militar, acusados de perpetrar violaciones a los derechos humanos y crímenes de lesa humanidad. Hoy, a 38 años de este hito, este artículo busca interpelar por la Memoria, la Verdad y la Justicia.
Se trata de la fecha en que la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal sentenció la perpetua de los generales Jorge Rafael Videla y Roberto Eduardo Viola; los almirantes Emilio Eduardo Massera y Armando Lambruschini; y el brigadier Orlando Ramón Agosti
Las audiencias se llevaron a cabo en la Sala de Audiencias de la Cámara Federal, presidida por un enorme crucifijo y un vitreaux con la inscripción "afianzar la justicia", donde se inició el proceso con escasos antecedentes en el mundo.
El juicio se instruyó sobre los datos relevados por la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (Conadep), creada por el entonces presidente Raúl Alfonsín el 15 de diciembre de 1983, cinco días después de asumir, y cuyo informe bajo fue entregado el 20 de septiembre del año siguiente.
La investigación de la Conadep constató en 1984-85 la desaparición de "cerca de nueve mil" personas, precisó entonces su presidente, Ernesto Sábato, en el prólogo del libro que divulgó el informe final bajo el título de "Nunca Más".
Además de recibir e investigar las denuncias de secuestros y otros crímenes de la dictadura, la Conadep aportó un modo de ordenar la acusación y las responsabilidades de la represión terrorista de Estado por centro clandestino de detención.
Este criterio de agrupamiento fue asumido por la Cámara Federal que juzgó a las Juntas y también por la Fiscalía, integrada por Julio César Strassera y Luis Moreno Ocampo, que concluyó su alegato final con la exhortación al "Nunca más".
Integraban la Cámara Federal los jueces Jorge Torlasco, Ricardo Gil Lavedra, León Carlos Arslanián, Jorge Valerga Araoz, Guillermo Ledesma y Andrés D`Alessio.
Años más tarde, en diciembre de 1990, los represores que fueron condenados en este juicio se vieron beneficiados por los indultos que dictó el ex presidente Carlos Menem y quedaron en libertad.
Sin embargo, la derogación de las leyes de Punto Final y Obediencia Debida, y la decisión de la Corte Suprema de Justicia de declararlas inconstitucionales los volvió a sentar en el banquillo de los acusados.
Durante el juicio, se escucharon numerosos testimonios y se consideraron las presentaciones de los gobiernos de Alemania, Austria, Bélgica, Canadá, Dinamarca, España, Estados Unidos, Francia, Grecia, Italia, Noruega, Países Bajos, Portugal, Reino Unido, Suecia y Suiza sobre ciudadanos de esas naciones desaparecidos en la Argentina.
Si bien algunas detenciones, como la de Videla, fueron a cadena perpetua, la detención efectiva de todos ellos fue desde el 5 de marzo de 1985 hasta que se los incluyó en el indulto dado por Carlos Menem el 29 de diciembre de 1990 a 216 militares condenados por diferentes causas.
En la sala de audiencias se tomó declaración a más de 800 personas en una sucesión de testimonios que exhibieron ante la opinión pública contornos escalofriantes de una de las etapas más oscuras en la vida del país.
Ana Inés Cabral, periodista experta en este tipo de delito federal, habló con la Agencia Noticias Argentinas sobre el desarrollo y la importancia de comunicar.
La actividad se realizó el pasado viernes 28 de marzo allí en barrio Santa Teresa, donde se reflexionó en clave de identidad e historia desde una perspectiva de género, a 49 años del último Golpe de Estado en el país.
Trabajadores del Espacio Memoria y Derechos Humanos de la ex ESMA calificaron como "pura demagogia" la desclasificación de archivos anunciada por el Gobierno y advirtieron que busca "garantizar impunidad" a los responsables de crímenes de lesa humanidad.
Internos del penal fabricaron bancos, arcos y pelotas para las canchas de fútbol en el Espacio para la Memoria Campo de La Ribera. Un gesto de reinserción y solidaridad.
Las actividades comenzaron el martes y se extienden hasta el lunes 31 de marzo, con visitas a Centros Clandestinos, conversatorios, presentación de libros y testimonios a 49 años del último Golpe de Estado en el país, que marcó la irrupción de la Dictadura Cívico-militar.
Las actividades tienen su epicentro en la ciudad de Córdoba e invitan a conmemorar un nuevo aniversario y mantener viva la memoria por el último Golpe de Estado en el país, que marcó la irrupción de la Dictadura Cívico-militar, la cual persiguió, torturó, asesinó y desapareció a más de 30 mil personas entre el 24 de marzo de 1976 hasta finales de 1983.
Pamela Romero, comerciante y veterinaria de la ciudad, denunció públicamente a la desarrollista Márquez y Asociados. Asegura haber pagado la totalidad de su vivienda en Anisacate, pero la empresa solo construyó un 15% y luego abandonó la obra.
A un día del tercer paro general convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT), las calles de Córdoba fueron escenario de una masiva movilización impulsada por gremios, organizaciones sociales, estudiantes y jubilados.
Un informe elaborado por la secretaria de la Comisión Ejecutiva, Liliana Flores, expone una serie de deficiencias estructurales y de mantenimiento en el barrio Cerritos y zonas aledañas, asegura que los reclamos no son escuchados y denuncia que el Estado no cumple con las normas que exige.
El ex candidato a jefe comunal por Acción Vecinal, Jorge, realizó un balance de las actividades desarrolladas recientemente en la localidad y cuestionó con dureza la gestión de Rubén Liendo al frente de la comuna.
El choque se produjo en la ruta S-523, donde impactaron dos automóviles y una mujer resultó lesionada.